El país galo era uno de los últimos europeos que todavía no había autorizado la presencia de protección privada en sus navíos para protegerlos de los piratas. España ya lo había hechoo en 2009, en medio de la alarma por el secuestro del atunero vasco “Akakrana”.

Ahora, la Asamblea Nacional, equivalente a nuestra Cámara de Diputados, aprobó de manera unánime un proyecto de ley que autoriza la presencia de guardias de seguridad privada armados a bordo de los buques en las zonas propensas a la piratería.

El texto establece que los armadores franceses pueden, como lo pidieron, utilizar agentes de empresas privadas de seguridad en áreas críticas afectadas por la piratería.

El proyecto, establece la posibilidad de suscribir un contrato comercial entre la empresa y los armadores. El Estado debe garantizar que los contratistas sean capaces de realizar esta actividad y vigilar su cumplimiento. Este dispositivo sólo se permitirá en las zonas de alto riesgo, el uso de la fuerza se limita a la autodefensa, con armas y condiciones estrictamente controladas.

Elaborada por el ministro de Transportes, Frédéric Cuvillier, la norma establece un marco “muy estricto de la actividad privada respecto a la protección de los barcos”, señaló el Consejo de Ministros en un comunicado. Se exigirá tanto a las compañías que ofrezcan esos servicios como a sus vigilantes ser titulares de un carné profesional que se obtendrá después de que se hayan verificado “criterios de moralidad y de competencia”.

El texto vino aprobado del Senado, pero como los diputados le efectuaron pequeñas modificaciones, una comisión mixta de las dos cámaras logró consensuar su articulado.

Celebración

Los armadores franceses, la organización profesional de las empresas de transporte y los servicios de transporte marítimo, celebraron la aprobación definitiva de la ley.

“La votación de este texto es, sin duda, una victoria para nuestros negocios y nuestros marinos. Es un aporte positivo para la seguridad mundial que está cada vez más amenazada. Con este proyecto de ley, tenemos nuevas razones para creer en la competitividad de la bandera francesa. Ahora esperamos que rápidamente se sancione el decreto reglamentario. Por los tiempos administrativos que se manejan, consideramos que la ley podría entrar en funcionamiento a partir de septiembre”, Raymond Vidil, presidente de Armadores de Francia.

El Gobierno francés justificó su iniciativa porque la piratería, además de las consecuencias físicas o psicológicas que tiene para los marinos, acarrea otras importantes de carácter económico para los armadores. Su impacto a nivel mundial se estima entre los u$s 7.000 y u$s 12.000 millones.

Hasta ahora, las autoridades galas ponían a disposición de los armadores militares para su protección, pero desde el gobierno admitieron que “la Marina Nacional no puede responder a todas las demandas”, y que además pueden chocar con “dificultades logísticas o con consideraciones diplomáticas”.

En los últimos años aumentaron significativamente los ataques piratas contra barcos, en particular en el Golfo de Adén, la cuenca de Somalia y el Océano Índico. Este tipo de sucesos afecta a amplias zonas marítimas, por lo que resulta difícil prevenirlos.

Los piratas reciben rescates de millones de dólares, que presuntamente se reparten entre ellos mismos, sus cabecillas y las personas que financian las operaciones. La información disponible indica que actualmente parte del dinero se reinvierte en el extranjero a través de emigrantes somalíes.

Interpol está elaborando una base de datos mundial sobre piratería marítima, gracias a la cual pronto estará en condiciones de mejorar el análisis de sus redes y ayudar a los países miembros a identificar y detener a personas destacadas de la actividad, y localizar sus activos.