La detención casual del buque Tai An capturando y procesando ilegalmente “Merluza Negra” es solo la punta del Iceberg de la falta de control y transparencia en la Administración Pesquera. No hay regulación ni control adecuado de las especies migratorias originarias de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina en alta mar; tampoco en las aguas argentinas de
la ZEE o en la explotación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas.
La cuestión no se limita a una violación de la ley del empresario chino Liu Zhijiang, titular de la empresa PRODESUR SA, que le indicó al capitán de su barco que pescase Merluza Negra sin disponer de cuota y además capturar y procesar un 55% de juveniles; es decir, ejemplares de menos de 90cm que no han alcanzado la primera madurez sexual para reproducirse, cuando tienen unos 9/10 años (peces marinos de Argentina, INIDEP, 1999) y asegurar a perpetuidad la sostenibilidad de esta especie y de las que intervienen en su cadena alimentaria en el ecosistema.
Este no es un hecho aislado, es solo, un “caso testigo” del descontrol que impera en la pesca y son muchos los responsables anteriores y actuales, en el campo privado y público.
La política. La Ley 24.922 (1998) está vetusta; propicia el extractivismo, no promueve una
administración sostenible y sustentable al no regular sus tres ejes principales: la investigación, la conservación (control) y la distribución equitativa; ni se afecta a éstos los recursos económicos derivados de los derechos de captura. Además, no se ha llevado adelante ninguna acción respecto a la pesca en alta mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE. ¿Cómo puede otorgar el Consejo Federal Pesquero (CFP) permisos para pescar en la ZEE a empresas del Estado chino, mientras buques igualmente del Estado chino pescan ilegalmente los recursos migratorios argentinos en alta mar? Y, ¿cómo el CFP admite la radicación en la Argentina empresas de capital español mientras otras de la misma nacionalidad pescan ilegalmente en Malvinas? El CFP debe reformularse para asegurar un manejo cristalino y equitativo de los recursos. Modificarse y modernizar la ley.
Sin embargo, no confundamos, el proyecto de modificar la ley por parte del actual gobierno hubiese agravado el descontrol de la actividad a partir de extranjerizar la explotación de los recursos en la ZEE; no exigir el desembarco en los puertos nacionales; no requerir ninguna antigüedad a los buques (el buque Tai An tiene 43 años) ni tripulación argentina, lo que hubiera agregado más evasión y trabajo esclavo. Aparecen como responsables quienes han defendido este proyecto que agregaba, además de un atraso de 100 años, más caos al
actual: la Canciller Diana Mondino; el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y el Diputado Bertie Benegas Lynch, son aún promotores de la liberación del mar y de la reforma de la Ley Ómnibus. Están ajenos a la preocupación mundial de cuidar la soberanía de sus mares y ríos troncales.
La Autoridad de Aplicación. Son responsables del descontrol todos los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy de Bioeconomía) que delegaron en el subsecretario de Pesca su condición de Autoridad de Aplicación. Igualmente son responsables los subsecretarios que presiden el Consejo Federal Pesquero (CFP) que demostraron su incapacidad para establecer la política pesquera, conforme establece la ley. En este caso de la
pesca ilegal de Merluza Negra, el secretario Fernando Vilella, el subsecretario Juan Antonio López Cazorla y el director de Fiscalización Pesquera Julián Suárez, quienes violaron la ley Pesca (24.922, art. 7º; 17º; 20º; 21º; 23º; 27º; 28º; 32º; 49º; 55º a 62º) y en particular el 55º cuando no se exigió el inmediato destino a puerto del buque infractor y debería confirmarse, si fue Vilella quien ordenó no cumplir la exigencia de la ley; aunque ello, no deslindaría la responsabilidad de López Cazorla, quién como presidente del CFP, no pudo admitir presión alguna.
