Los usuarios viales del Corredor Vial Integrado del Atlántico, como ya es habitual, fueron sorprendidos a fines del 2017 con un nuevo tarifazo: el costo del peaje del Corredor Vial Integrado del Atlántico aumentó hasta un 67 %.Otra suba se produjo en el cuadro tarifario de la Autopista Buenos Aires – La Plata, y de hasta el 33 % .Con sendos incrementos, un viaje ida y vuelta en automóvil desde Capital Federal a Mar del Plata cuesta -sólo en peajes- hasta $ 400.- considerando hora pico.
Sin embargo, la mayor parte de la recaudación de este régimen perverso de falso peaje o impuesto al tránsito y la circulación se gasta en el fenomenal costo operativo de las respectivas estaciones de cobro, no se destinándose al camino ni a mejorar la prestación del servicio.
Es así, que la Empresa AUBASA no cumple con la Resolución 57/17 del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se recomendó a la misma, que “dentro del Sistema Vial Integrado del Atlántico se incorporen las áreas de Atención al Usuario en ambos lados de la ruta o autovías o que, en su defecto, se prevean pasarelas seguras para peatones u otra forma de acceso a las mismas, a los efectos de resguardar la vida y la integridad física de los usuarios que circulen por ellas”.
La Resolución 57/17 del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, fue emitida en julio de 2017, a partir de un reclamo que elevó a dicha Defensoría la usuaria vial Tamara Pates en su carácter de integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). En el mismo, se denunciaba que en las estaciones de cobro de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico no existen áreas de atención al usuario y servicios complementarios en ambas manos de las autovías, careciendo también de medios seguros y razonables – puentes, pasarelas, etc. – para que el usuario posea un acceso a las instalaciones y servicios que se proporcionan únicamente de un solo lado de la calzada. Esta situación, por ejemplo, afecta a los usuarios viales del sentido descendente, como en las estaciones de peaje de San Bombombón y de General Madariaga, y del sentido ascendente, como en La Huella y Mar Chiquita, de modo tal que un turista que circule desde la zona norte de la provincia con destino hacia la costa no podrá hacer uso del estacionamiento y el baño, por ejemplo, en el Peaje de Samborombón, a menos que cruce a pie la autovía cargada de tráfico para utilizar esas áreas de servicios en la calzada contraria, acción que está prohíba por la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires debido al alto riesgo que implica para un peatón un cruce de esas características y su exposición a un siniestro vial.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires al emitir su Resolución 57/17 entendió que “corresponde contemplar la necesidad de contar con Áreas de Atención al Usuario en ambos lados de los corredores viales en cuestión o pasarela para los peatones o alguna otra forma de acceder sin poner en riesgo la vida y la integridad física de los usuarios que circulen por el sentido contrario, al lado donde se hallan los servicios a los cuales pretenden acceder”. Asimismo, recomendó al Poder Ejecutivo Nacional incorporar estos requerimientos para los usuarios viales “en rutas nacionales concesionadas, dado que la situación de carencia de servicios en ambos lados de ellas también se repite fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.
El CONADUV advierte que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de haber sido aprobada la Resolución 57/17, es lamentable que tanto el Ejecutivo Provincial y AUBASA no hayan tomado nota de las recomendaciones en torno a completar servicios que, mientras no se provean de manera adecuada, significan nada menos que la vulneración de derechos de los usuarios viales”. Hace bastante tiempo que el CONADUV denunció esta prestación de servicio deficiente y desigual, donde sólo una porción de usuarios viales dispone de acceso a sanitarios, según el sentido en el cual circulen en la autovía. También se accionó con pedidos de informes que fueron presentados y aprobados en la Legislatura bonaerense, pero recién en 2015 la Dirección de Vialidad Provincial admitió por escrito que en las cabinas de peajes de este corredor vial no existen Áreas de Atención al Usuario emplazadas a ambos lados, sin que haya forma de llegar a las mismas salvo cruzar la autovía, sorteando a pie los vehículos en circulación. Esa maniobra está prohibida por Ley, sumándose que es imposible que la realice un peatón en horas nocturnas, con poca iluminación de la calzada, o si se trata de una persona con movilidad reducida: discapacitados motores, ancianos, embarazadas, niños pequeños y adultos con bebés a upa. No obstante, en 2018 enfrentamos otro nuevo brutal tarifazo de peaje sin que ese dinero se traduzca en completar infraestructura faltante. Desafortunadamente, la reparación de derechos que implica efectivizar la Resolución 57/17 no ha sido más que ignorada por la señora Gobernadora, María Eugenia Vidal, su Ministro de Infraestructura y las respectivas autoridades de la nefasta y burocrática empresa AUBASA.
El Defensor del Pueblo bonaerense señaló en la Resolución 57/17 que “el Decreto nº 3/17 otorgó a la empresa AUBASA la concesión sobre el Corredor Vial Integrado del Atlántico. Por ende, es obligación de la empresa concesionaria proporcionar una adecuada prestación de servicio a su cargo”. Al respecto, el CONADUV aseveró que “ese corredor vial ha sido y continúa siendo un verdadero escándalo. Cuando éste estuvo concesionado por Covisur (Autovía 2) y Caminos del Atlántico (Ruta 11 y conexas), luego por Autovía del Mar S. A. (Roggio, Eduardo Eurnekian, Carlos Wagner y Cristóbal López), ellos sólo se ocuparon de la explotación; jamás de invertir en mejorar la infraestructura. Las obras de envergadura fueron pagadas con subsidios de la Provincia y por la Dirección de Vialidad Provincial. Producto de esto, hoy tenemos una autovía lamentable, con la calzada ondulada, con curvas y contracurvas, pésimas banquinas, cruces de ferrocarril, que además atraviesa poblaciones., etc. La gestión actual les rescindió esa concesión, pero jamás supimos que haya realizado auditorías y posteriores acciones contra Autovía del Mar S. A. por la forma en que inescrupulosamente estos accionistas manejaron las cuentas. Sin embargo los trabajos que se tomará a su cargo el Estado Provincial serán ejecutados por las mismas empresas incumplidoras señaladas precedentemente. En su lugar, la autovía fue puesta en manos de AUBASA, que no hizo otra cosa que aducir atraso tarifario desde su asunción hasta la fecha, cuando jamás lo hubo. Entonces hoy tenemos una pésima autovía y no una autopista, cuyo costo peaje/km es de $ 0,42, exageradamente mayor que otras como las Autopistas Rosario – Córdoba ($ 0,19) o Buenos Aires – Rosario ($0,29)”.
Meses atrás, se dio a conocer un comunicado oficial de CONADUV, el cual celebraba “la reparación histórica que el Defensor del Pueblo bonaerense ha efectuado en materia de reconocimiento a los derechos de los usuarios viales”. No obstante, frente a la continuidad de infraestructura incompleta en las estaciones de peajes por parte de AUBASA, el CONADUV concluyó que “seguramente, este año nos espere asistir a una nueva audiencia pública por nuevos incrementos en las tarifas, que al no ser vinculantes, el cuadro tarifario lo terminará aprobando el Poder Ejecutivo. Como usuarios jamás hemos avalado peajes en rutas sin caminos alternativos, que ya fueron pagadas con creces con nuestros impuestos y que cumplen la función de aduana interna. Si buscaran justificar las subas con gastos en mejoras, la Resolución 57/17 los dejará expuestos: no escucharon jamás a los usuarios viales ni al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires”.
