La magnitud del negocio ilegal se comenzó a desentramar gracias a los puestos de control fiscal, cuando llamó la atención de los inspectores datos irregulares contenidos en las cartas de porte y el Código de Trazabilidad de Granos (CTG).

Tras varios días de investigación, se estima que esta apuesta evasora involucraría unos 200 camiones de los cuales varios están interdictados en los puestos de control fiscal hasta que aparezcan responsables del transporte y las fuerzas nacionales corroboren legalidad del vehículo.

La investigación de la DGR que se pondría en manos de la Justicia Federal de Misiones y Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, detectó venta de documentación para el transporte de granos en Chaco, las utilización de datos fiscales de terceros –generalmente pequeños productores de soja- y sociedades fantasmas que se ocupan que la mercadería llegue hasta el río Uruguay, para cruzarla por El Soberbio, Aurora, Alba Posse, Irigoyen, entre otros, en pequeñas barcazas que van y vienen a una y otra orilla portando no más de 30 bolsas en cada viaje.

En este marco, la productora citada en esta maniobra evasora, ya habría informado que nada tiene que ver con el tema y que sus datos habrían sido obtenidos de modo fraudulentos por lo cual haría una presentación en el juzgado de 3 Arroyos para desvincularse del tema.

La mayor parte de los camiones interdictados operarían para un empresario, que tendría su domicilio en Misiones, y que estaría vinculado al transporte de pasajeros y de cargas en Argentina.