El Consejo de Cargadores de la República Argentina, que integran la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA), solicitó la intervención a las autoridades competentes, a raíz de los graves perjuicios que viene sufriendo la carga como consecuencia de diferentes conflictos que se han producido tanto en la Terminal del Puerto de Rosario como en otros puertos nacionales.

Entre otros hechos que están padeciendo, también referenciaron a la histórica bajante del Río Paraná, las subas del valor del peaje del Canal Martín García, la tasa a las cargas de exportación Resolución 192/2022 AGPSE y el cargo de seguridad PBIP. Compartieron el pedido la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).

En tal sentido, se cursó una nota a los ministros de Transporte y Trabajo de la Nación, al secretario de Transporte, al subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, al presidente del Consejo Portuario Argentino, al interventor de la Administración General de Puertos SE y al presidente del Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO).

En ella se explica que, producto de acciones sindicales, la actividad en la Terminal del Puerto de Rosario quedó paralizada por 48 días, provocando la inmovilización de carga y otras actividades, afectando así el normal desempeño de logística y transporte de cerca de 7.000 contenedores. Como consecuencia de lo anterior, hubo demoras que no solo afectaron el abastecimiento de insumos, sino que también generaron un aumento en los precios y costos adicionales de carácter financiero, comercial, crediticio y administrativo, que recayeron sobre las empresas cuya carga se vio afectada.

Asimismo, señala que “con mayor frecuencia y por motivos ajenos a sí misma, la carga carece de las condiciones básicas para mejorar su operatoria y bajar sus costos operativos logísticos”; de modo que los factores que obstaculizan a la carga, “se han convertido en promociones para nuestros competidores internacionales”. Ejemplo de ellos es que se ha encarecido la operación portuaria y naviera, a niveles no comparables frente al estándar regional/global, acompañando con normativas aduaneras, fiscales, laborales que potencian la ineficiencia; transfiriendo así grandes volúmenes de carga a puertos extranjeros.

En este marco y a pesar de haberse solicitado una rebaja en las tasas de carga, el sector aún no ha recibido respuesta, ni medidas de alivio por parte de las autoridades portuarias, a diferencia de los buques, los cruceros y las terminales que sí se vieron beneficiados por acciones de apoyo.

Por los motivos expuestos, las entidades solicitaron al Gobierno: en primer lugar, que se exima a los cargadores del pago de los costos extra generados por motivos ajenos a las empresas afectadas, incluyendo aquellos costos derivados de las Líneas Marítimas y la penalización por la devolución de los contenedores vacíos fuera de término; en segundo lugar, que se convoque a una instancia de articulación público-privada que permita avanzar en la revisión en las normas, decisiones y políticas que afectan la operatoria portuaria para alcanzar una sensible reducción de los costos portuarios y de mejoras en la infraestructura portuaria, vías navegables, accesos terrestres y comunicación.

Por último, las entidades se pusieron a disposición para colaborar en la resolución de los conflictos planteados.