El Gobierno nacional oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, cuya finalidad será estabilizar el precio del cereal en niveles prebélicos, en referencia a la invasión de Rusia a Ucrania. Al mismo tiempo, fijó un nuevo esquema de derechos de exportación a subproductos de la soja, para financiarlo.

Inmediatamente, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) rechazaron el incremento en las retenciones, al considerar que “deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional”, y consideró que “toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”.

En conferencia de prensa, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, detalló que la flamante herramienta tiene como objetivo “estabilizar el precio del trigo a valores pre bélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de la guerra y desacoplar el precio argentino de los internacionales”, cuyos valores pasaron de 25.000 a 35.000 pesos la tonelada en el mercado local.

En este sentido, marcó que dicha meta busca “tratar de cuidar a los consumidores” y que la medida “no perjudique a los productores argentinos” e informó que la instrumentación y administración correrá por cuenta exclusiva de la secretaría de Comercio Interior, que “constituirá un fondo de fideicomiso al efecto”.

Los decretos 131/22 y 132/22 dispusieron la implementación de estas medidas, en el marco de una serie de iniciativas que el Poder Ejecutivo llevará a cabo con la finalidad de combatir la inflación, en especial la referida a alimentos.

“La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno”, destaca la norma que originó dicho Fondo.

Por su pare CIARA- CEC, señalaron en un comunicado, que la decisión es ilegal ya que “el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral”, por lo que “las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho decreto”.