El 31 de diciembre deberá renovarse el Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) e implica que volverán a adjudicarse por 15 años las autorizaciones que regulan la pesca de la merluza en el Mar Argentino.

Los cupos son cuotas de captura que corresponden a las empresas según lo determina la Ley 24.922 . La pesca, más que los derechos de extracción, soporta una carga impositiva y fiscal que ronda el 45% del total facturado.

“La metodología que se está utilizando está en crisis”, afirmó el doctor César Lerena a Ser Industria Radio. Explicó que existe una puja entre quienes “plantearon extranjerizar el mar y los que quieren que todo quede como está”. Pero, en las últimas semanas, se sumó un nuevo y grave hecho: la presunta denuncia de la empresa Iberconsa ante la Embajada de Estados Unidos haciendo referencia al pedido de pago de coimas por US$ 15 millones para renovar los permisos.

Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, ex secretario de Estado y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), sigue el tema con atención y alertó sobre la gravedad de esta situación que “afecta al conjunto de la pesca”.

¿La pesca de merluza es un negocio con exportación garantizada? 

Claro, se exporta más del 90% de la producción porque el mundo demanda proteína de origen pesquero. Por lo tanto, Argentina llega a los mercados más exigentes con sus productos. Acceder a una concesión es bastante interesante, más allá de que cualquier actividad empresarial tiene sus problemas. como el exceso de impuestos, de regulaciones, tributos a los reembolsos, a las exportaciones. Se deben establecer reglas destinadas a optimizar esta producción, optimizando los beneficios, no solamente para las empresas, sino también para los pueblos y ciudades del territorio regional patagónico y del sudeste de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se renuevan las licencias? 

La metodología que se está utilizando en alguna medida está en crisis. Desde un extremo, el gobierno planteó extranjerizar el mar en el proyecto original de Ley Bases que llevó al Congreso. Llevó una reforma que era un verdadero absurdo. Solamente seis o siete países bananeros aplican ese sistema, porque no tienen ningún desarrollo pesquero y no es el caso de la Argentina. En el otro extremo está, en gran medida, todo el sector pesquero empresarial y gremial, planteando que todo quede como está. Desde mi opinión profesional, entiendo que no es el mecanismo más adecuado. 

En esa tensión irrumpe la sospecha de un delito…

Entre una y otra posición, por la información publicada en medios especializados, aparecen en la escena una serie de interlocutores vinculados al gobierno, con el pretexto de que nada cambiará, pero “aclarando”  que las empresas tenían que abonar una suma del orden de los 15 millones de dólares. Eso es muy preocupante, porque en la Argentina casi todas las actividades están sospechadas, más cuando se trata de adjudicar, una cuota por 15 años. Recordemos que la pesca es un recurso del Estado, no privado, que se concesiona para su explotación, cobrando derechos de captura. Lo que resulte de esta concesión implica el mayor o menor éxito de las empresas adjudicadas. Algunas actas del Consejo Federal Pesquero, el organismo que adjudica, reflejan la tendencia que plantearon las empresas y los gremios: que todo siga como está. Entiendo que tampoco es lo más conveniente. Aquí aparece, según lo publicado, la denuncia de un intento de coima millonaria y ni los funcionarios mencionados ni el gobierno salen a desmentir o justificar alguna cuestión en su favor. Esto suma incertidumbre y más preocupación.

¿Cómo se finan las cuotas? 

Es interesante aclararlo. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), en forma anual, establece la captura máxima sostenible, el volumen que se puede capturar sin depredar. En base a ello, notifica el Consejo Federal Pesquero. Supongamos que la cuota máxima a capturar es 100. Entonces se toma al conjunto de las empresas y en función de sus capacidades, las inversiones que van a realizar, el personal que ocupan, si construyen en astilleros nacionales, etc., le otorga un porcentaje del total. A uno le puede dar el 1%, a otro 0,50%… Los requisitos están básicamente establecidos. Pero si tomamos el universo de empresas y buques y hacemos ese reparto, nos damos cuenta que tenemos una suerte de coto de caza. Porque, lo menos que hay que decir, es que habría que dejar un porcentual determinado para que puedan entrar en la actividad otros interesados, empresas nacionales que quieren invertir en el sector pesquero. También le asigno mucha importancia, a que a la hora de otorgar cuotas, se garantice que una pequeña o mediana empresa, sea sustentable. De otro modo, al corto plazo, tendrá que ir transfiriendo su cuota y sus autorizaciones a terceras empresas que tienen más capacidad, tanto operativa como comercial y se va produciendo una concentración en pocas empresas. 

