Desde un servicio de catering por $35 millones hasta $1.500 millones destinados a la construcción de un museo, la gestión de José Beni al frente de la Administración General de Puertos (AGP) transformó un organismo que gozaba de buena salud financiera en uno al borde del colapso.
En este contexto, la semana pasada el gobierno de Javier Milei oficializó la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). El nuevo organismo, que centralizará las funciones que anteriormente desempeñaban la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante y la AGP, estará a cargo del ex subsecretario, Iñaki Arreseygor.
Aunque la idea de crear una Agencia Nacional no es nueva, muchos analistas consideran su implementación como “inoportuna”. Entienden que, en lugar de brindar soluciones, parece profundizar los problemas que aquejan al sector, especialmente en un contexto marcado por sospechas de corrupción y una gestión deficitaria.
El anuncio de la disolución de la AGP tomó por sorpresa a trabajadores y sindicatos, quienes denuncian falta de información y claridad sobre el futuro. En las últimas semanas, empleados del organismo recibieron mensajes, incluso por WhatsApp, informándoles la prohibición de ingreso a sus lugares de trabajo, sin explicaciones. Esto generó tensiones y reclamos judiciales, especialmente en los casos de trabajadores con medidas cautelares de reincorporación. ignoradas por las autoridades.
“Hablan de achicar el Estado, pero lo único que se ha hecho es fusionar organismos sin un análisis técnico de la plantilla laboral ni del impacto que esto tendrá en la operación portuaria”, afirmó en Ser Industria Verano, Ricardo Alonso, directivo nacional de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA).
Corrupción y déficit: el detonante de la reestructuración
Uno de los principales argumentos detrás de la creación de la nueva Agencia ha sido la necesidad de combatir la corrupción en la AGP, una problemática que, según varios sectores, viene desde hace años. Incluyen gastos injustificados en catering, mantenimiento y contratos sospechosos.
El cambio de balance de la AGP también ha sido motivo de alarma. El organismo históricamente tuvo resultados superavitarios, pero en los últimos años, especialmente tras asumir la administración de la hidrovía, se volvió deficitaria. “Sin la administración de la hidrovía, la AGP daba superávit. Con esa recaudación incluida, pasó a ser deficitaria. Esto no tiene sentido y merece una investigación seria”, señaló Alonso.
“No hay ninguna norma administrativa, de derecho administrativo, que pueda justificar una situación como esta, salvo de que se hayan gastado o dilapidado los fondos de la AGP en otras cosas”, planteó.
El gremialista indicó que a mediados de diciembre, también se conoció que “la AGP gastó $32 millones en un catering. Además, el presupuesto para convertir su histórico edificio en un museo, luego de que se pagasen $1.500 millones, se incrementó a $5.000 millones, a pesar de que menos del 10% de las obras estaban completas”.
“El que debe presentarse con la denuncia en Comodoro Py es el Estado. Tiene que hacerlo. De lo contrario, queda todo flotando y se involucra a mucha gente que no tiene nada que ver ni con las compras, ni con las licitaciones, ni con las contrataciones directas que se realizaron. Si hay corrupción lo debe definir la justicia. Y es el Estado Nacional el que tiene que acudir a la justicia, no un particular ni un sindicato”, afirmó Alonso.
La nueva Agencia
Otro aspecto que genera dudas, es la rapidez con la que se han tomado decisiones. Apenas una semana antes de anunciar la disolución de la AGP, el gobierno la había transformado en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). “En menos de siete días pasaron de un modelo a otro. Esto demuestra improvisación y falta de planificación estratégica”, dijo el dirigente de APDFA.
La medida también parece haber ignorado la opinión de los actores clave del sector. “Hubiera sido más sencillo y eficiente convocar a los sindicatos, operadores privados y otros actores relevantes para analizar la situación y buscar soluciones consensuadas. Pero el gobierno optó por medidas arbitrarias y apresuradas que solo han generado más confusión”, lamentó el sindicalista y remarcó que “desde hace cuatro años denunciamos el vaciamiento de la AGP y no nos escuchaba nadie“.
También la plantilla laboral de la AGP es motivo de cuestionamientos. A partir del 2020 la cantidad de empleados pasó de 300 a más de 500, sin que hubiera un cambio significativo en las actividades del organismo. Según denuncias sindicales, este aumento estuvo relacionado con maniobras para influir en elecciones gremiales, lo que terminó agravando el problema de sobrepoblación laboral.
Además, se contrató personal sin definir roles claros ni espacios físicos para trabajar, mientras se alquilaban oficinas en Puerto Madero a precios elevados. Estas decisiones han alimentado la percepción de una gestión desordenada y poco transparente.
Desde el gobierno, se asegura que la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación tiene el potencial de modernizar y centralizar la gestión portuaria en Argentina. Sin embargo, su implementación ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Cómo se resolverán las denuncias de corrupción? ¿Qué pasará con los trabajadores despedidos? ¿Cómo impactará esta medida en la competitividad del sector portuario?