El 14 de septiembre de 2023, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunciaba pomposamente: “El Certificado de Trazabilidad de Transacciones Comerciales y el Parte Final de Producción a bordo de Merluza Negra (Disp SSPyA 186/2022) permitirá consolidar internacionalmente las exportaciones desde nuestro país” y continuaba “la Argentina se encuentra a la vanguardia en materia de gobernanza y administración pesquera. Ha sido reconocida a nivel internacional por Chile, Japón y la Unión Europea”. ¡Alicia en el País de
las Maravillas! con un descarte del 30% (INIDEP, FAO, AGN), prohibidos en Argentina en 1998 y en la Unión Europea en 2004 no pueden admitirse más. Mucho marketing y una Administración poco transparente y eficaz y un empresariado que no está a la altura del mundo moderno que exige el cuidado del medio marino y la pesca.
La Cancillería. No encontramos ninguna razón para que un representante de este Ministerio integre en forma permanente el CFP; diplomáticos que, en todo caso, debieran intervenir en cuestiones vinculadas a las explotaciones pesqueras en las aguas de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y en los espacios marinos relacionados a la Convención de los recursos vivos marítimos antárticos. Flojos de papeles en estas materias.
La Canciller Diana Mondino y la secretaria de Malvinas Paola Di Chiaro, al igual que los funcionarios de Agricultura, Ganadería y Pesca y el CFP, deberían explicar porque no aplican desde 1976 a la fecha la Ley 24.922 y 27.564 y sancionan a los buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos que pescan ilegalmente en Malvinas los recursos pesqueros argentinos comprometiendo la sostenibilidad de todo el ecosistema. No se puede garantizar sostenibilidad de los recursos en la ZEE sino se acciona sobre estos buques y se han llevado, a un promedio de 250.000 toneladas por año, unas 11.750.000 por un valor estimado en 47 mil millones de dólares.
Ahora, no se entiende, por qué la Canciller Mondino habría designado, además de Coordinador del ministerio de Relaciones, representante ante el CFP (un asiento habitualmente ocupado por diplomáticos) a quien sería su sobrino político Pablo Ferrara, un abogado que carece de todo conocimiento marítimo y pesquero, quien habría sido quien presionó al referido director Suárez. Sobre esto nos formulamos las siguientes preguntas: ¿puede un funcionario de menor jerarquía de Cancillería impedir por sí la acción de un Secretario de Estado como Vilella
o fue una orden de la Canciller? ¿Cuál sería la motivación para impedir el método de control de un buque pesquero que se presumía que estaba realizando pesca ilegal? ¿Hay algún vínculo entre la pesca ilegal que realizaba el buque Tai An con la pesca igualmente ilegal de esta especie que realizan sus nacionales chinos en alta mar y con otros buques en Malvinas? ¿Forma parte de la política de liberar el mar?
Economía. Dos nombres de Toto Caputo suenan para integrar el CFP. En otro momento no hubiese sido mejor noticia que Economía se interese por la pesca. Hoy es distinto. Ya no importa si saben o no de la materia, la cuestión pareciera ser desregular el mar y ¿el sector? mandando notas o visitando diputados. Atrasan.
La empresa Prodesur y las empresas. No somos ingenuos. Al margen del gravísimo daño del
ecosistema que una empresa provoca si captura sin cuota Merluza Negra y el daño económico que le podría provocar este hecho a quienes sí disponen de cuota para pescarla, hay una cuestión de intereses: 3.700 toneladas anuales otorgadas a tres empresas nacionales de capital extranjero Argenova, Estremar y Pesantar, un negocio de entre 70 y 90 millones/año. No es frecuente que empresas pesqueras concesionarias denuncien a otras, por aquello de que “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. La detección de irregularidades debiera
estar en manos del gobierno; pero, no obstante, las empresas y las Cámaras empresarias debieran promover y contribuir en la regulación y con sistemas, que den mayores garantías de sostenibilidad, sustentabilidad, equidad y transparencia al conjunto de la actividad. Por ejemplo, es fácil evaluar, que 5 toneladas de Merluza Negra son más valiosas que 50 toneladas de Surimi, para lo que estaba autorizado el buque Tai An; por lo cual la captura de Merluza Negra, más que pesca incidental es una pesca objetivo. ¿A quién se le pasa por alto esto?
