Un proyecto de ley para regular los puertos de la provincia de Buenos Aires, y no para estatizarlos como se anunció inicialmente, será presentado “antes de fin de año” en el Senado bonaerense por el titular de ese cuerpo, Gabriel Mariotto.

La iniciativa forma parte de un abanico de leyes y resoluciones que propondrá Mariotto bajo el título “de la semilla al agua”, con la promesa de “mejorar la rentabilidad” de los pequeños productores bonaerenses y en paralelo los ingresos fiscales de la provincia en unos 4.000 millones de dólares anuales, destinados a mejoras en logística y educación.

Si bien meses atrás la iniciativa había sido comunicada como la pretensión de estatizar los consorcios portuarios, el funcionario ahora aclaró que sólo se trata de ponerle un marco regulatorio a un sector de la economía que se maneja al “libre albedrío sin ningún tipo de auditoría del Estado”.

Según Mariotto, el cargo de presidente de los consorcios que administran los puertos está ocupado por un funcionario provincial y otros tres por representantes de los trabajadores, pero los cinco restantes están en manos de las cerealeras que, como poseen mayoría, “siempre imponen sus iniciativas”.

La “nueva matriz productiva” que propone el dirigente kirchnerista tras revisar toda la cadena de comercialización de granos, consiste en un primer paso en financiar el acceso de los chacareros al gasoil y a los fertilizantes para que “trabajen su tierra y no terminen enredándola a los pooles de siembra”, pero desde sectores de la agroindustria advierten que sólo se pretende imponer más regulaciones y probablemente más presión impositiva con afán recaudatorio.

La iniciativa impulsa una empresa mixta integrada por el Banco Provincia y entidades agrícolas no gubernamentales actuaría como un “ente supra consorcio” que administrará y regulará la actividad agroexportadora en las terminales de Dock Sud, La Plata, Mar del Plata, Quequén, Coronel Sorales y Bahía Blanca.

Ante ese escenario, la nueva ley de puertos que propone Mariotto, los consorcios privados “podrán seguir funcionando pero no tomando decisiones” sobre cuándo y cómo se exporta y tampoco cuáles son las inversiones que necesita el sector.

Mariotto quiere fomentar una Ley de Reserva de Carga a nivel nacional y generar una Ley de Preferencia de Carga en el plano provincial para que el ente regulador de los puertos pueda organizar la venta al exterior vía terminales fluviales según las necesidades de la provincia.

La Reserva de Carga es el dispositivo legal mediante el cual los Estados obligan a que la totalidad o un porcentaje de las cargas de importación o exportación, que genera su comercio exterior, sean movilizadas por armadores nacionales en buques de bandera nacional.

En paralelo, otra nueva normativa impulsaría la industria naviera en la provincia para que se produzcan buques que podrían ser adquiridos o alquilados a empresarios locales con empleados registrados en el país.

“Quiero que todo esto se active rápidamente desde 2015 para el próximo gobierno, porque considero que hay que profundizar las políticas fiscales. Tenemos que recaudar más y gastar mejor, porque hay muchos gastos superfluos que podrían ser reasignados”, evaluó el funcionario bonaerense.

Sostuvo el vicegobernador que la provincia debe “hacer los deberes” y mejorar la administración de sus recursos para luego, por ejemplo, plantear al resto de las jurisdicciones un “debate serio” sobre una nueva ley de Coparticipación Federal.

“Los focos de marginalidad y hacinamiento que hay en los conurbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y otras grandes ciudades son problemas que las provincias debemos resolver y todas tenemos que mejorar los ingresos de recursos y su administración”, dijo Mariotto.