Hace unas semanas las promocionadas declaraciones de Horacio Verbitsky, corrieron el velo de un largo listado de personas, algunas de ellas públicas, que recibieron la vacuna del Covid, saltando el orden preestablecido por el gobierno nacional.

El episodio que no fue debidamente aclarado, aunque se sustancia una causa en la Justicia, derivó en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García.

Las personas mayores, los médicos, los maestros y demás servidores esenciales, que debieron ser los primeros en aplicarse estas dosis, poco y nada pudieron hacer, apenas quejarse en algunos medios.

Pocos días atrás, nos ganó la tristeza cuando vimos a muchos abuelos y jubilados formando largas colas a la espera en los centros de vacunación porteños. Pero también abundaron en las redes las imágenes de militantes juveniles felices de ser inoculados. ¿Desde dónde podrán reclamar respeto los adolescentes que usaron las vacunas que estaban destinados a los adultos mayores?

Estos hechos simbolizan el poco aprecio que los gobiernos y la sociedad sienten por quienes transitan los últimos años de sus vidas. Mientras los científicos y especialistas advierten los riesgos de la segunda ola, muchos abuelos siguen esperando turno para vacunarse, cuando de las 53.500 víctimas fatales del coronavirus, el 82% fueron, precisamente, adultos mayores.

Pero eso parece no importar. Tampoco la situación que deben afrontan con sus míseros haberes, luego de haber trabajado y aportado conforme a la ley.

Con el último aumento, la mayor parte de ellos va a cobrar menos de 25.000 pesos, cuando sus gastos mensuales, promediados e informados por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, ascienden a 49.000 pesos. Un dato referencial: en los últimos 12 meses. La inflación fue del 40,9% y los haberes jubilatorios crecieron 29%.

La depreciación de estos ingresos responde a una lógica: el aumento de los planes sociales y el descenso de la masa de trabajadores industriales y aportantes a las cajas previsionales. El empleo privado registrado, descendió 7,6% en los tres últimos años.

La política de subsidios o planes, festejada en los 90, no paró de incrementarse y hoy absorbe el 10% del PBI. Su vigencia hace que haya menos trabajo, menores salarios, baja del consumo y crecimiento de la pobreza.

Gran parte de la sociedad mira para otro lado. Quizás deba recordar que todos, indefectiblemente, tenemos como destino ser jubilados y ancianos.

Se afirma que Argentina tiene menos vacunas que otros países vecinos, porque no cuentan con más recursos para comprarlas. Hace un año, a gran parte del sector privado se le impidió trabajar y facturar para cuidar la vida propia y de terceros. Se priorizó la salud sobre la economía.

Pero los tres poderes del Estado, siguieron cobrando plenamente sus salarios, incluidos los aguinaldos. Quienes nos encerraron, no pensaron en resignar sus ingresos para comprar más vacunas. Contrariamente a lo que nos ordenaron, no priorizaron la salud de todos, sino sus economías personales.

La política, los políticos, ya están pisando el barro y obsesionados por candidaturas para las elecciones de medio término. Los cruces de acusaciones y denuncias, tienen su correlato con estériles debates en defensa de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que se dan en las redes, la televisión y el Congreso.

Pelean los extremos de la falsa grieta, con efusivos y previsibles argumentos, sin ideas para revertir la larga crisis que seguimos atravesando.

En esas discusiones, no están los jubilados, siempre postergados, ni los contribuyentes que salen todos los días a la calle para generar sus ingresos. En definitiva, los que sostienen el frágil sistema, los ciudadanos, están ausentes en el debate y no tienen quien los defienda.