En los últimos meses la Hidrovía Paraguay Paraná formó parte de la agenda política como nunca antes. En base a un discurso basado en la recuperación de la soberanía, cada vez más actores que durante décadas ignoraron el tema, se sumaron al debate. Finalmente, el gobierno que encabeza Alberto Fernández, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) decidió que la Administración General de Puertos (AGP) tome el control de la vía troncal, que será administrada por el Estado.

La medida generó incertidumbre en el sector agroexportador, que utiliza la Hidrovía para enviar gran parte de su producción al mundo. Así lo explicó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro Exportador de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, que diferenció las tareas de dragado y balizamiento de las del control de las cargas. 

El dirigente manifestó en Ser Industria Radio los riesgos que podría tener tanto para las exportaciones como para las importaciones, no sólo de productos del agro, sino también de la industria automotriz, insumos médicos o minerales, si se dejara de dragar un solo día. Advirtió, además, que podrían subir los peajes y se refirió al proyecto de Ley para generar 700 mil puestos de trabajo desde la agroindustria y a la actualidad del sector aceitero.

¿Qué significa la Hidrovía para el sector cerealero argentino?

Es la red fluvial más importante y relevante que tiene Argentina con la confluencia del Río Paraguay y el Río Paraná, el lugar donde están asentados la mayoría de los puertos privados de nuestro país, con inversión 100% privada, dedicados a la exportación agroindustrial. Hay 22 puertos sobre la Hidrovía dedicados pura exclusivamente a la exportación de maíz, trigo, girasol, aceite de soja, aceite de girasol, harina de soja, biodiesel y algún otro subproducto. Ese complejo agroalimentario representa el 50% del total de las exportaciones argentinas y desde la Hidrovía, es alrededor del 80% de ese 50%. Por eso es extremadamente importante y siempre hablamos que es una autopista exportadora, pero también un canal muy importante para el 100% de la industria automotriz. Todos los vehículos que exporta la Argentina salen por la Hidrovía, así como ingresan los vehículos que usamos en nuestro país o las autopartes. Pero también el 80% de los minerales que la Argentina comercializa y casi el 100% de los insumos médicos y químicos. Por lo tanto, es el canal de conexión con el mundo, un río que se mueve todo el tiempo, tiene mucha arena, está muy activo y hay que dragarlo, balizarlo y cuidarlo como una autopista. Esto es muy complejo porque hay que conocerlo bien, hay que tener maquinaria muy sofisticada, mucha tecnología.

Hoy hay una empresa concesionaria que distintos gobiernos, de distintos tintes políticos, han autorizado a seguir trabajando. El Estado inicialmente puso algún subsidio, pero después del año 2000 en adelante fue administrado a través de inversión privada y una tarifa que pagamos los usuarios por toneladas comercializadas transportadas por la Hidrovía y eso mantiene los canales en buenas condiciones, más aún en la situación actual que estamos en una bajante del Río Paraná de las más duras de la historia, 18 centímetros máximo de profundidad en la ciudad de Rosario. Es muy triste lo que estamos viendo en este momento y los canales son el único lugar donde puede haber circulación de estos barcos, si son dragados y cuidados.

¿Cómo recibieron la decisión de que el Estado se haga cargo?

Primero hay muchos debates públicos sobre el tema. La verdad es que cuando hay debates públicos y políticos en general nos olvidamos de la verdadera razón económico-comercial que tiene la Hidrovía como canal de salida al mundo y ese debate genera confusión o cierta desinformación. El gobierno tiene sobre sus manos, desde que inició en diciembre de 2019, la carpeta para convocar a una licitación internacional, transparente.  El anterior ministro de Transporte, Mario Meoni, había hecho un acuerdo con la OCDE, que es un organismo internacional muy serio a nivel mundial, para que velara por la transparencia de la licitación. Hay que remarcar que se trata de la licitación más importante de América Latina porque tiene un valor aproximado de inversión empresarial de 3.500 millones de dólares. El gobierno tuvo una serie de dudas y finalmente le trasladó desde el ministerio de Transporte a la Administración General del Puerto (AGP) la administración de la concesión de la Hidrovía.

Ahora la AGP debe concretar un pliego de condiciones para una concesión de corto plazo, 12 meses. Por eso decimos que estamos en una situación de precariedad, no sabemos qué puede pasar dentro de unos meses y no dragar un día el río es un problema severo porque no pueden ingresar y ni egresar barcos. Ya lo vimos en el Canal de Suez hace unos meses atrás, fue un problema mundial que generó una caída del Producto Bruto Mundial. Lo mismo le puede pasar a la Argentina si un sólo día no hay navegabilidad. Entonces, lo que decimos nosotros, es que primero mantengamos al concesionario actual hasta que haya una nueva licitación transparente, seria, profesional, etcétera, a través de la AGP, que gane el mejor. Y que además tratemos de buscar la tarifa más competitiva posible, es decir la menor tarifa, porque a la Argentina le interesa exportar con más valor y para eso necesita una tarifa más baja e importar barato. Si subimos la tarifa, van a valer más caros los autos, los medicamentos, así como nuestros productos. Entonces perdemos todos y el Estado también.

