La diputada (MC) Elisa Carrió y los legisladores nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, denunciaron penalmente al Presidente de la Nación, Alberto Fernández; al ministro de Economía, Sergio Massa y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, “por los delitos de Incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos”.
En la presentación judicial hicieron referencia a “una organización paraestatal, impulsada desde los funcionarios denunciados, para hacer efectiva -del modo que sea y como sea- la medida de control de precios”.
Señalan que “las autoridades denunciadas, se han colocado fuera de estas y de toda norma, arrasando los límites de sus competencias funcionales y avanzando sobre un ‘acuerdo’ cuyo objetivo no es otro que la sustitución de esos mecanismos legales, por vías de hecho. Dejan en manos de grupos caracterizados por su apego al delito, como modo de hacer ejecutar sus propósitos, con explícito aval oficial.
Es así como han acordado con Pablo y Hugo Moyano, para que Oscar Borda, jefe de la rama de logística de ese gremio, encabezara el ‘operativo control’, que lleva adelante desde hace días, con otros integrantes de ese gremio. Este “acuerdo” para hacer de soporte a inspectores de esa secretaria, comporta la estructuración de un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque”.
Asimismo, la Fundación Apolo, por medio de sus integrantes José Magiocalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, denunció a Tombolini por “incumplir los deberes de funcionario público” y al titular de la Rama Logística de Camioneros, Oscar Borda y demás integrantes del gremio, al entender que estarían “usurpando funciones públicas” en el marco de las fiscalizaciones del programa “Precios Justos”.
La semana pasada, tras conocerse el índice de precios al consumidor de diciembre (5,1%), el área que conduce Tombolini anunció que se fortalecerían los controles en los supermercados para verificar el cumplimiento del programa “Precios Justos”, principal herramienta planeada por el Gobierno para detener la escalada inflacionaria.
En ese contexto, el secretario de Comercio anunció: “Junto a Pablo Moyano sumamos la colaboración de Camioneros, para para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento”. Las reacciones crecieron cuando se difundió una imagen de Moyano y Borda recorriendo un galpón el galpón de un supermercado.
El diputado Ricardo López Murphy, sostuvo que “mandar a los Moyano a vigilar supermercados es legitimar el apriete de los bloqueos y las mafias”.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), consignaron que estas tareas son “obligaciones indelegables del Estado” y que “tercerizar esa función genera mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses”.
