Fue a través de una solicitada, en la que se expresó la voluntad de pago a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, y se renovaron las críticas al juez de neoyorquino y al mediador Daniel Pollack.
El comunicado reproduce un aviso legal dado a conocer ayer, en el marco del cual la Argentina afirma que “cumple su obligación de garantizar a los Tenedores de Deuda Argentina adherentes a los Canjes de Deuda Soberana de 2005 y 2010 (“Bonistas”) su derecho a conocer la precisa, completa y correcta información sobre el estado actual del cumplimiento de las obligaciones de la República bajo el Trust Indenture”.
En ese sentido, se da cuenta a esos acreedores “los derechos y remedios legales que los asisten; en virtud de que los fondos oportunamente depositados por la República Argentina en la cuenta del Agente Fiduciario [BNY Mellon] en el Banco Central de la República Argentina son patrimonio de su propiedad exclusiva”.
El texto reitera que se “ha realizado en tiempo y forma el pago de los importes correspondientes al vencimiento de intereses de los Nuevos Títulos emitidos en el marco de los Canjes 2005- 2010” y, “en consecuencia, no ha habido un Evento de Incumplimiento bajo los términos del Trust Indenture o de los Bonos Reestructurados”.
“La cuestión de la distribución de los fondos es un asunto diferente, que se suscita entre el Agente Fiduciario y los Bonistas, y que ha surgido luego de que la República ya ha cumplido con sus obligaciones de pago bajo el Trust Indenture y los Bonos Reestructurados”, añade más adelante el aviso legal.
Recuerda también que “como resultado de los procedimientos judiciales en curso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la causa NML Capital Ltd., et al, v. Republic of Argentina, que involucra a un pequeño número de acreedores que no participaron en los Canjes de 2005-2010, algunos de los pagos oportunamente realizados por la República Argentina aún no han llegado a las cuentas de los Bonistas que participaron de los referidos Canjes”.
La nota también reseña que “la República Argentina y ciertos Bonistas destinatarios del pago han protestado vigorosamente contra esta demora en el proceso de cobro, aunque, al momento de la presente comunicación, el cobro permanece bloqueado en la cuenta del Agente Fiduciario en la República Argentina”.
En otro punto, el gobierno argentino advierte que “las afirmaciones realizadas por la Corte de Distrito Sur de Nueva York y por el Special Master designado… en relación a una situación de incumplimiento son incorrectas e inapropiadas por la falsedad de las mismas, y exceden sus respectivas competencias”.
“El citado litigio involucra una disputa entre ciertos Fondos Buitre y la República Argentina en relación a los Bonos del Fiscal Agency Agreement de 1994, `un Título totalmente distinto a los Bonos Reestructurados emitidos bajo el Trust Indenture`”, aclara.
En ese marco, añade que “la Corte de Distrito Sur de Nueva York no tiene jurisdicción sobre los Bonos Reestructurados en 2005 y 2010, y los Bonistas Reestructurados y el BNY Mellon no son parte en el litigio NML Capital Ltd., et al, v. Republic of Argentina”.
Sobre Pollack, el mediador designado por Griesa en la causa iniciada por los fondos buitre, se advierte que “la labor del Special Master es organizar conversaciones confidenciales con y entre las partes; no publicar comunicados de prensa especulando sobre las consecuencias de un acuerdo o la falta de acuerdo”.
Por otra parte, el gobierno argentino afirma que “la tipificación `default` realizada por la International Swaps and Derivatives Association (“ISDA”) en relación a ciertos Swaps de Incumplimiento Crediticio (“CDS”) vinculados con la deuda soberana de la República Argentina, no tiene relación con los derechos de los Bonistas bajo el Trust Indenture o los Bonos Reestructurados”.
“El Contrato de Fideicomiso establece varios supuestos para el acaecimiento de un Evento de Incumplimiento, pero una tipificación por parte de la ISDA no es uno de los supuestos para considerar que se ha configurado un Evento de Incumplimiento bajo el Trust Indenture”, completa en este punto la nota firmada por el Ministerio de Economía y Finanzas que conduce Axel Kicillof.
Recuerda además que “se han realizado denuncias `tanto ante la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina (CNV) como ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (SEC) `por posibles acciones de la firma Elliot Management Corporation y sus sociedades controladas y/o vinculadas ante la presunción de existencia de conflictos de intereses”.
Esto se debe -añade- a que dicha corporación “forma parte, en su carácter de `Voting Non-dealer`, en el Comité de Determinación de Créditos Derivados de ISDA” y “persigue estrategias judiciales agresivas contra la República Argentina en el marco de la citada causa NML Capital Ltd., et al, v. Republic of Argentina, afectando la distribución de los pagos realizados en tiempo y forma…”
Otra de los motivos esgrimidos en el aviso legal es que ese fondo buitre “podría poseer CDS aplicables a los Bonos Reestructurados, los cuales han incrementado su valor en manera sustancial como resultado de la tipificación como `default` por parte de la ISDA”.
Hacia el final de la nota, se subraya que Argentina “continuará intimando al Agente Fiduciario para que cumpla las obligaciones a su cargo establecidas… e instando a la Justicia de los Estados Unidos de América a que remueva los impedimentos que actualmente interfieren con la correcta distribución de los pagos”.
Por último, la Casa Rosada les recuerda a los bonistas “que existen varios derechos `y sus consecuentes remedios judiciales` a su disposición en virtud del Trust Indenture, para el caso que el Agente Fiduciario incumpla con sus obligaciones…”.
“Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de promover activamente las otras acciones que resulten pertinentes para hacer valer sus derechos…, entre ellas la de apelar las órdenes judiciales de la Corte de Distrito Sur de Nueva York que consideren contrarias a sus intereses, o de iniciar las nuevas acciones judiciales que estimen corresponder”, concluye, y aclara que “el presente aviso no deberá interpretarse o entenderse como asesoramiento legal por parte de la República Argentina”.
