En el amanecer del verano estalló el debate sobre la educación en nuestro país. En efecto, desde principios de enero la cuestión se instaló en los principales medios y portales de noticias, ocupando el centro del debate público. Y después de un 2020 signado por la virtualidad como único y exclusivo enlace educativo, el nuevo año trajo como novedad la necesidad de volver a la educación presencial, una modalidad que de a poco comenzó a ganar adeptos en amplios y renovados sectores de la sociedad.
Al mismo tiempo, se multiplicaron los informes de distintos organismos e instituciones científicas (nacionales e internacionales) sosteniendo que niños y adolescentes no son los principales vectores de contagio del Covid-19 y que el problema no está en las aulas sino fuera de ellas, en las reuniones sociales y fiestas multitudinarias que escapan a todo tipo de control estatal, donde a su vez no se cumplen los recaudos sanitarios mínimos.
Recordamos, entre otros, un informe emanado de UNICEF, fechado el 15 de enero, donde se advierte que “el impacto del cierre de las escuelas ha sido devastador a nivel mundial, afectando los aprendizajes, la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes (…) La evidencia actual muestra que la educación presencial no parece ser el principal promotor de los incrementos de la infección”, según lo indica el organismo internacional. También desde la Sociedad Argentina de Pediatría se viene reclamando la “vuelta a las escuelas en la modalidad presencial” por ser ésta imprescindible, atento a que “no hay en la literatura médica información que avale el enunciado de que la población pediátrica sea la gran transmisora de la infección viral”. En idéntico sentido se expidió recientemente la Academia Nacional de Medicina al considerar “imprescindible el inmediato retorno a la presencialidad en las aulas”, ya que “los riesgos de dañar a niños y adolescentes con la sola educación a distancia, o lo que es peor la ausencia de educación, superar los riesgos de enfermar por Covid-19 para ellos y para el personal docente, y que a su vez este riesgo puede ser mitigado con el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios” pertinentes .
Y para mayor abundamiento, las Defensorías de la Niñez de las provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Misiones y Santiago del Estero, junto a la Defensoría Nacional, se pronunciaron el 17 de febrero alertando sobre las “grandes desigualdades” generadas en el acceso a las herramientas tecnológicas y la conectividad, a causa de la pandemia provocada por el Covid-19.
Sin dudas, este cúmulo de evidencia científica a la que se sumaron las voces de numerosos especialistas que alcanzaron amplia difusión en los medios de comunicación, fueron creando un clima propicio para el retorno de las clases presenciales, una alternativa educativa que era impensada hasta fines del año pasado.
Llamativamente rápido de reflejos, el ex presidente Mauricio Macri publicó promediando enero -en su cuenta de Facebook- una carta pública titulada “Abran las escuelas”, en la que cuestiona al Gobierno nacional por “condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica”, critica a los sindicatos docentes y llama a los padres “a la acción”. “Miramos a nuestro alrededor y somos conscientes que todo está permitido, excepto el ingreso de nuestros chicos a las aulas”, afirmó sin avergonzarse el fundador y líder del PRO, quien durante su gestión de gobierno interrumpió el plan de inclusión digital educativa “Conectar-Igualdad” y fue el responsable de haber contraído en un 30 % el presupuesto nacional destinado a educación.
En sintonía con lo anterior, unos días después el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció con bombos y platillos que el calendario escolar se iniciaría el 17 de febrero de manera escalonada, para que a partir del 1° de marzo todos los alumnos de los distintos niveles pudieran asistir los cinco días de la semana a la escuela. También se dispuso un plan de testeos para todos los docentes antes del inicio de clases. A su turno, la ministra de Educación porteña Soledad Acuña se encargó de aclarar que en CABA “la presencialidad es la regla y la virtualidad es un complemento y una excepción”. Ciertamente se trata de una propuesta audaz y una estrategia que conlleva riesgos en el contexto actual, pero Horacio Rodríguez Larreta conoce la importancia de pegar primero en un tema tan sensible y en un año electoral.
Estos anuncios, que ya tuvieron principio de ejecución durante la segunda quincena de febrero, en cierto modo han obligado tanto al Gobierno nacional como a los gobiernos de las Provincias a tener que expedirse sobre la presencialidad en las escuelas, gestándose un interesante debate que terminó alcanzando una inesperada centralidad.
Así las cosas, después de largos meses de letargo, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, inició una gira destinada a coordinar el inicio de clases en las distintas jurisdicciones provinciales. En ese marco, el día 3 de febrero visitó la ciudad de Córdoba, desde donde afirmó: “La presencialidad cuidada será obligatoria. Va a ser obligatorio ir a clases en 2021. Les pedimos responsabilidad a todos los sectores de la sociedad. Que no haya discursos extremistas con temores infundados. Será un regreso seguro”. A partir de entonces, la “presencialidad cuidada” es el nuevo concepto que ha sido forjado en las usinas del oficialismo.
Resulta evidente el cambio de posición de los funcionarios de la cartera educativa, que hasta fines del 2020 subordinaban la apertura de las instituciones educativas a la evolución de la situación epidemiológica, mientras que ahora, repentinamente, parecen haber advertido que “las políticas restrictivas pueden convivir con el inicio de las clases presenciales”, tal como lo sostuvo Trotta.
