Un nuevo capítulo judicial se abrió en torno al proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata y ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la instancia que definirá si se la actividad queda habilitada.
Precisamente el fiscal general de Daniel Adler emitió un dictamen que mantiene la decisión del juez Santiago Martín, quien dio lugar al recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalista y suspendió la iniciativa de extracción offshore.
El fiscal fundamentó su posición en la resolución de Naciones Unidas “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, aprobada en 2015 en Nueva York, de la cual Argentina es país signatario. Entre sus objetivos establece que “Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente…”. En su punto 14, impone “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo”.
Sostuvo Adler que “es por demás claro que nuestro país ha fijado su programa de actuación a partir de estos objetivos y por consiguiente, ningún progreso económico puede en pos de su consecución, implicar el detrimento del medio ambiente”.
También analizó el estudio de Impacto Ambiental (EIA), elaborado para las tres áreas de exploración, por las sociedades extranjeras integrantes del grupo económico Equinor. Señala al respecto que “surge claro que no existe época del año para la realización de la prospección que asegure que ninguna especie se verá afectada. En todos los escenarios alguna habrá de sufrir consecuencias. Ello por cuanto del EIA surge que existen distintas épocas y grados de sensibilidad a la exposición a las ondas sonoras”.
“Ha quedado allí expuesto el cúmulo de riesgos desconocidos para al menos algunas especies marinas; la falta de certezas científicas también expuestas en distintos pasajes del EIA sobre las consecuencias de la prospección en la zona abisal comprendida por las áreas de exploración, sumado a las observaciones en el informe posterior de las alegadas falencias que habrían existido en la comunicación previa a la Audiencia Público celebrada oportunamente. Todo ello, permite evidenciar la necesidad imperiosa de un ámbito de discusión social mucho más amplio que el que se ha brindado hasta la fecha”, señala el dictamen.
El representante del ministerio público fiscal remarcó que en esta causa se debate exclusivamente el impacto ambiental que habrá de producir la prospección autorizada en las áreas objeto de concesión. “No estamos aquí ante el debate referido a la instalación de pozos petroleros, sino al impacto que la prospección sísmica ocasiona con su sonido. De allí que hablar de eventuales ingresos resulta a la fecha un escenario hipotético. En cuanto a las actividades económicas la demanda de servicios logísticos podrá tener alguna repercusión muy focalizada en relación a las prestaciones que brinde el puerto de servicios logísticos (Puerto de Mar del Plata) y posiblemente en algunas otras localizaciones en relación a otros suministros/servicios, pero en todo caso resultaría un aspecto disperso de escasa relevancia, que no incidirán sobre las economías locales. Lo mismo se puede mencionar en cuanto a la demanda de mano de obra, dado que el proyecto demanda en general personal con calificaciones específicas”.
Agrega que según surge del EIA, “no se puede descartar que la tarea a desarrollar por las empresas pueda tener efectos sobre la explotación pesquera”. La documentación aportada indica que “el impacto sobre el rendimiento de la actividad pesquera en el área de adquisición sísmica podría dar como resultado indirecto la afectación del proyecto sobre la fauna ictícola y de invertebrados siendo que dichas comunidades pueden verse afectadas por las actividades de prospección sísmica. No obstante, la incidencia de las actividades de adquisición sísmica carece aún de conclusiones firmes respecto de su afectación sobre las capturas”.
“El uso del verbo potencial y la afirmación de la carencia de conclusiones firmes, permiten abrigar el temor de que la actividad impacte en la actividad pesquera, en particular en las especies. Por ello, se propugna mantener la decisión de primera instancia hasta tanto se asegure un debate más profundo con participación masiva de la ciudadanía”, concluye.
