El gobierno nacional informó la adopción de medidas tendientes a reducir costos y eliminar trámites burocráticos relacionados a los Registros del Automotor. En ese sentido, comunicó el cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

Además, reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas y eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

Las decisiones fueron adoptadas de acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

Otras medidas son la eliminación de la “cédula azul”. Oficialmente se dijo que a partir del corriente mes, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil, cuya vigencia “no tendrá vencimiento”.

Costos operativos

Con el mismo criterio, se determinó que los titulares de los registros seccionales “se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad”. Por su parte, el ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

También se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos. Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

Entre otras modificaciones, se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales y se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

La comunicación gubernamental concluye que “a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.

Apoyo empresario

Inmediatamente, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) emitió un comunicado donde considera “favorable” el anuncio del ministerio de Justicia de la Nación.

“La decisión de reducir trámites y costos que impactan directamente en la productividad del transporte, un sector clave para el desarrollo económico y social del país, va en el sentido en el que FADEEAC trabaja desde hace tiempo“, señaló la entidad.

Agregó que “nuestra Federación, que representa a 43 Cámaras de Transporte que nuclean a más del 80% de las PyMEs de autotransporte del país, viene cuestionando y documentando a través de presentaciones ante diferentes organismos oficiales su fundamentada oposición a la creación de arancelamientos injustificados, que surgen constantemente para obstruir el desarrollo de la actividad del autotransporte por carreteras, la única en el género de transporte que se desarrolla en libre competencia y sin subsidios de ninguna especie en la Argentina”.