¿Está permitida la cesión o alquiler de cuotas? 

Ese es otro tema. Hasta el año 98, cuando se dicta la Ley Federal de Pesca 24.922, se trabajaba bajo el sistema conocido como pesca olímpica. Es decir, se abría la pesca y todos los buques, conforme a las autorizaciones y permisos que tenían, salían al mar. Cuando el recurso había llegado a su explotación total o la máxima permisible, los barcos volvían a puerto y permanecían parados hasta la nueva temporada. En el 98 se modifica, se cuotifican algunas especies, otras todavía están en proceso de discusión técnica. Se adjudican a las empresas las especies; merluza común, hubbsi, merluza negra, que tiene un valor altísimo y  está en manos de muy pocas empresas, polaca, de cola y otra especie menos conocida, la vieira. En función de ello, las pesqueras tienen un cupo razonable en el sentido de la producción y la venta. Así las compañías pueden hacer compromisos a futuro, a sabiendas de que van a tener recursos para capturar. Las cuotas individuales y acá viene el problema, son transferibles. Es decir, que las empresas pueden transferir a terceros y creo que esta posibilidad, en estas condiciones, es errónea. 

¿Dónde radica el error?

En primer lugar, porque el recurso es del Estado. Si el empresario privado transfiere la cuota, le está transfiriendo a un tercero un bien público. Además, le quita margen para la administración adecuada del recurso, que no es solamente una cuestión de carácter económico, biológico, sino también de radicación industrial y estratégica. Por ejemplo, si yo quisiera generar una actividad industrial estratégica en la parte meridional del Atlántico Sur, diría “si usted quiere un permiso de pesca, se tiene que radicar en la Isla de los Estados, porque a mí me interesa en función de la presencia de los ingleses en Malvinas”. La pesca es también una cuestión de geopolítica. No es posible que haya empresas vendiendo productos enteros, cuando lo que deberían hacer es industrializarlos en Argentina, para agregarles valor y generar empleo. Es lo que pasa, en alguna medida, en Tierra del Fuego. 

¿Hay que replantear este negocio?

Para ser más claros, las cuotas aseguran el negocio a una empresa por 15 años y tenemos que establecer políticas pesqueras para la Argentina. Porque, conforme le dé cuota a una u otra empresa, va a ser el lugar donde se radica la mano de obra que ocupa y el valor agregado que le incorpora a la especie capturada. Actualmente el 60% de las exportaciones se hacen sin valor agregado. También hay que evitar negocios espurios. Podría darse la situación de que alguien obtenga una cuota, al sólo efecto de alquilar el buque a terceros y tener una renta o vender el permiso de pesca, que vale más que cualquier barco. Porque, en definitiva, la pesca es la disponibilidad del recurso. Este tema no puede resolverse en tres o cuatro meses, requiere de una evaluación muy profunda. Inclusive debería partir, a mi juicio, del análisis de la certeza de que los permisos, cuotas y autorizaciones, son legítimos. En 2002 hubo un informe de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde se encontraron observaciones al respecto y nunca se avanzó sobre ese trabajo. 

Hay poco tiempo para hacer cambios…

El Estado pareciera que, frente a la absurda posición inicial que planteaba extranjerizar todo el mar sin exigirle ni siquiera los desembarcos en puertos argentinos, lo cual iba a generar una verdadera crisis sectorial y laboral, ahora exige lo que establece la Ley de Pesca. Esta norma, particularmente en su artículo 27, fija los requisitos mínimos. Pensemos que hace 15 años, la cuota se adjudicó en base a una serie de antecedentes de las empresas que ya estaban pescando y presentaron los requerimientos de buques, personal ocupado, etc., que otra vez tienen que presentar para un nueva concesión. En este nuevo periodo el Estado tiene la oportunidad de optimizar esa explotación, hacer una mejor administración, contemplar la generación de empleo y agregar un mayor valor al actual.

¿Es prioridad que se esclarezca el presunto pedido de coimas que ya llegó a la justicia?

El problema no es de un par de coimeros, de algunas empresas o personas que hayan intervenido en esta cuestión. El problema es que esto afecta al conjunto de la pesca, porque hay un deterioro muy importante en la actividad que todavía se sigue considerando en algún aspecto mafiosa… Por lo tanto, no se pueden admitir dudas respecto a la forma cristalina en que se negocian las cuotas.