Ayer, leía un comentario muy acertado en los intercambios que tenemos habitualmente con un grupo empresarial. Alguien comentaba que el modo de resolver nuestros conflictos nos define como sociedad y la verdad es que la Argentina tiene una deuda en materia judicial. En varias ocasiones, escribimos acerca de un cambio de paradigma y hoy la realidad nos enfrenta a definir de una forma mucho más acertada y efectiva las cuestiones vinculadas a todos los procesos. Y los judiciales no están exentos. Los papeles pasan tanto tiempo archivados y la falta de resolución de los conflictos hace que estos procesos luego se tornen desmesurados e inconclusos.
En febrero de este año, la preocupación por el rumbo de la empresa Vicentín y la presentación a convocatoria de acreedores, pedido de quiebra y cesación de pagos ya era planteada por una Federación de la Provincia de Santa Fe. Ya en aquel momento se mencionaba el daño que la situación iba a provocar en la economía regional para proveedores, productores y empleados.
En enero la empresa expresaba mediante un comunicado “durante los últimos 20 años se realizaron fuertes inversiones en plantas de biodiesel, contrayendo para ello endeudamiento de distintas Instituciones, en su mayoría Internacionales. La situación económica nacional que comenzó a deteriorarse a partir de la crisis financiera del 2018, se agravó con la incertidumbre política del 2019 e imposibilitó la renovación de líneas de crédito. El retiro de los depósitos en dólares de los bancos locales y el tradicional estancamiento de nuevas financiaciones del exterior afectaron nuestras líneas de crédito. Los productores aceleraron las ventas de sus stocks frente a expectativas de alzas de retenciones, lo cual significó la desaparición del crédito comercial”.
Vicentin con 90 años en el país es, desde siempre, una empresa familiar aceitera y exportadora de granos de Avellaneda, Santa Fe. Entre las empresas del grupo están los rubros cereales y oleaginosa, desmotadoras, hilandería y tejeduría, jugo concentrado de uva, vinos, acopio y exportación de miel. Sin ir más lejos, en Reconquista está la planta frigorífica FRIAR.
Mediante decreto 552/2020 el 8 de junio, el Ejecutivo anunció la intervención de la compañía. Algunas organizaciones expresaron su preocupación por la medida arbitraria de intervención de una empresa privada haciendo hincapié en la continuidad legal del proceso preventivo de crisis. Productores de algodón de la provincia del Chaco manifestaron que la expropiación genera inseguridad jurídica en materia de inversiones de capital privado.
Un comunicado firmado por varias organizaciones vinculadas a la cadena de la soja, girasol, alfalfa, maní, algodón, legumbres, maíz, sorgo, arroz y arándanos, comunicaron su preocupación por la seguridad jurídica y las cadenas agroalimentarias.
“Vemos con preocupación una nueva intervención del estado en las cadenas agroalimentarias a través de la estatización de empresas. Los datos productivos de nuestro país hablan por sí solos. La Argentina tiene cadenas agroalimentarias eficientes y que funcionan desde hace muchísimos años en competencia y adaptándose a las exigencias de los consumidores. Proveemos alimentos de calidad a nuestra población y generamos importantes saldos exportables. Con instituciones fuertes y una producción que ha pasado en menos de 35 años de 30 a 145 millones de toneladas. Somos uno de los sectores económicos más dinámicos y eficientes del país. Eso se ha logrado gracias a un proceso de inversiones privadas, aún soportando la presión fiscal creciente y en algunos casos excesivos controles de distintos estamentos del estado”.
Por otro lado, diversas organizaciones Pymes resaltaron en un documento que la empresa “colocó en serio riesgo, por un lado, la continuidad de aproximadamente 3000 puestos de trabajo, y por otro a los casi 2000 productores agropecuarios, a quienes les adeuda la producción entregada, siendo su principal acreedor el Banco de la Nación Argentina, a quien dejó limitado en su capacidad prestable, al borde de su Responsabilidad Patrimonial Computable. Es acertada la decisión ya que le permite al Estado tener un rol testigo en el mercado agropecuario y en el mercado de divisas. Permite fijar el precio al cual se deberán ajustar las restantes exportadoras”.
Diputados santafesinos respaldaron la intervención aludiendo que es fundamental conservar los 7 mil puestos de trabajo de las ciudades de Avellaneda y Reconquista para evitar la compra extranjera de la empresa. El comercio de granos es la principal fuente de ingresos de Argentina y por ende hay que preservar ese mercado.
El Banco Nación le prestó a la empresa alrededor de 300 millones de dólares. Como bien sabemos, cualquier Pyme que se acerca a un banco para solicitar un crédito tiene que presentar innumerable cantidad de papeles que demuestren que tiene una situación financiera sólida para devolver el dinero prestado. Entonces hay que preguntarse: ¿qué sucede en la Argentina que recurrentemente se producen este tipo de irregularidades? La deuda total contraída asciende a 1300 millones de dólares.
Hay que decir que la historia de Vicentín y el Banco Nación se remonta a más de 50 años. La Unidad de Información Financiera UIF pidió ser querellante en la causa penal que investiga a los ejecutivos de Vicentin y al ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, por los créditos que recibió la cerealera en la gestión de Mauricio Macri. YPF Agro será la administradora del Fondo Fiduciario que pasarán a integrar los activos del grupo.
Para quienes conocen la relevancia de la empresa, decenas de miles de familias, pequeños emprendimientos y productores Pymes están afectados en mayor o menor medida y por ende la actividad comercial y productiva se verá seriamente golpeada.
*Por Lic. Silvia Ladino, director Pyempresa. Vocal Cámara de Comercio Argentina-Paraguay. Consultor en el área de Comercio, Industria y Comercio Exterior de la CAME.
