Las economías regionales de CAME analizan el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus

Elevarán un informe a legisladores, gobernadores y el Gobierno nacional.

13 enero, 2024

Productores agroindustriales nucleados en el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que representa a más de 400 entidades de la actividad primaria y autoridades de las federaciones económicas de las distintas provincias, analizaron el impacto que tanto el DNU 70/23 como el proyecto de “Ley Ómnibus” tendrán en las cadenas productivas y PyMEs de todo el país. 

El encuentro se realizó bajo modalidad virtual y luego de una serie de intercambio y opiniones, resolvieron elevar en los próximos días a legisladores nacionales, gobernadores y al Gobierno nacional una serie de estudios económicos sobre las propuestas.

“Ambas normativas, en un principio, proponen generar una herramienta jurídica con ciertas disposiciones que en nuestra legislación ya son obsoletas y otras que tienen una línea correcta para mejorar nuestra rentabilidad, por ende, nuestras inversiones en la Argentina profunda. Consideramos que se requieren observaciones para que, si se convierten en ley, lleguen a todo el sistema productivo de la Argentina”, expresó la entidad a través de un comunicado.

“Normas claras”

Agrega que “desde CAME entendemos la necesidad de establecer normas claras que nos brinden por sobre todo previsibilidad, algo esencial ante la crisis recurrente que transitamos los distintos actores de la cadena agroindustrial, para tener un pleno contacto entre los distintos actores de dicha cadena”.

El texto destaca que el DNU 70/23 y el proyecto de Ley Ómnibus “mencionan a las Economías Regionales en distintos aspectos, pero recordemos que no hay normativa alguna hasta el presente que las defina. Pero sí tenemos claro que las economías regionales representan el 63% de los productores nacionales, siendo más de 155.000; dan trabajo genuino en forma directa a más de 620.000 jornaleros por año y además, poseen una capacidad de exportación -tomando en cuenta los 31 complejos agroindustriales-, excluyendo a los biocombustibles, del orden de los US$ 7.500 millones”. 

Añade que “ese valor podría llegar a duplicarse si en el mediano plazo se tomara el camino correcto reduciendo la presión tributaria, eliminando la burocracia y permitiendo hacer lo que el productor sabe hacer, flexibilizar la contratación laboral y generar reglas claras a largo plazo, que permitan generar un ambiente favorable para llevar a cabo nuestras gestiones comerciales”.

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