“El empresario PyME no especula, invierte, no es un jugador financiero”, afirmó Sonia Escuder

La presidenta de la UN3F analizó el proyecto de reforma del régimen de indemnizaciones laborales.

18 junio, 2024

Con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense, el proyecto de Ley de modificación del artículo 48 del Código de Procedimiento Laboral, impulsado por dos legisladoras oficialistas. La norma dispone un fuerte aumento de las indemnizaciones por despidos y se encuentra en el Senado para su tratamiento

La posibilidad de ser sancionada provocó una fuerte y casi unánime reacción de las entidades que agrupan a las PyMEs de la provincia de Buenos Aires, que en la última semana lograron que los senadores de la oposición prometieran rechazarla.

La doctora Sonia Escuder, presidenta de la Unión Industrial de 3 de Febrero (UI3F) y del Departamento de Legislación y Política Industrial de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA),  fue una de las referentes que se reunió con los legisladores. 

Durante su participación en Ser Industria Radio, sostuvo que antes de modificar este régimen, se debe trabajar sobre la seguridad jurídica de los contratos de trabajo y establecerse condiciones de conciliación laboral obligatoria. En ese sentido, hizo referencia al SECLAS que funciona en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Asimismo, Escuder analizó el momento que atraviesa la industria en la provincia de Buenos Aires, la dimensión de la recesión y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el Senado de la Nación. Consideró que la industria  se encuentra ante un gran desafío para desarrollarse con nuevas reglas de juego.

¿Cómo  afecta la recesión a la industria de 3 de Febrero? 

Nuestra jurisdicción ocupa el cuarto o quinto lugar, a nivel industrial, de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una industria muy fuerte, principalmente metalmecánica y está sumamente golpeada porque provee sectores que en este momento arrojan los mayores índices de recesión. En consecuencia, hacemos es un trabajo de conexión,  vinculación de las empresas, muy punto a punto para ayudarlas. La labor institucional y la mirada que tenemos en los próximos meses, es acompañar a las empresas en este periodo tan complejo que estamos atravesando. 

Contener a los trabajadores en este contexto no debe ser fácil… 

Por supuesto. Creo que es el momento de unificar voces, abrir las puertas, para que se puedan proyectar estrategias de trabajo conjuntas y que las firmas puedan  apalancarse entre sí. A nivel gubernamental no estamos recibiendo ningún tipo de acompañamiento para paliar la caída del sector industrial que en algunos casos llega casi al 40%

La inflación parece acercarnos a una estabilidad. ¿Es un dato alentador para ustedes? 

No, realmente lo que percibimos es que, aunque los valores inflacionarios disminuyeron, los costos subieron para el sector y no pueden ser trasladados a precios. Entonces los industriales los están absorbiendo, bajando rentabilidades, por supuesto. Entre ellos, tuvimos un aumento de costo en servicio de gas y de energía que en algunos casos fue del 300%. Es nuestra realidad. 

¿Qué significaría para las PyMEs la modificación del régimen de indemnizaciones? 

Como sector PyME, asistimos a ese encuentro junto a otras organizaciones. Buscamos unificar la voz para hacerle saber a nuestros legisladores que no estamos en contra de recomponer una indemnización laboral. Pero entendemos que por el contexto económico del momento, no están dadas las condiciones previas y la seguridad del contrato de trabajo para aplicar este tipo de tasa para actualizar sentencias. Lo paso un poquito más en limpio. Les pedimos a los senadores que se trabaje primero en acompañar la seguridad jurídica de los contratos de trabajo y que se den condiciones viables de conciliación laboral obligatoria en el ámbito provincial. Después, agotada esa instancia, podemos llegar  a un proceso judicial donde se aplique una tasa que, en realidad, entendemos que no debe ser la que se está barajando. Sí estamos dispuestos a que se converse sobre distintos mecanismos de actualización de esos montos. Esa es la posición que nosotros venimos trasladando. El proyecto pretende aplicar una tasa de tipo financiera cuando en realidad el PyME no especula, invierte en materia prima, no es un jugador financiero. Por eso necesitamos hacerle saber a nuestros legisladores que, de actualizarse un monto, tiene que hacerse en condiciones de razonabilidad. Por eso nos oponemos al avance de esta norma

¿Quedaron conformes con la respuesta de los senadores? 

Encontramos buena recepción y nos hemos puesto a disposición. Entendimos que es el inicio de un camino que debemos recorrer aportando toda la información de base que necesiten para entender y sostener por qué debe rechazarse esta propuesta. También tuvimos la oportunidad de hablar con los bloques que han impulsado el proyecto. Les manifestamos nuestra preocupación y refutamos los fundamentos que plantean para su avance. 

