Con el antecedente del ejercicio 2022, que estimó una inflación tres veces menor a la real, los números de la ley presupuestaria no generan credibilidad ni confianza en la sociedad, que debe responder con su esfuerzo a los reiterados errores de la dirigencia política que la representa en el Congreso de la Nación.

Luego de los tradicionales discursos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Presupuesto 2023 que crea nuevos impuestos, contempla un 2% de crecimiento, una pauta inflacionaria del 60% y un gasto total de 29 billones de pesos. La iniciativa fue girada al Senado y se estableció que el gasto total educativo no podrá ser inferior al 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

El oficialismo no pudo imponer su intención de aumentar la retenciones agropecuarias ni de eliminar la exención del impuesto a las Ganancias que goza el Poder Judicial.

El plenario legislativo sancionó la iniciativa de gastos y recursos con un amplio apoyo en la votación en general ya que cosechó 180 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Provincias Unidas, Federal, Ser y los bloques de Juntos por el Cambio (JxC), Evolución Radical, UCR, y Encuentro Federal, que tiene como referentes a Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.

El rechazo juntó 22 votos que correspondieron a la Coalición Cívica, Republicanos Unidos, Ahora Patria, y Creo, la izquierda y las dos bancadas de derecha Avanza Libertad y Libertad Avanza, y el Pro se abstuvo con 49 sufragios.

Los números que regirán el dinero público el año próximo contemplan un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, con reducción de gastos y de subsidios y un dólar promedio de $219. Además, se estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

La sanción del proyecto se efectuó en una sesión especial que se inició a las 13.45 del martes y finalizó poco antes de las 9.30 de este miércoles, donde expusieron más de 130 oradores sobre el Presupuesto 2023 que aplicará el Gobierno en el último año de gestión del presidente Alberto Fernández.

El oficialismo pudo imponer su postura en la mayoría de los artículos, con excepción de la exención del pago de Ganancias a la Justicia, retenciones y un tema de salud.

Pero sí lo logró en el alza de cuotas que deben pagar los monotributistas de categorías alta por obra social, blanqueo de capitales, un beneficio impositivo al gremio de camionero y una tasa para seguridad portuaria.

Sobre retenciones Heller aceptó la propuesta del presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, para retirar ese artículo al señalar que “genera confusión”.

Otro punto que generó debate fueron los artículos de blanqueo de capitales con el fin de permitir la compra de viviendas usadas y de insumos y bienes de servicio con dólares de ahorro, pero el oficialismo se impuso en la votación por 127 a 118 votos.

Sobre los aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del monotributo, el FdT se impuso por 126 a 120 votos.

También impuso su criterio por 184 a 59 y 6 abstenciones en el artículo sobre pagos de deudas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por parte de distribuidoras de energía privada y estatales provinciales, y allí se eliminó la posibilidad de retener fondos a las jurisdicciones y se fijó que habrá un premio para aquellas que no tienen deudas.

El Frente de Todos consiguió mantener el artículo que autoriza al Gobierno a modificar los montos a partir del cual los trabajadores de la cuarta categoría deben pagar Ganancias sin tener que recurrir al Congreso, por 127 a 115 sufragios.

Además el FdT junto a diputados de la izquierda, algunos del Interbloque Federal y Provincias Unidas, mantuvo el artículo que beneficia al gremio de Camioneros al eximir el pago de Ganancias sobre viáticos y premios, por 129 a 120.

En el tramo final se incluyó un artículo propuesto por el Pro para que el ajuste por inflación en los balances de las empresas se aplique en forma prorrateada en tres veces, un tercio en el 2022, otro tercio en 2023, y otro en 2024, y así el Gobierno podrá contar con mayores recursos tributarios.

Además, el oficialismo retiró el artículo 115 del Presupuesto que deroga las plataformas de negociación de las “facturas de crédito electrónicas” ya que hubo pedidos de las pymes y del Gobierno para estudiar mejor el sistema.

También se aprobó una tasa sobre los pasajes de avión de $250 que se destinará a la seguridad aeroportuaria, por 123 a 122.

Otro punto significativo fue la inclusión de una cláusula por la cual, si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.

En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la Administración Gubernamental $ 1,6 billones, a Servicios de Defensa y Seguridad $ 1,2 billones, a gastos sociales $ 18 billones, servicios económicos $ 4,5 billones y a deuda pública $ 2,9 billones, lo que implica casi $ 29 billones.

Contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.