En una nota de opinión publicada la semana pasada (“El día después, que empezó ayer”) planteaba la importancia de volver a la idea concreta del interés nacional en un contexto pandémico de crisis y oportunidad como el actual. Entre los puntos mencionados incluía una referencia al comercio exterior, particularmente la comercialización de granos, sector estratégico de la economía nacional. La decisión anunciada el lunes 8 de junio por el Presidente Alberto Fernández de intervenir y expropiar la empresa agroindustrial Vicentin se enmarca en la dirección de las medidas de carácter estructural y estratégico y constituye un primer y fundamental paso en la consolidación de un modelo de desarrollo con vocación soberana. A su vez, afirmar que el desarrollo es una categoría política no implica caer en análisis simplistas o cuasi mantras al estilo de “a expropiar mi amor” o “vamos camino a ser Argenzuela”, sino que nos obliga a tomar real dimensión de los intereses en pugna y los desafíos de gestión que se le presentan al Estado argentino en caso de ser aprobado el proyecto de expropiación que se discutiría en el Congreso Nacional. El condicional es utilizado porque las últimas noticias reflejan la apertura al diálogo por parte de la actual gestión de gobierno y la posibilidad de soluciones “superadoras”. A menos de 24 horas de la reunión del presidente con el CEO de Vicentín Gustavo Nardelli, está por verse si finalmente el proyecto de expropiación formará parte de la agenda legislativa. Más allá de las operaciones político empresariales y las incertidumbres que pueden generarse en torno a ello, lo cierto es que se incorporó a la agenda de debate público un tema trascendental sobre el que es importante detenernos para analizar sus implicancias.
¿Qué es Vicentin?
La empresa VICENTIN S.A.I.C. es una sociedad anónima cuyos inicios se remontan a finales de la década de 1920. Tiene oficinas centrales en las localidades santafecinas de Avellaneda y Reconquista y plantas de cereales y oleaginosas en esa ciudad, en San Lorenzo y en Ricardone, también en Santa Fe, corazón de la cuenca cerealera argentina. En esta provincia posee su propia terminal portuaria sobre el río Paraná donde procesa y comercializa aceite comestible. Asimismo, y a través de su planta Renova (la más grande de América del Sur), participa en la producción y comercialización de biodiesel, glicerina y aceites refinados en sociedad con Glencore (firma suiza del multimillonario Marc Rich) y Molinos Río de la Plata. En el negocio de los biocombustibles, Vicentín es un jugador de gran relevancia y creció entre 2017 y 2019 un 25% en la producción de etanol (97.010 metros cúbicos en 2019) y un 4% en la de biodiesel (163.000 metros cúbicos). También en Santa Fe (en el noreste, cerca de la ciudad de Reconquista) interviene en la actividad ganadera con feed lot (sistema de engorde intensivo) en “Los corrales de Nicanor” donde tiene 20 mil cabezas de ganado bovino.
A fines de 2002 Vicentin S.A.I.C. ingresó en el mercado de la miel por intermedio de su asociada Promiel S.R.L., expandiendo su actividad de acopio en las principales provincias argentinas productoras de miel. Toda la producción se destina a los principales mercados internacionales: Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, España, Canadá, Japón, entre otros.
Es tal la magnitud de la empresa que su presencia se extiende a las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, donde con Algodonera Avellaneda interviene en el negocio algodonero, participando de toda la cadena de valor. Es el participante número uno en la industria desmontadora de algodón nacional y uno de los principales exportadores de fibra de algodón. A su vez, posee una planta elaboradora de jugo concentrado de uva ubicada en la cuenca vinífera de San Juan; molienda uvas de bodegas sanjuaninas y mendocinas y exporta toda la producción de jugo concentrado a Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Ucrania, Sudáfrica y Australia.
Vicentin constituye así un conglomerado agroindustrial cuyo esquema de negocios incluye los rubros de: cereales y oleaginosas; desmotadoras, hilandería y tejeduría; biodiesel; jugo concentrado de uva; feed lot; vinos; acopio y exportación de miel. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la agroexportadora llegó a ubicarse el año pasado como el sexto mayor exportador de cereales, oleaginosas y sus derivados, con una participación del 9% de todo el mercado nacional y el despacho de unos 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites. Un dato adicional: la prosperidad de los negocios llevó a la familia Vicentin a ocupar el lugar 27° entre las 50 familias más ricas de Argentina según la Revista Forbes y es uno de los seis grupos vinculados al agro que ocupan ese podio, con 860 millones de dólares.
Por razones que se están investigando en la justicia, el 4 de diciembre pasado la mayor empresa nacional agroexportadora anunció públicamente a sus acreedores que se encontraba en una situación de “estrés financiero” y suspendía así el pago de sus deudas a productores, corredores de cereales, bancos nacionales y extranjeros. En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones con 2.638 acreedores, de los cuales unos 1.000 millones están contraídos con los bancos y otros 350 millones con empresas del sector agrícola. Entre los acreedores del sistema bancario argentino sobresale el Banco Nación con $ 18.000 millones de pesos y el Banco Provincia con $ 1.800 millones. El Banco de Inversión y Comercio Exterior y el Banco de la Ciudad también figuran entre los acreedores de Vicentin. En la presentación del concurso figura una deuda impositiva y aduanera de $ 1.655 millones con la AFIP, lo cual es controversial con los números tenidos en cuenta por el gobierno que sostienen que la deuda impositiva alcanza los $ 9.500 millones.
