El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, denunciaron lo que consideran un “grave e ilegal avasallamiento” de los derechos laborales por parte de varias empresas del sector aceitero y de biodiésel. A través de un comunicado conjunto, alertaron que, de persistir estas acciones, iniciarán una huelga nacional para defender sus derechos.
Según lo manifestado por los gremios, diversas empresas están incumpliendo convenios colectivos y acuerdos paritarios e incluso han incurrido en despidos que califican de discriminatorios. “Esta suerte de revancha patronal contra los aceiteros se produce en conjunto con la militarización de una de las plantas, rememorando prácticas de dictaduras pasadas”, denunciaron.
Conflictos puntuales
El texto detalla una serie de hechos acontecidos en distintas empresas. En primer lugar, refieren a Explora SA (Puerto San Martín), donde “cuatro trabajadores fueron despedidos con causas que los sindicatos califican de falseadas“. La decisión, según los gremios, fue una represalia por una retención de tareas debido al incumplimiento en el pago de la primera cuota de una gratificación extraordinaria. Actualmente, los empleados llevan adelante una huelga exigiendo la reincorporación de los despedidos y el pago correspondiente.
También consignan lo que ocurre en Vicentín y Renopack. “Estas empresas se encuentran bajo una conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo de la Nación tras no abonar el bono anual, lo que desató medidas de retención de tareas. Además, las firmas iniciaron un controvertido Procedimiento Preventivo de Crisis“.
Asimismo, el texto cita el caso Dánica (Llavallol, Buenos Aires). Al respecto sostiene que en diciembre de 2024, la empresa cerró su planta y despidió a la totalidad de los trabajadores. “Tras negociaciones, se logró la reapertura parcial del sector de envasado con 40 empleados que no aceptaron el retiro voluntario”, agregan.
Finalmente, puntualizan a Viterra (Bahía Blanca) como un ejemplo de intentos por desconocer derechos laborales, agravados por la militarización con la Prefectura Nacional y despidos arbitrarios.
Advertencia
“No hay garantía para los aceiteros de trabajar pacíficamente. Estos hechos buscan limitar el ejercicio del constitucional derecho a huelga y afectan también los derechos gremiales“, señalaron los dirigentes sindicales. Por ello, advirtieron que, de persistir la situación, iniciarán una huelga nacional.
Asimismo, responsabilizaron al gobierno nacional por lo que consideraron un intento de criminalizar los conflictos laborales. “Mientras el ministro de Economía beneficia a las patronales con rebajas en las retenciones, las fuerzas de seguridad actúan como mercenarios al servicio de los poderosos”, denunciaron.
El conflicto aceitero escala en un contexto de tensión social y económica, con fuertes señalamientos hacia las empresas del sector y hacia las autoridades nacionales, quienes, según los gremios, han desprotegido a los trabajadores en beneficio del poder empresarial.
