Thomas Griesa decidió agrandar el monto de fallo del “pari passu” y su fórmula que restringe el pago a los terceros bonistas del canje, a un total de 8.000 millones de dólares, a la vez que volvió a insistir en la necesidad de que Argentina y los fondos buitre se sienten a negociar bajo el el paraguas del mediador designado, Daniel Pollack, en lo que pareció ser un mensaje para la nueva administración que asumirá el próxima 10 de diciembre.
Griesa tomó el viernes la decisión de agrandar el fallo pari passu que obtuvieron los fondos buitre en febrero de 2012 (que inicialmente era por 1.300 millones de dólares), a otros 530 litigantes con bonos en default del 2001. Estos centenares de bonistas, conocidos como los “me too” están reunidos en 49 demandas y sus reclamos ascienden a un total de 6.150 millones de dólares. Debido a que los reclamos son actualizables, el monto total de ambos grupos, buitres y “me too” alcanza a la fecha los 8.000 millones de dólares, una cifra que no es la definitiva y que podría seguir en aumento.
“Se ordena a la República a incluir a estos demandantes bajo la clausula pari passu a través de los pagos a prorrata, en cualquier momento ésta realice o intente realizar pagos a los bonistas que ingresaron al canje” 2005 y 2010, reza la conclusión del nuevo fallo.
Con esta orden, Griesa volvió a repetir el error de aplicar una fórmula de pago “a prorrata” que fue condenada por la comunidad internacional debido a que, a raíz de un concepto rebuscado de “tratamiento igualitario”, atenta contra cualquier proceso de reestructuración de deuda futura.
Esta arbitraria fórmula fue uno de los datos que dio sustento a la creación de los “principios para reestructuración de deuda de países” en Naciones Unidas, aprobados en septiembre último.
Durante la última audiencia celebrada el 28 de octubre, Griesa se encargó de que el abogado de los fondos buitre, Robert Cohen, subrayara la definición y el alcance de la fórmula a prorrata que generó revuelo en el sistemas financiero mundial. Cohen explícitamente dijo que la Argentina no está obligada a pagar ni un centavo si no quiere; sólo si paga a los bonistas del canje, también debe pagar a porrrata a los fondos buitre y en la misma proporción.
Es decir, si Argentina tiene un cupón de vencimiento y paga 100% de ese cupón a quienes ingresaron al canje, también está obligada primero a pagar el 100% de la deuda judicial a los litigantes que ganaron el juicio. Es la famosa “deuda judicial”, y es un vencimiento que no tiene plazos ni quitas (como sí los tienen implícitamente los valores cupones de los canjes de deuda), y hoy acumula de un tirón la friolera de 8000 millones de dólares, casi la tercera partes de las reservas totales de la Argentina. A simple vista, es un criterio muy desigual de “tratamiento igualitario”.
Ahora bien, Griesa, quien le hizo remarcar a Cohen que sus decisiones fueron avaladas por la Cámara Superior, dejó claro también en la audiencia que la Argentina tiene la opción de no pagar nada a nadie, y que de esa forma no estaría violando la cláusula de prorrata del pari passu. Lo que Griesa no dijo, es que si hace eso, Argentina violaría otros contratos con terceros ajenos al juicio del siglo.
Precisamente Griesa obligó a la Argentina a encontrarse en esta situación, al menos con tenedores de bonos del canje con ley extranjera, desde que el prohibió al Bony transferirle fondos de los pagos efectuados por el Gobierno, en junio del 2014.
Ante esta situación, que pone a la Argentina entre la espada y la pared, la República tiene dos salidas. O se declara nuevamente en incumplimiento con todos los bonistas de la Argentina, incluidos los del canje (y estaría cumpliendo así con la clausula de pari passu), lo que volvería a foja cero la reestructuración de la deuda, aunque ahora con el nuevo contexto de los Nueva Principios aprobados en Naciones Unidas.
O bien se sienta a negociar con fondos buitre y los “me too”, que gozan de un fallo excepcionalmente inclinado a su favor.
Griesa no dijo nada de la primera opción, y prefirió explayarse por la segunda, instando a las partes a sentarse a negociar.
Tras haber incluido en su último fallo a los “me too”, Griesa sostuvo que lo que hay en juego ahora “son grandes cantidades de dinero”. Pero consideró que “negociaciones y acuerdos donde estuvieron involucradas grandes cantidades de dinero y cuestiones difíciles han ocurrido en el pasado”, opinó, durante la audiencia celebrada el 28 de octubre último.
Dijo que “el Tribunal, por supuesto, no puede ordenar a un acuerdo; pero quiero decir en esta sala antes de que el grupo entero aquí que la manera de resolver este litigio en última instancia, tiene que venir a través de Acuerdo”. Y prosiguió: “a menos que la República esté dispuesta y sea capaz de pagar el 100 por ciento de los juicios y de las cantidades adeudadas a los demandantes, que la República no indica que se va a hacer, entonces debe haber un acuerdo”, se explayó.
Y concluyó la exposición con párrafo de cara al advenimiento de un nuevo gobierno en la Argentina, en el que dijo que “es muy importante que las partes, incluyendo la República, participen en las negociaciones del acuerdo. Y voy a suponer que lo que pudo haber sucedido en el pasado, acerca de negarse a participar en dichas negociaciones… tengo que suponer que esa actitud ha terminado con y que las partes interesadas, todas ellas, participarán en las negociaciones de acuerdos”.
Vencida la cláusula Rufo en diciembre de 2014 que impedía a la Argentina negociar, por un lado, y dada la inminente llegada de una nueva gestión, por otro lado, estas palabras de Griesa adquieren una connotación diferente, de cuando las pronunciaba en el semestre del año pasado, a puro beneficio de sólo 13 litigantes, en su mayoría fondos buitre.
Ahora, con 543 litigantes y U$S 8000 millones sobre la mesa, si bien su foco de atención sigue siendo el comportamiento de Argentina, lo cierto es que los fondos buitre y el resto de demandantes son también los que tendrán mayores incentivos para sentarse a negociar con un gobierno que se inicia.
