Nuestro sistema de jubilación se estableció fuertemente con las leyes 18.037 y 18.038 por la cual se otorgaban los beneficios jubilatorios a los 55 años a las mujeres y a los 60 a los hombres tanto en el ámbito de los trabajadores bajo relación de dependencia como autónomos con un mínimo de 30 años de aportes efectivos demorando cerca de 12 a 15 meses en salir el trámite a quienes lo efectuaban y generalmente liquidados perjudicando a los beneficiarios, puesto que se tomaban los mejores 3 años aportados de los últimos 10 años efectivos.
Desde el año 1991 con el gobierno de Carlos Menem notaron que el sistema no cerraba, incluso con los aportes establecidos al sistema previsional por la Coparticipación Federal de Impuestos, puesto que no se podía financiar. Para ello desde 1992 en adelante preparó un proyecto de Ley de Sistema Previsional que se terminó aprobando y llevando el número de Ley 24.241 por la cual se modificó la edad jubilatoria llevándola a 60 y 65 años de edad a las mujeres y hombres, respectivamente, con un mínimo de 30 años de aportes efectivos y el cálculo del beneficio se realiza sobre el promedio de los últimos 10 años (120 meses) aportados con el agravante que permitió el ingreso de empresas aseguradoras para otorgar estos beneficios llamadas “AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)” por las cuales y llegando a lo imperante en ese momento que no era ni más ni menos que el capitalismo salvaje/sálvese quien pueda que hoy lo llamaríamos incluso como anarco-capitalismo desde los aportes individuales tanto para autónomos como para trabajadores en relación de dependencia contra el sistema de “reparto” que era administrado por la ANSeS.
A la salida de la convertibilidad en el año 2002 comenzó a evidenciarse que el sistema volvía a ser insostenible y cada vez mayor el valor de las comisiones que cobraban las AFJP de los respectivos aportes de los trabajadores y cada vez menores los montos de los beneficios que otorgaban, incluyéndose las llamadas “rentas vitalicias” para aquellos que no llegaban al total de los aportes individuales; hasta sabiendo que en la etapa de 1992 a 1994 el Gobierno de Carlos Menem comenzó a establecer una serie de moratorias previsionales a valores históricos que NUNCA reglamentó por sus adalides económicos/Ministros Cavallo y R Fernández de la cual la más importante fue la Ley 25.865
Con el transcurrir de los años desde el 2002 los trámites se agilizaron a un promedio entre 3 y 5 meses para sus cobros dándoles transparencia al sistema mostrando las armas tecnológicas respondiendo consultas desde los medios a través del Director Ejecutivo de la ANSeS en ese momento (Sergio Massa), y en 2004 viendo que era muy importante el déficit de nuestros queridos adultos mayores el Gobierno de Néstor Kirchner dispone reglamentar la Ley 25.865 dándoles la posibilidad de pagar los aportes no realizados sobretodo hasta diciembre de 2003.
Por lo tanto que se entienda, aquellos que consiguen una jubilación por moratoria no están recibiendo ningún regalo del Estado Nacional ya que están pagando los aportes no abonados –generalmente por empleadores/dueños de locales- de prestaciones efectivamente realizadas.
Estas moratorias permitieron que se llegue a una cobertura del 98% de adultos mayores con beneficios previsionales y servicios médicos prestados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados (PAMI) brindándoles una mejor calidad de vida y dignidad para el tránsito de la etapa final de sus vidas.
Hasta noviembre de 2015 se podía cubrir sin problemas el sistema porque existía un nivel de consumo del orden del 80% en nuestra economía; pero desde abril de 2016 con las subas exageradísimas de los valores de los servicios públicos que dispuso el Gobierno de Mauricio Macri llevándolos –de acuerdo a lo que establecen las leyes respectivas-a valor dólar incluso quitándoles el beneficio que brindaba el PAMI sobre medicamentos gratuitos y otras prestaciones adicionales comenzó un esquema de empobrecimiento y desigualdad que pretendieron incrementar terriblemente generando una nueva Ley de ajuste de jubilaciones que a posteriori fue nuevamente modificada desde marzo de 2020 y en abril de ese año se les devolvió el sistema de 330 principios activos (drogas) que significaban cerca de 3.300 medicamentos gratuitos para los jubilados y pensionados.
El sistema volvió a tornarse un poco más sostenible consecuencia que la actividad económica se volvía a recuperar pasando del 46% en junio 2019 a cerca del 70% a noviembre de 2023.
Desde 2016 a hoy la cantidad de trabajadores en actividad se movió entre 1.1 y 1.4 vs los 4 que necesita para ser autosuficiente y no depender de la recaudación nacional para su cobertura.
Sistema actual
A partir de enero 2024 el sistema volvió a tornarse casi inviable, consecuencia de la recesión autogenerada con la depreciación del 118% y liberación de precios dispuesta por el DNU 70/2023 junto a la Ley Bases. En cuanto a la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 concurrió esta semana el Director Ejecutivo del ANSeS comunicando: actualización de jubilaciones y pensiones será cerca del 15% vs el 18% de inflación proyectada no renovación de la moratoria previsional que vence el 24 de marzo 2025; pretender volver al sistema de rentas vitalicias bajo el nombre de Prestación de Retiro Proporcional; mantenimiento plenamente congelado el bono no remunerativo actual de $70.000 durante todo el año 2025 sin la actualización de la inflación; pidiendo que se suba la edad jubilatoria para mujeres y hombres, por igual, a los 70 años mínimamente.
Todo esto en el contexto actual asegura una, aún, mayor inviabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones consecuencia que el problema del sistema es la falta del registro de trabajadores en el sistema formal, por lo tanto con lo promulgado en la Ley Bases y la reforma laboral que se pretende realizar no solo no los va a incrementar sino que va a generar una disminución de aportantes que trae aparejada mayor quita de beneficios en prestaciones médicas y medicamentos que en conjunto le abre las puertas nuevamente al sistema de administradoras de fondos con los problemas de desigualdad que ya conocimos entre el año 1994 y 2008. Incluso hoy teniendo un FGS que disminuyó de casi equivalente a U$S 70.000 millones el 10/12/2023 a los cerca de los U$S 30.000 millones actuales.
O sea, si a los mismos problemas le aplicamos las mismas soluciones con los mismos actores de 1994 a hoy por qué vamos a tener resultados distintos. Como realmente expresaba Alberto Einstein y no el plagiador serial que guía los destinos de nuestro país –de acuerdo a la cantidad de denuncias judiciales que posee a hoy.
