La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), rechazó el proyecto de modificación del artículo 48 de la Ley 11.653. La iniciativa, que ya fue aprobada en Diputados, establece que el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador deberá actualizarse según el CER + 6% anual.
En estos términos, la entidad envió una nota a la presidenta del Senado y vicegobernadora Verónica Magario, firmada por su titular, Marcelo Fernández y el secretario Marcelo Girard.
El proyecto, cuestionado desde gran parte del sector PyME, estipula que “el cálculo de tiempo se deberá computar desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente”.
Impacto
El texto señala que el sistema de actualización “conlleva a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”.
Agrega que el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) “implica una indexación basada en el índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y contiene en su fórmula de capitalización diaria”.
Asimismo, entiende que esto “contraría la legislación vigente en cuanto a la prohibición del art. 770 del Código Civil y también de los art. 7 y 10 de la ley 23.928 (en versión ley 25561)”.
“Corresponde advertir que la naturaleza del CER fue como índice en lugar de tasa propiamente dicha, cuyo origen incluyó la conversión forzosa de depósitos bancarios en moneda extranjera a pesos. Es decir, que se interpreta erróneamente considerar que la simple regulación por parte del Banco Central convierte esta herramienta financiera en una “tasa”, y aún más, en una tasa adecuada para la actualización de créditos laborales”, dicen los empresarios.
Aclaran que la aplicación de la tasa de actualización prevista en la reforma del artículo 48 de la Ley 11653 “no solo es un fracaso en encontrar una solución a la problemática original y derivada (depreciación de los créditos laborales) sino que continúa generando un resultado desproporcionado y de significativo impacto para las empresas comprometiéndolas a su cierre y/o reducción”.
Mesa de diálogo
Los dirigentes de CGERA manifestaron que “el parámetro de la tasa debe ser modificado concretamente por uno que se encuentre dentro del sistema bancario y sin una actualización extra, ya que la misma se encuentra incluida en la misma tasa”.
“Exhortamos a los Senadores provinciales a una Mesa de Diálogo urgente con el sector empresario para evitar esta modificación legislativa que traerá graves consecuencias para las PyME locales”, puntualizaron.
Finalmente, solicitaron a los legisladores que “revean su tratamiento y no se avance hasta tanto se genere este espacio y se evalúe el grave perjuicio para las PyMEs y para la generación de empleo”.
