En una jornada plagada de rumores y contradicciones, el Gobierno nacional descartó la posibilidad de instrumentar incrementos en las retenciones a las exportaciones de granos y aclaró que buscará evitar un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria a causa de la fuerte suba de los precios de los commodities derivada de la invasión de Rusia a Ucrania.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que “se están estudiando una cantidad de medidas”, pero que ninguna de ellas es la suba de la retención a la producción de maíz, la soja o el trigo.

En la misma sintonía, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que “no se está contemplando un incremento en los derechos de exportaciones de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos”.

Sin embargo, los productores del agro no se confían en estas declaraciones, se mantienen en estado deliberativo e hicieron oír su descontento por el cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja, ratificado y defendido por el Presidente Alberto Fernández.

“Siempre nos hemos manifestado en contra de las actitudes unilaterales en temas tan importantes que están vinculados a precios, al abastecimiento de la alimentación saludable y sustentable y a lo que incide en la actitud del productor”, sostuvo Carlos Ianizzotto, presidente de CONINAGRO”.

Por su parte, José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, rechazó el cierre del registro del complejo industrial sojero y “a cualquier cambio en las reglas de juego y a cualquier intento de aumentar la carga impositiva que ya tiene el sector, máxime en una campaña azotada por la sequía que redujo notablemente el volumen de la cosecha”.

“Cercenar exportaciones y subir impuestos es frenar la dinámica del principal sector que provee divisas y genera empleo”, en el país.

Asimismo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que “el Gobierno sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores”. Insistió en que “el Gobierno no tiene potestad legal para incrementar los derechos de exportación porque ya no tiene las facultades que le delegó el Congreso para aumentar este tributo” y recordó que la SRA presentó un recurso de amparo en la justicia federal de Córdoba porque “hoy se está cobrando un impuesto sin sustento legal”.