A través las resoluciones 209/2018, 4366/2018 y 4367/2018 publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentaron el régimen de la Factura de Crédito Electrónica (FCE), con el objetivo de reducir el costo de financiamiento para las MiPymes.

El sistema será aplicable a partir del día 1° de enero de 2019 para las operaciones comerciales en las que una micro, pequeña o mediana empresa esté obligada a emitir comprobantes originales (factura o recibo) a una empresa grande. De esta manera, la empresa grande estará obligada al pago, en la medida en que se encuentre operativo el sistema informático que a tales efectos desarrolle la AFIP.

El régimen arrancará con el sector automotriz y permitirá que las empresas proveedoras del sector decidan cómo y con quién cobrar sus facturas. Una vez que la automotriz valide y acepte la factura, la MiPyme podrá elegir entre esperar el cobro por parte de la empresa grande o transferirla a una cuenta comitente registrada en la Caja de Valores. La factura conformada podrá ser a partir de ahí negociada tanto en el sector financiero como en el mercado de capitales. A la fecha de vencimiento la firma automotriz transferirá el importe al CBU de la Caja de Valores quien le pagará al inversor que la posea.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo.  En tanto, la AFIP emitirá alertas al domicilio fiscal electrónico de todos los actores involucrados como recordatorios de las acciones y plazos a cumplir.

La Factura de Crédito Electrónica es parte de la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo, aprobada en la Cámara de Diputados el 9 de mayo pasado. Al momento de ser debatida en el Congreso, el capítulo referido a esta factura recibió el apoyo unánime de todos los bloques.

Así, las Pymes tendrán una nueva opción para hacer efectivo el monto de sus facturas, obteniendo mayor flexibilidad en los plazos para obtener liquidez.

En países de la región, como Chile, estas herramientas llegan a representar un 10 % del PBI, en tanto que, en Argentina, solo el 0,3 %. La generalización de la factura electrónica conformada mejora el acceso al financiamiento y promueve la formalización en las cadenas de valor implicando un gran paso en la lucha contra la evasión y el acceso al crédito.