El proyecto de Presupuesto Nacional 2024 elaborado por el Ministerio de Economía presenta, como en años previos, notorias distorsiones. Ante todo, los supuestos macroeconómicos parecen poco relacionados con la realidad. Para 2024 se estima un crecimiento del PIB de 2,7% anual, una inflación de 69,5% y un tipo de cambio oficial de $/USD 607.

En cambio, según los pronósticos privados promedio del REM-BCRA la inflación proyectada para 2023 es de 171% anual, y la de 2024, de 122,8%. En el mismo REM-BCRA se proyecta una recesión para el año próximo de -0,7% anual. Por su parte, el dólar MEP a hoy se valúa a $/USD 709 y el CCL a 800, lejos de los valores promedio pronosticados para 2024 para un tipo de cambio oficial que sigue apreciado y con una brecha cambiaria superior a 100%.

De esta manera, el presupuesto ignora problemas serios como la inflación creciente, los múltiples tipos de cambio y la brecha cambiaria, que afectan de manera muy negativa a la producción agropecuaria y a las economías regionales, como a la producción nacional en su conjunto.

En cuanto a las exportaciones, prevé que crecerán 19,6% anual, USD 17.000 M, de la mano del mejor clima y por ende el impacto en la cosecha. Hechos que ya no se verificaron con la cosecha de trigo, muy afectada por la recurrente falta de lluvias, y que, dado el “retraso” de El Niño, complica la siembra de maíz de primera. Es decir, resultados a verificar.

Las estimaciones de ingresos tributarios, por su parte, quedan viciadas por la elevada subestimación de la inflación, con lo cual el impacto sobre los impuestos vinculados al nivel de actividad será superior, y administrado discrecionalmente por el PEN.

Es llamativo el incremento esperado en los derechos de exportación, que pasarían de 0,63% del PIB (valor impactado muy negativamente por la sequía y la temperatura récord del verano de 2023) a 1,43% del PIB, siendo casi en su totalidad aportados por el campo, en un tratamiento diferencial negativo y desigual con respecto a la presión tributaria que soportan otros sectores productivos.

En cuanto al gasto primario, apenas se estima una reducción de 0,9% del PIB. El déficit financiero (fiscal con intereses) “bajaría” de 4,4% a 2,7% del PIB. De acuerdo al informe realizado por el economista jefe de CRA, Ernesto O´Connor, esto no considera los cambios tributarios propuestos por el Ministerio de Economía y aprobados por el Congreso en setiembre pasado, donde se eliminó prácticamente el impuesto a las ganancias de personas físicas cuarta categoría, se implementaron varias devoluciones de IVA por consumo, se instrumentaron mayores transferencias sociales y se generó un nuevo anticipo de Ganancias de bancos y compañías de seguros de 2024, lo que totaliza alrededor de 2% del PIB. Es decir, en la realidad, el nuevo gobierno se enfrentará con un déficit fiscal inicial no menor a 4,5% del PIB, y una inflación de dos dígitos, en un escenario macroeconómico que se complica semana a semana, frente a la incertidumbre pre-electoral.

Un apartado final analiza el impacto de los Gastos Tributarios en el resultado fiscal, y “propone” que los diputados analicen caso por caso las exenciones impositivas, de modo de eliminarlas, para lograr un resultado fiscal positivo. Cabe destacar que es responsabilidad del Poder Ejecutivo proponer un resultado fiscal, no del Poder Legislativo.

En cuanto a exenciones asociadas al impuesto a los Bienes Personales, el texto sugiere que “el análisis de este gasto tributario, a fin de su reducción o eliminación, podría incluir otros beneficios contenidos en la ley del gravamen, tales como la dispensa que recae sobre los inmuebles rurales ubicados tanto en el país como en el exterior, que representa 0,48% del PIB”.

Desde el campo sostenemos que el país y la producción necesitan menos y no más impuestos. Que el campo ya paga impuesto inmobiliario rural en todas las provincias, además de pagar por el mantenimiento de los caminos rurales, y que no debe haber triple imposición sobre un mismo objeto de gravamen. Que la riqueza debe generar inversión, para lo cual los empresarios y productores no deben ser objeto de mayor presión tributaria. Que los derechos de exportación son una carga tributaria que debe eliminarse, que no son tributos que graven la producción en casi ningún país del mundo. Que el Presupuesto 2024 ignora el problema central de la economía, el crecimiento incesante del gasto público, en un escenario de estanflación desde 2012, donde el sector privado se achica constantemente. Que hay que reformar el Estado, en los tres niveles de gobierno, y liberar las capacidades productivas del sector privado.