El encuentro se gestó por este tema puntual. ¿Qué otros temas debería abordar la Legislatura? 

Los PyMEs bonaerenses, intentamos contactarnos, tanto entre cámaras, territoriales como sectoriales. Hemos planteado numerosas propuestas legislativas para conservar los puestos de trabajo y apuntar al crecimiento del sector industrial. Hemos trasladado proyectos en materia tributaria, que es un tema muy complejo en la Provincia. Estamos hablando de Ingresos Brutos, un impuesto regresivo que ya ha estado en la escena en numerosas oportunidades. También iniciativas sobre transporte, pero creemos que hay dos focos centrales, el tributario y el laboral, donde debemos modernizarnos y crear las condiciones que nos den competitividad frente al esquema económico que plantea el Gobierno. Si tuviésemos una apertura de importaciones, realmente necesitamos que estén dadas las condiciones tributarias y laborales debidamente actualizadas, además de resolver algunos problemas de materias primas en los cuales también tenemos que trabajar, 

Los juicios laborales duran años con perjuicios para el empleado que espera cobrar y el empresario que carga con todos los intereses cuando tiene que pagar. ¿Puede fijarse un mecanismo que acote los tiempos de decisión de los jueces? 

Respondo por partes, porque es un planteo técnico. Cuando iniciamos la conversación dije que necesitaríamos que estén dadas las condiciones previas y de seguridad jurídica. Si los contratos y la norma fuesen claros y no tuviésemos esta industria del juicio que fue creciendo tanto, no tendríamos tantos excedentes en tribunales. Las cuestiones de desvinculación serían mucho más claras. Tenemos despidos directos, pero también un gran porcentaje de indirectos, los que no hace el empleador, sino aquellos en los que el trabajador se considera despedido. Entonces entramos en la probatoria del proceso y desde el primer momento no podemos abordar una conciliación porque tenemos temas discutidos desde el origen de la extinción del contrato de trabajo. En la Provincia hay delegaciones del ministerio de Trabajo, que muchas veces no tienen el personal suficiente o hace años que no tienen firma para homologar un acuerdo y eso deriva en grandes demoras administrativas, a diferencia de lo que ocurre en Capital Federal.

¿Cómo se resuelve en CABA?

En CABA, hace muchos años, se trabaja con el formato del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLAS), con muy buenos resultados, donde hay conciliación previa. El PyMe  industrial, en su naturaleza, no quiere un conflicto laboral, no especula con el juicio ni con el tiempo del proceso. Arrancamos a la mañana queriendo escuchar la máquina golpear y producir y vamos ocupando distintas posiciones en nuestras empresas a lo largo de todo el día,  queremos resolver. Y los tribunales laborales en la Provincia también están saturados. Entonces nos encontramos con juicios de 3, 4, 5, 6, 7, 10 años. Esos intereses, de avanzar y convertirse en ley este proyecto con media sanción, los vamos a cubrir los PyMEs, con algo que no está en nuestras manos y no pudiendo prácticamente modificar nada. Reitero, no tenemos condiciones claras al momento de la extinción del contrato, ni un servicio de conciliación obligatoria. Tenemos procesos sumamente extensos y entendemos que esta industria del juicio va a especular con la aplicación de esos intereses en lugar de propiciar el rápido cobro del trabajador que fue nuestro colaborador, al cual conocemos y queremos resolverle la situación rápidamente. El PyMe no despide para cambiar una cara dentro de su fábrica. Invierte muchísimo en su trabajador y tuvimos la oportunidad de explicárselo a los senadores.  

¿Cuál es tu posición frente al RIGI? 

Es un tema complejo. Desde la UIPBA, como eslabón en la UIA, hemos presentado nuestra oposición al proyecto original del RIGI. Hicimos numerosos planteos y entendemos que varios de ellos se contemplaron en el texto aprobado.  Desde el primer momento acompañamos la posición de la UIA y el planteo para que se realicen las adaptaciones. Después veremos si han sido las suficientes.  

¿Tenés alguna expectativa de que haya una reactivación en los próximos meses? 

Cuando lo conversamos en comisión directiva, mantenemos la esperanza pero no vemos que sea a corto plazo. Hasta que no esté en funcionamiento un nuevo andamiaje tributario y podamos hacer correr la nueva normativa laboral, entendemos que quedarán por delante meses muy complejos,  pero que son un gran desafío para movernos con nuevas reglas de juego.  

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