Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la economía ingresó a un camino totalmente distinto al acostumbrado. Claramente se fijó la prioridad en el ordenamiento de las variables, especialmente la baja de la inflación, el achicamiento del gasto público, el corte de la emisión, la recaudación tributaria y la búsqueda del déficit cero.
En ese tránsito, se ingresó en una fuerte recesión que afecta a la actividad de las PyMEs industriales y comerciales, que redoblan sus esfuerzos para mantenerse en pie y contener a sus trabajadores. El sector emplea a más del 80% de los trabajadores argentinos.
En este contexto se conmemora el Día del Empresario Nacional, oficializado a través de la Ley 27108. La fecha refiere a la conformación de la Confederación General Económica (CGE), fundada el 16 de agosto de 1952 por José Ber Gelbard.
Alerta bonaerense
Desde la provincia de Buenos Aires, hace dos semana se reactivaron las alarmas ante la posibilidad de que se trate el proyecto de la ley de modificación del artículo 48 de la ley N° 11.653 de Indemnizaciones por despidos, que cuenta con media sanción de la cámara de Diputados.
Al respecto, el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro volvió a cuestionar la iniciativa debido a sus posibles consecuencias negativas en las relaciones laborales y en la economía. “De esta forma se decreta un masivo éxodo de PyMEs, comercios e inversiones hacia otros distritos donde el costo judicial de tener empleados sea propio del sentido común”, sostuvo.
Agregó que “no sólo pasa por los altos montos, sino porque realmente genera un mapa desproporcionado en el que la provincia de Buenos Aires fija en más de un 700% los montos indemnizatorios respecto de otros distritos como Ciudad Autónoma, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos”.
Asimismo remarcó que la iniciativa “se asemeja a alguna estrategia de la patria judicial de muchos profesionales que quieren incrementar sus honorarios y los costos judiciales”.
Apoyos
Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acompañó a la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) en su rechazo a la modificación.
“Desde CAME y otras entidades, como la Sociedad Rural y CONINAGRO, hicimos una presentación judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a los intereses abusivos que se cobran por los juicios laborales. No planteamos no pagar una indemnización, sino pagar lo que corresponde, sin intereses judiciales excesivos, y sin quitar los derechos adquiridos de los trabajadores”, expresó el presidente de la entidad, Alfredo González.
El titular de FEBA, Alberto Kahale destacó que “nosotros somos generadores de empleo genuino y estamos muy preocupados. Si se aprueba la modificación del artículo 48 nos obligará a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos dejará desamparados ante un eventual juicio laboral. En la actualidad tenemos juicios cuyos montos se multiplicaron por cuarenta en el último período. Es imposible hacerles frente. Lo que termina sucediendo es la desintegración del sector PyME y un aumento de la desocupación”.
Movilización
Asimismo, convocados por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), más de 150 empresarios PyME marcharon hasta la Casa Rosada para solicitar una Ley de Emergencia para el sector
Denunciaron que “a lo largo de los primeros seis mese de gestión del Presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo cerraron 10 mil PyMEs como resultado de la política económica de ajuste”.
Advirtieron que “la recesión se extiende al segundo semestre y pone en riesgo otras 10 mil empresas adicionales” al tiempo que pidieron “salvaguardas que mitiguen el daño que está causando Caputo y su equipo económico”.
En ese sentido el presidente de ENAC, Leo Bilanski solicitó que “Caputo deje de agredir al sector que más empleo genera, con una mano nos golpea con el ajuste y con la otro nos saquea con los impuestos mientras nos fundimos”.