El portal de Prodesur dice: “el buque captura y procesa especies como Merluza Negra…haciendo una explotación sustentable de los recursos marinos». Es obvio que la captura de Merluza Negra era una pesca objetivo y no incidental, salvo para la Autoridad de Aplicación y el resto de las empresas. Por otro lado, porqué las Cámaras no le exigen al gobierno que vea si hay buques en la Argentina con doble registro que les evita pagar derechos de importación, por ej. China o porqué hay empresas de nacionalidad china y otras que facturan por debajo del valor internacional. La autogestión, los planes HACCP, las Certificaciones, son un marketing caro que nos genera dependencia. Ellos nos dirán quién exporta y a qué precio.
Los gremios. No pueden seguir admitiéndose pagos en negro ni “coparticipaciones” que distorsionan en favor de unos pocos los salarios de los trabajadores y oscurecen costos y utilidades empresarias en la actividad.
La Prefectura Naval Argentina. ¿Quién se ocupa de la seguridad en el mar? El portal de esta Institución indica: “Autoridad Marítima; cumple funciones de policía de seguridad de la navegación; protección ambiental; policía judicial; auxiliar pesquera; aduanera; migratoria y sanitaria”. ¿Dónde estaba la PNA para preservar el medio marino y la sostenibilidad de las especies cuando el buque Tai An pescaba ilegalmente Merluza Negra? Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea consideran a la pesca ilegal desde el 2014 un problema de
seguridad nacional y la pesca argentina, ya tiene antecedentes de narcotráfico, en 1988 la operación langostino (600Kg de cocaína); en 2005 pez blanco (500Kg); en 2006 merluza blanca (387Kg); en 2013 langostino (110Kg); en 2015 calamar (49Kg). Si la Prefectura no puede controlar la pesca ilegal dentro de la ZEE, a los transbordos y en la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas evitando la pesca de arrastre de fondo por parte de buques extranjeros, hay que transformarla en una fuerza capaz de hacerlo. Hoy no lo hace -por más spots de TV- y el caso testigo “Merluza Negra” se muestra su ineficiencia e ineficacia.
Los observadores e inspectores. ¿Dónde estaban o a quién respondían? No es posible pescar 163 toneladas de Merluza Negra en un solo lance. ¿No sabían estos funcionarios que el buque no tenía cuota y que se capturaban juveniles? ¿Tal vez confundían la especie o no estaban capacitados? En los ambientes portuarios se dice que “el sistema funciona de otra forma”, como suele ocurrir en la inspección de un local, pero en el mar.
SENASA, AFIP y Aduana. El día que se crucen los partes de pesca, se inspeccionen a “cara de perro” los desembarques y no haya sustituciones o las balanzas estén desequilibradas; los transportes; los ingresos a las plantas procesadoras o los transbordos; se controlen en serio los stocks de cámaras; se analicen los rendimientos de productos terminados a bordo y en tierra; las materias primas que circulan por plantas fasoneras y cooperativas; los consumos internos y la exportación y, todos los productos circulen certificados, las estadísticas serán otras. En este caso, de la Merluza Negra, pero también importante es la relación merluza común-langostino; SENASA ya debería estar coordinando un operativo conjunto de los tres organismos para verificar las toneladas de Merluza Negra que están depositadas en las Cámaras Frigoríficas y cuántas de éstas tienen una talla superior a 90 cm.
A SENASA y a las delegaciones de la subsecretaría de Pesca habría que agregarle que su descrédito y la falta de confianza internacional en estos organismos genera la dependencia del país en certificadoras extranjeras.
El pescado se pudre por la cabeza. Todo está por hacerse, que sea antes que se lo lleven otros.