¿Cree que el Gobierno está planeando aumentar las tarifas?

La verdad es que hay incertidumbre, por eso hablamos de este concepto de precariedad. Por un lado, el Estado dice “voy a cobrar yo”. Si cobra, tiene que generar un mecanismo burocrático de cobranza, un sistema de recepción donde todo lo que va al Estado va a una sola cuenta del Tesoro nacional y el Tesoro tiene un concepto de administración, no por el que genera el recurso, sino porque el que pide más es el que recibe el recurso. Podría pasar perfectamente que paguemos una tarifa y con esos dólares el Estado decide pagar otra cosa y no al concesionario. Si no va al concesionario, lo que sucedería es que el concesionario tiene que cubrir su costo financiero y ante esto va a aumentar la tarifa hasta tanto cobre y eso genera un efecto en los costos. Los ejemplos son muchos, pero pensemos en el SENASA que es un organismo público muy importante para el país, porque no solamente vela por la inocuidad y sanidad en Argentina, sino por todo lo que exportamos. El SENASA recauda en tasas que pagamos todos los usuarios 8500 millones de dólares por año y sólo recibe del Tesoro, en devolución de esas tasas, 3.500 millones de dólares. Está desfinanciado todo el tiempo. La Hidrovía no puede tener un solo día de desfinanciamiento.

Luego de difundirse el DNU, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, declaró que “ahora se garantiza de que no haya contrabando ni filtraciones, que también que se pueda hacer una cadena más limpia de la trazabilidad de los productos”. ¿Esto no es controlado a través de la Aduana y Prefectura?

Son justificaciones de decisiones políticas que están muy alejadas de la realidad. Cada puerto en nuestro país tiene una oficina permanente de SENASA, una oficina permanente de la Aduana, AFIP y Prefectura, en todos los puertos granarios de Argentina es así. Cada barcaza que viene de Paraguay tiene tres puntos de control: en la entrada al territorio argentino, a medio término y a último lugar y hay un seguimiento de GPS. Si hay contrabando no es en granos. Pero, además, si hay contrabando y el Estado lo sabe, es el único que lo puede controlar y penalizar. Pero dragar la Hidrovía no tiene nada que ver con lo que pasa sobre la Hidrovía. Dragarla es ir al lecho, al fondo del agua y tratar de balizarla, no tiene nada que ver una cosa con la otra.

Usted integra el Consejo Agroindustrial Argentino que hace algunos meses presentó un proyecto de Ley para generar inversiones en el sector y puestos de trabajo ¿Por qué se ha detenido la iniciativa?

Es una buena pregunta. Nosotros estamos convencidos que la Argentina necesita promover trabajo, es la salida a la reactivación que necesitamos. La agroindustria tiene un potencial enorme, porque tiene tres características. La primera, su carácter federal, está presente en todas las provincias con distintos productos. El Consejo representa 64 sectores agroindustriales del país, desde el forestal en Misiones, el pesquero en el sur argentino, el sector lanero, el del algodón, frutas, hortalizas, carnes, lácteos, etcétera. 

El segundo aspecto es la inclusión, esto implica que productores pequeños, medianos, grandes, cooperativistas, etcétera, tengan una oportunidad de crecer.

La tercera condición, es su carácter de reacción rápida. Esta ley es para nuevas inversiones, no para lo que está, no vamos a pedir nunca un subsidio, el Estado no tiene recursos para subsidiarnos, sería imperdonable de nuestra parte que el Estado pueda dedicar recursos al agro con todas las prioridades que tiene que atender en materia social y sanitaria. Lo único que decimos es que, si vamos a invertir más para industrializar el campo, dejen que esa inversión tenga estabilidad de 10 años en términos impositivos y que haya pequeños beneficios impositivos para todo lo nuevo, si va a haber más empleo, algún beneficio adicional. Esto lo acordamos, hicimos un proyecto de ley, un pacto social, económico y fiscal que daba cero riesgo fiscal, crecimiento fiscal a futuro, 700 mil puestos de empleo en 5 años y un incremento exportador sustancial. Quedó en manos del ministro de Economía. Hace dos meses terminamos la parte técnica y el ministro debe decidir cuándo y cómo enviar el proyecto. Hace 15 días atrás hablamos con el Presidente, él dijo “quédense tranquilos, yo doy mi palabra” pero por ahora los resultados no se ven.

