No fue DEME, fue el proceso, estúpido (como Bill Clinton en 1992).

No estamos en contra ni a favor de los hechos del gobierno. Estamos comentando la gestión e imponiendo algunos temas de la agenda de nuestro sector y además los temas oscuros del gobierno, como el proceso de la licitación de la red troncal.

Inmediatamente después de que el pliego técnico comenzó a circular en redes sociales, observamos que este proceso terminaría en un escándalo y advertimos que, con este pliego, continuarían con la contratación directa por la aparición de un cisne negro o por alguna cautelar presentada en la justicia por los interesados o por los ambientalistas. Por desgracia para todos, excepto para un grupo selecto, acertamos en nuestra previsión.

El proceso es para una obra de infraestructura que incluye dragado y balizamiento para mejorar la navegación de los buques.

Posteriormente, desde todos los sectores señalaron que el pliego estaba erróneo, por lo que no se podía seguir como si nada.

Ahora, en medio del escándalo, en lugar de ir contra el proceso, van contra la única firma que se presentó, pese al proceso, y que, si quería llevarlo a la justicia, debía participar sí o sí.

Las cuatro o cinco empresas más importantes del mundo son Jan De Nul (Bélgica), DEME (Bélgica), Van Oord (Países Bajos) y Boskalis (Países Bajos).

Si fuera cierto lo que dice el vocero del Presidente, Manuel Adorni, yo cuidaría que DEME no se vaya, porque fue la única que confió en la propuesta.

Te invito a mi fiesta y, cuando venís, te quiero meter preso. No me gustó el regalo que trajiste y es culpa tuya que no viniera nadie a mi fiesta.

La hidrovía es un tema lejano para la gente que solo piensa en que la hidrovía es solo tráfico de drogas.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reportó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a cargo de Iñaki Arreseygor, todas las observaciones que consideró importante destacar. Ahora, nuestro sector no asume la derrota, ni reconoce que estamos en manos de gente que no sabe ni conoce nada.

El éxito de una licitación como la de la hidrovía, en relación con el proceso de selección, no con sus consecuencias, se mide por el número de oferentes y el nivel de calidad, importancia y reconocimiento internacional de los mismos. Entonces, es clave la época del año en que se procede con el llamado a concurso licitatorio y cuán generoso es el plazo para reunir información, documentación y volúmenes, datos para preparar una buena propuesta, lo que habla de la transparencia y seriedad del proceso.

El solo hecho de excluir a empresas por su relación con el gobierno de algún Estado es un claro incentivo a prácticas de cartelización, afectando la competencia, la transparencia y el interés general.

Sin entrar en detalle sobre los requisitos, ya solo por lo expuesto, resulta obvio que se trata de un asunto caracterizado por su oscuridad.

Resta agregar que es un negocio muy grande, de alta competencia global. Es la licitación más grande del mundo y todas las empresas compiten fuerte, muy fuerte, porque son negocios complejos desde todo punto de vista, en donde la inexperiencia y falta de idoneidad son determinantes.

Por desgracia, la política metió la cola y la incapacidad de la gente responsable del proceso, muy poco profesionales, faltos de criterio técnico y de sentido común, hizo que se llegara a este resultado.

Era previsible el resultado y desenlace del proceso licitatorio. Ahora, el resultado es responsabilidad de las autoridades que llevaron adelante este proceso.

Es una vergüenza deslindar responsabilidades culpando a otros.

No solo la Procuraduría denunció terribles defectos, sino también muchos de nosotros.

Lanzar por 50 días fue una chicana técnica para hacer algo no transparente, con un plazo de duración de 30 años, prorrogable por otros 30. ¿Por qué tanto? Si sale mal, hay que esperar 60 años.

Tampoco está muy clara la deuda con Jan De Nul de la AGP y hay un montón de kioscos que no tienen nada que ver con el dragado y balizamiento. No se establece un organismo de control, no se garantiza seguridad en los volúmenes y falta la realización de estudios ambientales.

Inconcebible que el gobierno denuncie un fraude y delirante acusar a todos los que opinamos y, peor aún, que tampoco se hagan cargo.