Recuerdan que a principio de la década casi todos los productores pequeños y medianos tenían sus campos hipotecados.
En 2014, la producción de bioetanol será de 515 mil metros cúbicos repartida en cinco plantas, y la transformación del poroto de soja en expeller y aceite ha llegado a más de 400 empresas manufactureras instaladas en diez provincias distintas. Todo ese proceso de agregado industrial de valor a los productos primarios y la prosperidad del interior del país eran inconcebibles a fines de los años noventa, con los campos hipotecados.
Diversos procesos económicos internacionales y políticas públicas generaron, en la última década, una transformación radical en la economía y permitieron por un lado industrializar el agro, y por otro aumentar los rindes y cambiar el perfil de especialización regional. Especialistas debatieron sobre las medidas y sus efectos en la economía.
Las medidas públicas han buscado potenciar los efectos positivos de los altos precios de la soja y los nuevos paquetes tecnológicos y menguar los daños colaterales sobre los pequeños productores y la desigual distribución de la renta. Algunas de las más importantes fueron el tipo de cambio alto, la pesificación asimétrica, las retenciones móviles, la política biotecnológica y diversos programas de asistencia técnica y económica.
El sector agropecuario cuando estalló la crisis había tomado créditos para adquirir los nuevos paquetes tecnológicos. En 2002, incluso con la mejora de los ingresos por la siembra al 1 a 1 y la cosecha luego de la devaluación, la morosidad del sector era del 53,7 por ciento. En 2013, por la bonanza económica la morosidad se hizo insignificante: sólo un 1% de las financiaciones del sector.
Esta mejora no sólo se debió a los mejores precios internacionales, sino también a la quita de deuda de la pesificación asimétrica, que permitió en conjunto la expansión del área sembrada, de 25,2 millones de ha sembradas en 2002-2003, a 34,6 millones de ha en 2012-2013.
Los logros más importantes fueron los 210 kg de proteína animal anual de consumo por habitante, 4,63 millones de cabezas de ganado porcino, la triplicación de la producción de aves, 105,3 millones de toneladas de producción de granos en el 2013 y exportaciones de semillas por US$300 millones.
Algunos programas específicos para el sector fueron el Prohuerta del Ministerio de Desarrollo social y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con 3,4 millones de beneficiados, programa Minifundio del INTA, destinado a 11.500 productores, y el Cambio Rural, que llegará este año a 30 mil productores.
Juan Manuel Villulla, sociólogo e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, comentó que “al principio la soja creció desplazando a otros cultivos, y en los 2000 se intensificaron los rindes en la región pampeana”.
Juan Miguel Massot, doctorado en Economía (Universidad de Buenos Aires) consideró que esto se debió a mayor productividad, y elogió las políticas de biotecnología: “Fueron acertadas en muchos aspectos, hoy el sector público y los privados nacionales generan mejoramientos de semillas, e incluso se está trabajando en modificación genética.”
Esto permitió un aumento de las exportaciones agropecuarias de US$ 16.475 millones a US$49.361 millones. Pero, al mismo tiempo resurgieron los viejos dilemas de la distribución de la renta de la tierra, que se cristalizaron en la puja por la Resolución 125 en 2007.
Por su parte, Ernesto Mattos, economista del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMOP), opinó que “hay que aumentar los derechos de exportación, que tienen un peso similar a las ganancias que pagan los trabajadores cuando deberían ser mucho más.” Villulla, en cambio, optaría por retenciones escalonadas por escala “para dividir el frente antinatural entre la Sociedad Rural y la Federación Agraria.”
En cuanto a las economías regionales, en 2013 se exportaron, por ejemplo, 312 millones litros, un 150% más que en 2003, aunque falta el agregado de valor de la materia prima. Según Massot, “los costos en dólares son altos, por lo que hay que reducir las cargas impositivas”, mientras que Mattos apuntó a la falta de inversión. Uno de los ámbitos en los que los especialistas coinciden es en la necesidad de una Ley de Semillas. “Es necesario armonizar la regulación –opinó Massot– ayudaría a las universidades. Además, hoy muchos productores son considerados infractores de la ley, y quizás no deberían serlo.”
En el único ámbito en el que los especialistas coincidieron es en el apoyo a la agricultura familiar, como la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y del Monotributo Social Agropecuario y el incentivo a la formalización del trabajo con el Estatuto del Peón Rural. Mattos, por su parte, defendió “la Reforma del Estatuto del Peón Rural, que bajó la informalidad 20 puntos porcentuales en un año y medio”.
Cupos para exportar
Una medida que se tomó sucesivamente a partir de enero de 2006 es la del Registro de Operaciones de Exportación (ROE), un instrumento de registro y monitoreo de exportaciones de distintos productos.
Los ROE rojos son aquellos que controlan las carnes, y los verdes refieren a productos agrícolas. Existe, además, un segundo objetivo relacionado con el control de las exportaciones y el abastecimiento doméstico a precios justos de productos alimentarios.
Massot opinó al respecto que “estas medidas son de corte coyuntural, por la crisis internacional, pero hay que desmantelarlas para exportar más y mejor. A la larga, esto afecta a los productores, que terminan cerrando, como en el caso del trigo.”
Mattos, en cambio, sostuvo la defensa de “la mesa de los argentinos” y refirió al control de las exportaciones “estas medidas sirven para que se pueda chequear contra la declaración qué es lo que está saliendo por el puerto. Todo lo que permita una mejor fiscalización de los grandes exportadores concentrados debe ser bienvenido.”
