El presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowksi, trazó este miércoles con el jefe del Senado, Renán Calheiros, y los jefes de bloque, la hoja de ruta de las sesiones finales del juicio político: comenzará el 25 y terminará el 31.

La mandataria está acusada de violar la ley de responsabilidad fiscal en el manejo y aplicación de las partidas presupuestarias de 2015 y será la primera vez que oficialmente hablará ante el Senado desde que el 12 de mayo fue suspendida del cargo, con lo cual asumió su vice, Michel Temer, quien se pasó a la oposición y montó un gobierno propio.

El lunes 29 será la oportunidad de Rousseff declarar y ser sometida a un interrogatorio en calidad de acusada, debido a que el Senado funciona como tribunal.

El país, que vive la peor crisis económica de los últimos 15 años, con desempleo del 11,5% divulgado este miércoles, está en vilo porque una vez que se terminen los Juegos Olímpicos Río 2016 volverá al primer plano la vida corriente y la definición sobre la continuidad de Temer o de Rousseff, con las campañas municipales del 2 de octubre de fondo.

A una semana del inicio del juicio político, Rousseff recibió un revés en la justicia: el juez Teori Zavazski, del Supremo Tribunal Federal, que ella mismo designó, acepto anoche un pedido de la fiscalía para investigarla a ella y al ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, a dos jueces y a dos ex ministros por obstrucción de la justicia en la causa Lava Jato.

Rousseff denunció ayer un “golpe” en una carta a los senadores, pidió cerrar el juicio político porque según ella carece de delito y convocó a un plebiscito para definir nuevas elecciones y una reforma del sistema político y partidario, sobre todo porque parte de su situación está explicada en delitos de corrupción a los que se acusa a dirigentes del PT y de sus ex aliados, como el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer.

La noticia de que será investigada llegó horas después de la carta. “El pedido estaba en la mesa del juez de la corte desde mayo y fue atendido cuando Dilma dio a conocer su carta, una curiosa coincidencia”, escribió el columnista Bernardo Mello Franco, de Folha de Sao Paulo.

Desde el oficialismo y la oposición las lecturas son iguales: cada sector cree que la presencia de Rousseff será beneficiosa tanto para la acusación como para la defensa.

“Que Dilma venga al recinto es un gran acontecimiento político. Ella es una mujer fuerte que crece en la adversidad. La verdad está del lado de ella y le irá bien”, explicó Lindbergh Farias, senador del PT.

En cambio, el senador Ronaldo Caiado, el dirigente ganadero del derechistra Demócratas, hoy socio de Temer, afirmó que Dilma “deberá explicar la corrupción en su gobierno y cómo ha dejado el país en la ruina tras su paso por el gobierno”.

Caiado, cuyo partido conduce el Ministerio de Educación del interinato de Temer, llama a Rousseff “ex presidenta”.

Los augurios son negativos para la presidenta: la semana pasada el plenario del Senado aprobó por 59 votos a 21 el informe acusador contra ella por las “pedaleadas fiscales” en el presupuesto.

Entre el 30 y el 31 de agosto habrá una nueva votación, la definitiva, luego de escuchar a Rousseff, a la acusación, a la defensa y a seis testigos de cada lado, un rito que ya se cumplió en comisión pero debe repetirse en el recinto.

Con 54 votos (dos tercios de los 81 senadores), Rousseff será apartada del cargo, sus derechos políticos suspendidos por ocho años y Temer asumirá como definitivo hacia el mandato que termina el 31 de diciembre de 2018.

La propuesta sobre un plebiscito defendida por Rousseff chocó con la posición del titular del PT, Rui Falcao, que sostuvo que lo que hay que defender es el mandato hasta el final porque el país está “bajo un golpe” luego de una reelección ocurrida en octubre de 2014.

También fue rechazada por un ex aliado de Rousseff y del PMDB de Temer, Renán Calheiros, presidsente del Senado, quien sostuvo que esa salida “no está escrita en la Constitución Nacional”, en una declaración que lo acerca al gobierno interino.

Mientras tanto, dentro del PMDB y sus aliados han logrado postergar hasta setiembre la destitución por falta de decoro del dipuado Eduardo Cunha, ex presidente de la cámara baja y autor intelectual del gobierno de Temer, ya que en 2015 desde su posición trabó las iniciativas del gobierno y abrió el expediente del juicio político.

Cunha está procesado por corrupción y su salida, en setiembre, formaría parte de un acuerdo para antes destituir a Rousseff, según los analistas.

En el medio, la Operación Lava Jato afectando al nuevo gobierno interino, con las denuncias por supuestos sobornos o financiación ilegal de campañas contra Temer y el canciller Serra publicadas el fin de semana pasado por la prensa, en base a dichos del condenado empresario Marcelo Odebrecht.

Odebrecht negocia una reducción de pena a cambio de información sobre cómo su imperio de la obra pública abasteció a toda la clase política, tanto en forma legal o clandestina, una información que estará al alcance de la mano de Rousseff para trabajar por su absolución.