El ministro de Agricultura remarcó la necesidad de analizar lo que sucede con las cadenas de valor.

El ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, Carlos Casamiquela dijo que el Estado no debe “permanecer ajeno” y respaldó “una eventual intervención sobre los procesos comerciales cuando entran en niveles de distorsión tan agravados como los que ocurrieron en el último tiempo en nuestro país”.

Aclaró que “no tiene sentido” la recreación de la Junta Nacional de Granos porque “es una visión del Estado diferente, sería no darnos cuenta que pasaron 20 años”, pero afirmó que “el Estado tiene y debiera tener herramientas que le permitan un grado de intervención”.

“La diferencia más chica entre lo que cobra un productor -de lo que sea- y lo que paga el consumidor está en el orden del 400 o 500%, y hemos detectado ahora diferencias del 900 o 1.000 por ciento”, detalló.

Al respecto, remarcó que “hay una distorsión y una renta que se produce que queda exagerada en algunos eslabones de la cadena, que no es normalmente lo que la cadena o ese eslabón deberían dar como rentabilidad; se apropian de rentabilidades de otros eslabones y eso lo padecen las dos puntas, el productor que normalmente no recibe un precio acorde, y el consumidor cuando va a la góndola”.

En ese sentido, explicó que “un esquema que permite ordenar esta cuestión es el programa Precios Cuidados, porque de alguna manera pone en consideración de la ciudadanía -y esta rápidamente entiende los mecanismos- precios de referencia que regulan la presencia y calidad de las otras marcas”.

Además, sostuvo que “hay un grupo de empresas de nivel intermedio que tienen mucha potencialidad y que claramente necesitan del Estado un empujón, un soporte, para que puedan subir un escalón más en su proyecto de producción y de comercialización”.

Por otra parte, el funcionario adelantó que en los próximos días se reunirá con las organizaciones que participan de la producción de trigo para analizar el desarrollo metodológico del nuevo sistema de emisión de ROE por Internet.

En el nuevo sistema, bajo un determinado volumen a definir, la autorización es automática y por encima de ese volumen habrá 72 horas para emitir el certificado.

“Esto permite ir evaluando y valorando cómo va la marcha de emisión y comercialización”, aseguró el ministro.

Consultado sobre las retenciones, consideró que “hay que trascender la discusión política sobre la existencia o no de las retenciones y sobre el monto de las retenciones”.

“Lo que habría que discutir es alguna estrategia que permita ir disminuyendo la capacidad de envío de granos sin proceso de transformación, y empezar a trabajar en un proceso de industrialización. Ese es un claro ejemplo de cómo rediscutir las retenciones”, sostuvo.

Por último, se refirió al proyecto de Ley de Semillas: “Se avanzó hasta terminar con un proyecto que anda dando vueltas y vamos a abrir un mecanismo de discusión para que todos los sectores participen nuevamente con su aporte y análisis crítico”.

Enumeró que “primero hay que analizar con mayor profundidad el tema de la participación de la agricultura familiar en el esquema de producción de semillas; segundo, hay que fortalecer con más contundencia qué significa el cuidado de los recursos genéticos de nuestro país como reserva nacional; y tercero, si pensamos en hacer una ley que dure unos cuantos años, no puede ser que no se hable de biotecnología”.

“La agricultura familiar hoy es capaz de tener una ocupación territorial, una producción de alimentos que, claramente –y desde el punto de vista político–, obliga al gobierno a estar muy atento a su desarrollo”, concluyó.