Cuando en 1999 Guillermo Jaim Etcheverry escribió “La Tragedia Educativa”, un brillante ensayo descriptivo y crítico sobre la educación en nuestro país, no pudo imaginar lo que ocurriría en el año 2020 a nivel educativo, como consecuencia de la pandemia disparada por el Covid-19.
Es que el aislamiento social y obligatorio que la mayoría de los gobiernos adoptó como modalidad preventiva para tratar de contener la expansión del virus y que, en el caso argentino, se prolongó durante varios meses, repercutió directamente en la educación y provocó el cierre masivo de las instituciones educativas, afectando a cerca de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo.
Es tan grave la situación que a principios de agosto la ONU advirtió que enfrentamos una verdadera “catástrofe generacional”, que podría minar décadas de progreso y “exacerbar las desigualdades” ya existentes en materia educativa. Ahora que el mundo enfrenta niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos más que nunca de la educación. Por eso, “debemos tomar medidas ahora, a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, adecuados para el futuro”, enfatizó el secretario general Antonio Guterres.
El organismo internacional finalmente exhortó a los gobiernos a adoptar las decisiones necesarias para evitar que la “crisis de aprendizaje” se convierta en una “calamidad irreparable”. Y para ello, la vuelta a clases de manera segura “debe ser una prioridad”. A su vez, desde la UNESCO revelaron que más de 24 millones de alumnos podrían abandonar la escolaridad debido al cierre de las escuelas. Se sabe que en el contexto actual todas las estimaciones son provisorias, pero tememos que finalmente vayan a ser muchos más los que se alejen del sistema educativo.
Las razones para reabrir las escuelas son trascendentes. De no volverse a las aulas los estudiantes perderían sus hábitos de estudio, además de conocimientos y experiencias cognitivas interpersonales. Mantenerlas cerradas por más tiempo provocará efectos nocivos en la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. Y estos serán más graves entre los miembros más vulnerables de la sociedad, pues es menos probable que en esos hogares se disponga de una computadora y una conexión a internet de calidad.
En este contexto, Europa tempranamente receptó aquella exhortación y la apertura de los centros de enseñanza ya es realidad en Finlandia, Dinamarca, Noruega, Alemania y República Checa, entre tantos otros países que han optado por volver a las aulas en forma gradual y bajo estrictas medidas de seguridad (por ejemplo, dividir los grupos y reducir el tamaño de los cursos; escalonar los horarios para evitar las aglomeraciones de alumnos; exigir el uso irrestricto de tapabocas y el respeto del distanciamiento social; y permitir que el personal más vulnerable siga desempeñando sus tareas desde la casa), a fin de minimizar los riesgos aún a sabiendas de que en esta materia el riesgo cero por ahora no existe .
El caso más osado hasta ahora es el de Francia, ya que a partir del 1 de septiembre 12,3 millones de estudiantes retornaron a clases en 62.000 escuelas de nivel inicial y medio, respetando ciertas medidas de protección, como el uso obligatorio de mascarillas (salvo para alumnos con menos de 11 años), pero sin necesidad de mantener distanciamiento social. “Nuestra escuela debe reanudarse y va a reanudarse el 1 de septiembre para todos los alumnos de Francia”, había anticipado el ministro de Educación francés Jean Michel Blanquer, para quien el colegio “no debe convertirse en una variable de ajuste a la crisis sanitaria”.
Sin perjuicio de que compartimos esa visión estratégica, lo cierto es que la apuesta francesa es arriesgada por la falta de gradualidad en la apertura y las limitadas medidas sanitarias adoptadas y ese riesgo se tradujo de inmediato en consecuencias, puesto que 22 escuelas debieron cerrarse durante la primera semana de clases por la disparada de contagios entre los alumnos.
Una situación similar había ocurrido antes en Israel, que fue uno de los primeros países en reanudar las clases presenciales y debió retroceder a poco de comenzar debido al contagio producido entre el cuerpo docente. Incluso España ha reabierto sus establecimientos educativos (aunque no todos los días de la semana), pese a estar sufriendo una segunda ola de contagios por Covid-19 y de este modo, por ejemplo, unos 400.000 alumnos volvieron a las aulas en Madrid. Y lo propio hará Italia. No desconocemos que estas aperturas conllevan riesgos, pero la intención es clara y se trata de priorizar la educación, aún en un contexto sanitario complicado como el actual.
