El 20 noviembre de 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas, dio a conocer un documento que cambió la mirada respecto a los millones de niños y niñas alrededor del mundo.
Ese documento es la Convención sobre los Derechos del Niño y establece que toda persona hasta los 18 años de edad es reconocida como sujeto de derecho. Es decir, no son vistos como objetos de compasión sino como titulares de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Derechos reconocidos internacionalmente y que cada Estado firmante se compromete a proteger, promover y garantizar. Este tratado internacional se convierte así en el más ratificado de la historia.
Todos estos marcos y políticas que cambiaron el paradigma condujeron a valorar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, estableciendo normas, leyes y parámetros para su desarrollo integral, y posibilitando que estén en condiciones de exigir al Estado todas las políticas necesarias para garantizar su desarrollo integral, el resguardo de su integridad psicofísica y que sus voces sean escuchadas.
Ya pasaron más 30 años desde su sanción y sin embargo, hoy nos encontramos con una enorme inequidad social respecto de la niñez, desigualdad que afecta de manera directa la posibilidad de acceder al pleno ejercicio de sus derechos. Las infancias en nuestro país estan atravesando un momento dramático y las estadísticas son elocuentes.
Según datos del Informe elaborado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, publicado en el mes de mayo de 2023 por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Argentina 6 de cada 10 niños y adolescentes de hasta 17 años son pobres y no pueden acceder por completo a los alimentos, la educación y la salud necesarios.
Este número representa la realidad de 8,2 millones de chicos y chicas; mientras que el 13,1% de los niños, niñas y adolescentes vive en la indigencia. Esto quiere decir que pertenecen a hogares que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, por ende, no tienen satisfecho el mínimo de necesidades energéticas y proteicas que requiere un ser humano para vivir.
No quedan dudas que esto trae un sinnúmero de limitaciones para el acceso al conjunto de derechos que la Convención manda y que tenemos el compromiso de garantizar. Detrás de esos números hay familias enteras viviendo un presente desolador, millones de niños que en su día a día están expuestos a mayores niveles de violencia, con menor acceso a la salud y a la educación, con mayor riesgo de explotación sexual y laboral, con más riesgo de ser separados de sus familias. Son millones de niños que no tienen acceso a las condiciones mínimas para una vida digna.
Entonces nos preguntamos, ¿sin los recursos suficientes es posible generar las condiciones necesarias para la garantía y el ejercicio pleno de cada derecho de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país? Claramente, la respuesta es no.
Desde Aldeas Infantiles SOS trabajamos desde hace más de 40 años en Argentina brindando entornos protectores a niños, niñas y adolescentes fortaleciendo las capacidades de cuidado de las familias, donde la afectividad y el buen trato son garantes de contextos libres de violencia. Siempre con el objetivo de garantizar el desarrollo integral de los niños y su derecho a la convivencia familiar.
Estamos convencidos que el derecho a vivir en familia es la garantía y el puente para el acceso a todos los derechos. La familia, cualquiera sea su forma, es el lugar en donde los niños y adolescentes deben encontrar resguardo y protección, lazos afectivos que los ayuden a enfrentar la adversidad, apoyo para superar temores, orientación para transitar los enojos, empatía para ponerse en el lugar del otro, contención ante las dificultades, límites claros que potencien el desarrollo, alegría y risas compartidas, escucha atenta y abrazo contenedor. Por eso, cuando las familias no pueden proveer los recursos necesarios, materiales y simbólicos, para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, se prenden nuestras alarmas por lo que esto significa en cuanto a vulneración de derechos.
En el contexto actual, el impacto de la crisis socioeconómica se siente con más fuerza en los niños, niñas y adolescentes, para quienes las desigualdades se profundizan de manera vertiginosa y alarmante, ya que esto significa no tener acceso a condiciones y servicios básicos y elementales para su desarrollo integral. Por eso, es imprescindible que el Estado, como garante de derechos, implemente todo lo que sea necesario para que sus derechos no estén en riesgo.
Sin un presente digno para los niños y adolescentes, no habrá futuro esperanzador para nadie. Por esto, este aniversario de la Convención nos llama a la reflexión y a la acción colectiva para garantizar que todos los niños y niñas puedan ejercer sus derechos, superando las barreras impuestas por la pobreza y trabajando hacia un futuro en donde todos los niños, niñas y adolescentes puedan crecer plenos, seguros y tener una vida digna.
En este marco, reafirmamos nuestro compromiso para convocar al Estado, organismos y organizaciones dedicadas a trabajar por los derechos de las Infancias, adolescencias y juventudes, a actores principales involucrados, familias y a la sociedad en general; a comprometernos a generar mesas de diálogo, búsqueda de consensos y establecimiento de marcos legales en favor del fortalecimiento del sistema de Protección Integral.