Demora difícil de entender con la necesidad de trabajo que hay en el país y los beneficios que generaría aumentar la producción…

Efectivamente, estamos convencidos que ese es el camino. Nos parece que la salida es exportar, crecer en nuestro país. Esto que hablamos siempre, la restricción externa de los dólares. Si no tenemos dólares hay devaluación, si hay devaluación hay inflación y si hay inflación hay pérdida de poder adquisitivo, además hay pérdida de empleo. Entonces establezcamos una política de Estado. Argentina tiene que pensar a 20 años en este sentido y tenemos que industrializar el campo que es lo que más sabemos hacer. Tenemos recursos humanos en todo el país, tecnologías, emprendedores jóvenes. Argentina es el segundo país del mundo con mayor desarrollo de emprendedores jóvenes en materia de uso de nuevas tecnologías y además están vendiendo al exterior. Démosle una plataforma para seguir creciendo.

¿Existe el diálogo o es algo que el Gobierno hace por compromiso?

La verdad es que cuando empezamos el año pasado lo primero que encontramos fue desconocimiento y desconfianza. ¿Qué queríamos? ¿Quiénes éramos? Si únicamente teníamos una intención de no pagar impuestos, como nos dijo algún ministro… Después se dieron cuenta, primero, que hablábamos en serio.

Segundo, que teníamos datos duros para demostrar todo lo que decíamos con propuestas muy concretas y fueron aprendiendo y nosotros también fuimos aprendiendo un poco la visión de ellos que también busca un equilibrio fiscal. Pero la pandemia ha barrido con muchos de estos objetivos. Entendemos el esfuerzo que hace el gabinete económico en ese sentido, también los esfuerzos sociales de una Argentina muy devastada por la pandemia y por los problemas económicos que venimos arrastrando desde hace décadas. Pero la salida no es más restrictiva, es con mayores oportunidades de empleo, producción. Así que diría que el diálogo sigue siendo positivo, el tema es que el gobierno únicamente mira la agenda de corto plazo y nosotros queremos que mire la de los próximos años.

Es público lo que pasa con la carne en cuanto a los problemas del precio interno y el internacional.  ¿En la industria del aceite cómo lo han resuelto? 

El año pasado, el 30 de diciembre, el ministro de Desarrollo Productivo, la secretaría de Comercio, el titular de Agricultura, me convocaron a la tarde para decirme que había que elaborar un fideicomiso para desacoplar el precio del aceite del mercado interno del de exportación. El planteo fue que trabajemos juntos, busquemos una alternativa. Todos queremos proteger el consumo interno pero la industria aceitera en Argentina tiene una enorme capacidad de producción y exportación que es ocho veces más grande que el consumo nacional. Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, somos el 54% del comercio mundial, atrás nuestros están Estados Unidos, Brasil… No podemos perder esa posición porque claramente es una fuente de ingreso, trabajo, divisas. Trabajamos todo enero, hubo muchas discusiones y finalmente acordamos en febrero un mecanismo de fideicomiso que es básicamente el exportador de soja, aceite o harina de soja, ingresa en un fondo mensualmente su aporte y con ese fondo nosotros lo administramos para pagarle y subsidiar el precio al abastecedor que vende la botella de 900, un litro y medio, o dos litros, al mercado al que todos cuando vamos a comprar el aceite que consumimos. Hoy tiene su precio subsidiado por la industria y está desacoplado en un 80% en relación con el precio internacional. En este momento para nosotros es un esfuerzo grande, de 200 millones de dólares por año y subsidiamos el 75% del consumo mensual. 

Aparentemente pasaron los meses más duros de la pandemia a nivel global. ¿Se estabilizó el mercado internacional, precios, demanda, logística?

La pandemia es un dolor de cabeza para todos, no solamente por la protección sanitaria que tenemos que tener para nosotros, para nuestros seres queridos, sino también por los problemas de los movimientos transfronterizos, la circulación marítima, aérea, terrestre. Todos los países han percibido que el riesgo es el exterior, entonces se han cerrado, son más proteccionistas. Han aprovechado mucho el Covid para aumentar su proteccionismo y la Argentina necesita acceso a mercados, venderle al mundo. Por otro lado, los precios de los commodities han subido por este efecto pandemia. Muchos países han tratado de recuperar el stock, porque no saben si habrá nuevas olas.

En segundo lugar, Estados Unidos, para poder reconstruir su economía de la pandemia, ha devaluado el dólar y al devaluar el dólar automáticamente genera un efecto precio positivo hacia los commodities. A su vez, hay países que han decidido introducir los biocombustibles en su matriz, porque frente a la pandemia y el cambio climático, la pandemia también ha llevado a un replanteo de la forma en la cual producimos y eso se está viendo en muchos países, dicen “vamos a usar bioenergías”.

Estados Unidos duplicó el consumo de aceite de soja para transformarlo en HVO, que es un aceite muy competitivo, de mejor calidad que el diésel mineral, con precio muy competitivo y esto generó un efecto precio. Sucede en muchas partes del mundo. En Argentina vamos a la inversa. La semana pasada se dio media sanción en la Cámara de Diputados a una ley que baja el corte obligatorio. Es una lástima. Argentina potencia agroalimentaria, con energías renovables para proteger nuestro ambiente, decidimos no hacerlo. Ese es el debate legislativo que tenemos.