Sobre estas deudas cabe destacar un tema que resulta central en tanto es el Estado argentino quien está directamente involucrado y de ahí se desprende una de las razones de la intervención recientemente anunciada. Ello refiere al hecho de que el endeudamiento de Vicentin con el Banco Nación se duplicó entre 2015 y 2019 pasando de US$ 150 millones a más de US$ 300 millones, tomando la mayor parte de esos créditos durante el último año. En noviembre de 2019, y a días de entrar en cesación de pagos, recibió US$ 87 millones en créditos para prefinanciación de exportaciones. En fin, una deuda de dimensiones enormes y que deja, de mínima, varios interrogantes en torno a las maniobras llevadas a cabo por una empresa que fue una de las principales aportantes de la última campaña electoral de Juntos por el Cambio con aproximadamente $ 20 millones. Temas que serán objeto de investigación de la justicia y que seguramente tengan gran peso en las discusiones de las próximas semanas.
Comercio exterior, pandemia y contexto internacional
En el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández, el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti y el experto en temas agrícolas y designado interventor de Vicentin Gabriel Delgado, se recalcaron tres dimensiones estratégicas de la medida anunciada: alcanzar la soberanía alimentaria, que el Estado disponga de una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios y planificar estratégicamente el desenvolvimiento de estas áreas económicas. Estos son elementos suficientes para dar cuenta de la magnitud de la medida gubernamental ya que de concretarse la expropiación (hoy foco de operaciones políticas a favor y en contra) el Estado nacional, a través de YPF Agro, pasaría a tener presencia en un sector económico neurálgico como lo es el de las agroexportaciones.
Para tomar dimensión de ello y de los actores que operan allí cabe decir que en el año 2019 Argentina exportó por aproximadamente US$ 65.000 millones, de los cuales aproximadamente más del 50 % corresponde al sector del que es parte Vicentin, la agroexportación. La firma, por su parte, representa ventas al exterior por unos US$ 4.000 millones al año. Ese lugar de privilegio en el manejo de las divisas extranjeras otorga a este sector, fuertemente extranjerizado y casi sin intervención estatal, el poder de definir, entre otras cosas, el rumbo monetario del país. Como decíamos, las agroexportaciones representan un sector fuertemente dominado por multinacionales entre las que se destacan Cargill y Bunge (Estados Unidos), COFCO (China) y Dreyfuss (Francia), entre otras. El escenario altamente probable de quiebra de Vicentin podría determinar que dicha compañía pase a manos de sus competidores internacionales, en un proceso de mayor concentración y extranjerización de este mercado estratégico. Esto implicaría un perjuicio muy grande para la economía nacional y un escollo más en la consolidación de un modelo de desarrollo con vocación soberana. Hay que tener en cuenta además los miles de puestos de trabajo que genera la compañía y que podrían verse afectados en caso de quiebra, desguace y reparto de sus activos.
En un sistema mundo organizado en torno a centros, semi periferias y periferias, y en un contexto como el actual en donde asistimos a un reordenamiento geopolítico en el que las pujas de poder se intensifican, resulta crucial para el Estado disponer de un instrumento de intervención en un área como el comercio exterior, particularmente en su principal rubro, es decir, las agroexportaciones. Una de las debilidades estructurales de la Argentina es la dinámica cíclica resultante de ser una economía capitalista periférica y ello está fuertemente vinculado a su recurrente problema de la restricción externa, o sea, la menor capacidad que tiene una economía para generar divisas (dólares) necesarias para afrontar sus necesidades de importaciones para el consumo, la inversión, la remisión, el pago de deuda (asunto central hoy) y el atesoramiento. La restricción externa, determinada tanto por factores comerciales como financieros, pone de manifiesto los problemas estructurales de la economía argentina, la cual es básicamente exportadora de productos primarios e importadora de artículos industriales, maquinaria y equipo de producción. La decisión de intervenir y expropiar Vicentin constituye una medida sensata en un contexto como el actual y le permitiría al Estado disponer de una empresa testigo en un mercado de gran relevancia. Además, y más allá de los saldos positivos en términos macroeconómicos, abriría la posibilidad de vinculación con otros sectores económicos (a través de qué barcos exporta Vicentin podría ser una pregunta guía para pensar estrategias a futuro de fortalecimiento de la industria naval nacional y potenciación de encadenamientos productivos) y avanzar así hacia mayor complejidad productiva en el marco de una gestión que deberá ser profesional y eficiente. La magnitud de una empresa de este tipo puede permitir interrelaciones virtuosas con sectores productivos diversos que permitan modificar dinámicas de carácter estructural, un imperativo para que Argentina transite la senda del desarrollo.
Para finalizar, debemos decir que una empresa al borde de la quiebra, con deudas millonarias con el Estado nacional y en riesgo de quedar en manos extranjeras, son razones suficientes para la sensata decisión del Estado nacional de intervenir y garantizar su funcionamiento y la conservación de los puestos de trabajo. Queda por definir la forma en que el Estado se hará carago de Vicentin y la política que asuma respecto de las agroexportaciones. De lo que no deberían quedar dudas es de que la medida está lejos de ser un puntapié de expropiaciones irracionales como las críticas hiper ideologizadas afirman, sino que representa lo más básico que puede hacer un Estado si aspira a ganar márgenes de autonomía en un contexto internacional de incertidumbre como el actual y establecer así las bases de un modelo de desarrollo que defienda el interés nacional.
*Por Jesús Rodríguez. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional del Centro. Maestrando en Política y Gestión Local de la Universidad Nacional de San Martín. Miembro del Observatorio para el Desarrollo Local.