Y como la situación epidemiológica no ha registrado una evolución demasiado favorable en estos últimos meses, el plan de vacunación apenas está dando sus primeros pasos en el país (es más fácil hallar una aguja en un pajar que encontrar un docente vacunado en estos días), y aún nos falta transitar la segunda ola del coronavirus, prevista para inicios del otoño, el cambio operado en esta materia seguramente obedece a otras motivaciones, de índole política, electoral o social, como el constante aprovechamiento que hace la oposición de esta cuestión y el creciente malhumor de la población, testeado en diversas encuestas, que reflejan que más de un 70 % de los consultados apoya el regreso de los alumnos a las aulas.-
Por eso no fue casual que el gobernador Juan Schiaretti, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura, pronunciado el 1 de febrero, mencionara “el inicio de clases en forma presencial” como una de las prioridades de su administración para este año. En aquella breve alocución y sin brindar mayores precisiones, el primer mandatario provincial manifestó haber avanzado “con los gremios, los especialistas de salud y el COE, para retomar paulatinamente las clases presenciales”.
Y mientras el Gobernador hacía uso de la palabra, con un tono de campaña, el colectivo “Padres Organizados” por la educación concretaba una nueva marcha de protesta en las inmediaciones de la sede legislativa para requerir que se declare a la educación como actividad esencial (curiosamente, el proyecto presentado por la oposición el año pasado no tuvo tratamiento parlamentario durante el 2020) y además se garantice efectivamente la presencialidad en las escuelas provinciales. Es muy meritoria la labor desplegada por este Colectivo, que desde hace meses viene bregando para darle visibilidad al problema educativo en nuestro suelo.
En los días siguientes, el ministro de Educación de la Provincia, Walter Grahovac (que desde que se vacunó se muestra mucho más activo) se encargó de ratificar que, por fin, el 1° de marzo el sistema educativo volverá a activarse en Córdoba, es decir, que ese día comenzará el período lectivo 2021, bajo una modalidad dual, que combine clases presenciales y virtuales, con cursos desdoblados (en grupos de hasta 15 alumnos) y protocolos sanitarios de emergencia.
Mucho más cautelosa que la estrategia porteña, en la versión cordobesa la presencialidad no sólo va a ser “cuidada” sino también “gradual”, con grupos rotativos y un formato educativo combinado, hasta que “haya un nivel de inmunidad masivo”, lo que no se sabe cuándo se va a lograr, tal como lo reconoció el propio titular de la cartera educativa provincial.
En el sector gremial, la iniciativa oficial cosechó aquí un tibio y condicionado apoyo, a diferencia de los principales gremios porteños que desde un primer momento se mostraron más críticos y combativos, resistiendo la presencialidad general impulsada por el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. De todos modos, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba ya advirtió que todo va a depender del cumplimiento de los medidas de sanidad en los establecimientos, y de no estar dadas las condiciones para el cumplimiento del protocolo, “se volverá a la virtualidad como el año pasado”, afirmó el secretario general de la Uepc, Juan Monserrat.
En materia de protocolos se ha venido trabajando a contrarreloj en estas últimas semanas, hasta lograrse su aprobación faltando pocos días para el comienzo de clases. Nos da la impresión que se ha perdido demasiado tiempo. Ya han transcurrido once meses en pandemia. Es como si el cambio de clima que se vive hoy en la educación hubiese tomado por sorpresa a las autoridades provinciales, que estaban más enfocadas en promover el turismo que en elaborar los protocolos para abrir las escuelas. De hecho, en Córdoba había protocolos prácticamente para todas las actividades, menos para la educación. En cuanto a su contenido, lejos de sorprendernos, creemos que es un compendio de obviedades a esta altura de la crisis sanitaria (distanciamiento de 1,5 metros, utilización obligatoria de barbijos, rigurosa higiene de manos, recreos escalonados, etc.).
Está claro que la provisión de los elementos de higiene debe correr por cuenta de las instituciones educativas, y en este sentido, se vienen escuchando muchas críticas en estos días ante la falta o insuficiencia de los materiales entregados a los docentes (con un kit conteniendo un alcohol en gel y 20 barbijos no alcanza). También los legisladores de la oposición han planteado sus objeciones por el estado en que se encuentran las escuelas, que es uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema educativo. Estas cuestiones generan muchas dudas y suman preocupación a días del comienzo formal de un nuevo ciclo lectivo. Al igual que la paritaria docente, aún no resuelta en la Provincia (al momento de escribir estas líneas los gremios ya habían rechazado el exiguo 15 % ofrecido por el Gobierno como pauta salarial para el primer semestre de este año).
En verdad lo esperábamos antes, sin embargo, el debate acerca de la educación se suscitó recién en los albores del nuevo año. Es un debate esencial, necesario, imprescindible y trascendente para toda la sociedad. Es un debate abierto y muy dinámico, cuyos próximos capítulos aún están por escribirse.
Si es cierto que el destino de un país se juega en las aulas, éstas no pueden permanecer cerradas. Por eso, el retorno de la presencialidad, aunque más no sea en forma gradual, como se dispuso en Córdoba y en otras jurisdicciones provinciales, es una excelente noticia, que nos motiva y entusiasma como docentes, y al mismo tiempo nos llena de esperanzas y desafíos. Las puertas de nuestras escuelas ya están abiertas, ahora sólo resta atreverse a recorrerlas con vocación y responsabilidad.
Por Javier H. Giletta, abogado y docente universitario.
