Por segunda vez en dos semanas, el gobierno de Barack Obama tuvo que aclarar en el Capitolio que “no convalida” el comportamiento financiero de la Argentina y que, lejos de eso, mantiene su rechazo a que se financie en organismos internacionales de crédito, ante la presión de legisladores que cuestionan su apoyo a la posición del país frente a los llamados “fondos buitre”.

Si hace quince días fue el secretario del Tesoro, Jack Lew, ante legisladores de la Cámara baja, esta vez, la rutina se repitió ante miembros del Senado, donde comparecieron dos funcionarios de segunda línea que fueron examinados como paso previo a asumir nuevas responsabilidades. La voz cantante en la ofensiva la llevó el ex candidato presidencial por los republicanos y hoy senador por Arizona John McCain, quien cuestionó duramente el comportamiento del gobierno de Cristina Fernández. El demócrata Robert Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, también aportó lo suyo.

El interrogatorio recayó en Mark Sobel, actual funcionario del Departamento del Tesoro y nominado como representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y Mileydi Guilarte, propuesta para la misma responsabilidad ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esencia, ambos ratificaron la posición del gobierno de Obama de rechazo a que la Argentina obtenga créditos de organismos internacionales. “Y lo seguiremos haciendo”, prometió Guilarte. Fue, sin embargo, Sobel el que soportó el cuestionamiento más duro, al tratar de explicar que, si bien Estados Unidos está “preocupado” por la posibilidad de un fallo a favor de los fondos buitre, eso no tiene que ver con la Argentina en sí, sino con los procesos de reestructuración de deuda de otros países. “Por ejemplo, pienso en Liberia y en Zaire”, dijo, al citar casos en que los fondos buitre apelan a la vía judicial para obtener pagos por encima de los acuerdos de reestructuración de deuda entre un gobierno y sus acreedores.

Si bien la administración Obama se abstuvo de presentarse espontáneamente para respaldar la posición de la Argentina ante la Corte Suprema, confirmó días atrás que lo haría en caso de que los magistrados se lo requirieran. Eso le ha traído más de un dolor de cabeza en ámbitos legislativos, donde el comportamiento financiero de nuestro país es duramente objetado. Ayer, por caso, el ex candidato presidencial republicano John Mc Cain dedicó todo su turno a cuestionar la conveniencia de respaldar la posición del país.

“¿No es acaso cierto que, pese a que la Argentina supeditó voluntariamente la emisión de sus bonos de deuda a la jurisdicción de los tribunales norteamericanos, ahora su gobierno desafía sus fallos?”, atacó el senador por Arizona.

“¿No es acaso cierto también que todas las cortes han fallado en forma consistente en contra de la Argentina, siendo el caso más notorio el de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que en forma unánime condenó al país?”, siguió McCain.

“¿No ve acaso la negativa argentina a negociar su deuda en default y el permanente litigio al que somete a inversores norteamericanos”, dijo, al abrir su turno de preguntas al aspirante al FMI.

El funcionario diferenció, una vez más, el criterio de poner freno al litigio de los holdouts de todo apoyo al “comportamiento” de nuestro país. “No convalidamos” sus acciones, expuso, en una posición que ilustró con la negativa a que el Gobierno busque financiamiento en organismos internacionales. “Por el contrario, hemos urgido a sus autoridades a que honren los compromisos con sus acreedores”, añadió. “Nuestro interés en el caso judicial concierne a un asunto más amplio que la Argentina en sí y que se vincula con la previsibilidad de los procesos de reestructuración de deuda”, insistió.

Antes del cuestionamiento de Lew y de Sobel, algo similar ocurrió con el secretario de Estado, John Kerry, quien, presionado por el republicano Mario Díaz Balart, llegó a decir que su cartera “no respaldaría” a la Argentina ante la Corte. “Definitivamente, no”, dijo Kerry, aunque luego voceros del Departamento de Estado intervinieron para matizar que esa puerta quedaba abierta en el caso de que los magistrados pidieran una opinión a la administración de Obama.