La Legislatura sancionó el 5 de agosto la Ley 10.705, que introduce modificaciones en el Código Arancelario para abogados y procuradores de Córdoba (Ley 9.459). Al día siguiente, se publicitó el encarecimiento de los costos judiciales debido al aumento de los honorarios, lo que limita aún más el acceso a la Justicia.
Hay aquí un error de comunicación: no hay ningún aumento en el valor del Jus (que es la unidad de los honorarios de abogados y procuradores); su valor se estableció en $ 1.526,68 desde el 1 de enero de este año, y tras varios meses sin variaciones, en julio el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso una reducción de 9%, quedando en $ 1.387,90. Está previsto que el valor del Jus se incremente en la misma proporción que lo hacen las remuneraciones de un Juez de Cámara con una antigüedad de 8 años (lo que la ley denomina “Unidad Económica”), pero no está contemplada su disminución; por eso la insólita decisión del TSJ de ajustar a la baja su valor contrarió lo dispuesto por la Ley Arancelaria vigente.
Ante el aluvión de críticas y tratando de enmendar su error, el TSJ optó por restablecer a partir del 1 de agosto el valor que el Jus tenía en enero. Y a fin de evitar que en el futuro se repitan situaciones similares, la Ley 10.705 incorporó un nuevo párrafo al artículo 36, según el cual “el valor del Jus en ningún caso podrá disminuir en su cuantía, aún cuando por circunstancias permanentes o transitorias sus variables de cálculo puedan alterarse”. Este era el valor del Jus al momento de sancionarse la Ley y lo único que hizo el legislador fue incluir en su texto el valor actual, entonces es un error sostener que el Jus aumentó este año.
Lo que evidencia el aumento registrado por el valor nominal del Jus en los últimos 12 años es la brutal devaluación que experimentó nuestra moneda, al compás de un aumento generalizado y constante de precios que erosionó el poder adquisitivo no sólo de los honorarios sino de todos los ingresos en pesos que perciben los trabajadores. Por lo demás, llama la atención que no se haya aludido al aumento de los costos judiciales cuando, en 2018, se instituyó la Mediación compulsiva en nuestra provincia, lo que sin dudas provocó un notorio incremento de los gastos, puesto que son las partes las que deben afrontar el pago de los honorarios de los mediadores, que también se cuantifican por el valor del Jus. Y habría que mencionar también el valor de la Tasa de Justicia, que este año no fue ajustado a la baja, pese a las serias dificultades económicas que atraviesa la mayor parte de la población y el receso (o cuasi receso) que impera en los Tribunales desde hace más de cinco meses.
La cuestión de las costas judiciales es compleja y excede a los honorarios profesionales. La administración de Justicia está lejos de ser gratuita y, además, exhibe niveles de ineficiencia preocupantes. Esto afecta no solo el acceso a la Justicia sino a la seguridad jurídica, sin la cual ninguna sociedad puede alcanzar un grado deseable de bienestar.
Tal vez la innovación más importante de la nueva Ley sea la creación de una “Comisión de actualización del Jus” (conformada por el TSJ, el Colegio de Abogados y la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba), para garantizar la movilidad de la retribución de los abogados si durante 12 meses “los parámetros de determinación del valor del Jus” no implican un incremento en su cuantía.
Creemos que no será muy factible la reunión de esta Comisión, desde que nos cuesta imaginar que durante un año los haberes de los magistrados no registren aumentos, siendo que desde 2010 vienen recibiendo -en promedio- cuatro incrementos al año. El tiempo se encargará de confirmar o no nuestra apreciación, pero tenemos razones para pensar que, cuando se supere la presente emergencia, la voracidad salarial volverá a instalarse en el ámbito del Poder Judicial.
Apenas sancionada la Ley 10.705, las autoridades del Colegio de Abogados celebraron haber logrado la “movilidad ascendente” o “progresividad positiva” en el valor del Jus. En buena hora la institución que nuclea a los abogados de esta ciudad vaya recuperando su memoria e intente salir del letargo en el que ingresó apenas iniciada esta prolongada cuarentena. De todos modos, los problemas de la abogacía hoy no comienzan ni terminan con el valor del Jus y el respeto a las escalas mínimas. Por ello, no encontramos demasiados motivos para celebrar la sanción de esta reforma, que seguramente no cambiará ni mejorará la delicada situación que atraviesan muchos letrados en el contexto actual, después de meses sin haber podido ejercer libremente su profesión y con una administración de Justicia que lejos está aún de tener un funcionamiento normal.
Por Javier H. Giletta, abogado.