Lejos de la cuna de las revoluciones y viviendo otra realidad económica y social, en Latinoamérica se le ha dado la espalda por ahora a las recomendaciones de la ONU en materia educativa. De hecho, sólo en Cuba se han reabierto las escuelas, y en algunos estados del Brasil (como en San Pablo); mientras que las demás naciones parecen haberse conformado con la educación virtual o remota no obstante sus limitaciones y las desigualdades que genera entre los estudiantes. En estas tierras hace tiempo ya que hemos abandonado a nuestros docentes, y ahora decidimos abandonar también a nuestros alumnos.
En Argentina, en tanto, el ministro de Educación Nicolás Trotta aseguró que “no es el momento para regresar” a las aulas “por la situación epidemiológica“ que atraviesa el país, aunque reconoció que “hay un millón de estudiantes” que desde el 16 de marzo “han tenido un contacto inferior o no han tenido contacto” para continuar sus estudios. Días antes, el mismo funcionario había afirmado -en declaraciones a medios porteños- que “un 10 % de los alumnos del sistema educativo argentino ha perdido todo contacto o vínculo con la escuela” durante estos meses de cuarentena.
Y teniendo en cuenta que en dicho sistema se registraron en el año 2019 poco más de 13 millones de alumnos, tanto en el sector público como privado, exceptuando el sistema universitario (según el “Anuario Estadístico Educativo 2019” difundido el 20 de agosto por el propio ministerio de Educación de la Nación), esto significa que en realidad 1,3 millones de estudiantes argentinos ya han abandonado la escuela desde que se decretó la suspensión de las clases presenciales. Estas cifras evidencian la magnitud de la “catástrofe generacional” que esta padeciendo nuestro país en materia educativa.
Como se advierte, el problema ya no es la repitencia o la baja calidad educativa, sino la exclusión y el abandono escolar y aunque éste tal vez no sea el momento ideal para reabrir las escuelas (los ejemplos de San Juan y Santiago del Estero así lo testimonian), tampoco es razonable mantener cerradas sine die sus puertas o esperar hasta que podamos contar con una vacuna eficaz y segura, porque se estima que ello recién ocurrirá a principios del año próximo y, ya para entonces, la crisis de aprendizaje se habrá transformado en una “calamidad irreparable” para la Sociedad.
En Córdoba, los días de agosto culminaron con la presentación de un proyecto de ley ante la Unicameral, por el cual se procura declarar la “emergencia educativa” en la Provincia, además de considerar a la educación como una “actividad esencial”. El proyecto impulsado por el legislador Marcelo Cossar, que se espeja en una iniciativa parlamentaria similar que fuera presentada en el Congreso Nacional por la diputada radical Brenda Austín y una veintena de pares, parte de la base de considerar que “unos 130.000 niños, niñas y adolescentes” habrían quedado fuera del sistema educativo provincial desde el inicio del aislamiento por falta de conectividad. Y para tratar de paliar esta situación, se propicia la entrega de becas de conectividad y el acceso gratuito a plataformas educativas, entre otras medidas.
Sin dudas los guarismos son alarmantes, dan cuenta de la falta de inclusión educativa y obligan a adoptar decisiones urgentes. Pero, lamentablemente, al no haber una demanda social concreta y efectiva en esta materia, nuestras autoridades y representantes demoraron seis meses antes de reaccionar y advertir los daños que podría provocar semejante deserción escolar. Acaso por eso recién ahora surgen las primeras iniciativas tendientes a declarar la emergencia educativa, tanto a nivel nacional como provincial. Y sin perjuicio de la suerte que corran las mismas, en un país tan habituado a convivir con crisis y situaciones de emergencia, no deja de ser preocupante la lentitud con la que llega la respuesta oficial.
Sea como fuese, con o sin declaración de emergencia, la educación debe priorizarse hoy más que nunca y a pesar de los temores expuestos por los funcionarios de la cartera educativa, educadores y educandos deben imperiosamente volver a transitar juntos el camino de la educación, como ya lo están haciendo otros países, antes que sea demasiado tarde y una nueva y más profunda tragedia educativa se convierta en realidad.
Por Javier H. Giletta, Abogado y Educador
