En Bruselas, el 28 de junio de 2019, MERCOSUR y la Unión Europea (UE) anuncian que han alcanzado un acuerdo “en principio”, después de 20 años de negociaciones. El acuerdo no es solo un tratado de libre comercio, es un Acuerdo de Asociación amplio y ambicioso, basado en tres pilares.
Un pilar comercial (el más sustantivo de los tres, el cual incluye disciplinas en materia de bienes, servicios, propiedad intelectual, compras gubernamentales, empresas del Estado, entre otros temas); un pilar político (el cual establece canales permanentes de diálogo político para fortalecer las relaciones birregionales); y un pilar de cooperación (el cual consagra una serie de pautas programáticas sobre cooperación y comercio, con la finalidad de aumentar y diversificar los intercambios entre los dos bloques, haciendo foco en las PyMEs).
El resto es historia conocida (i) Durante el segundo semestre de 2019 se inicia el proceso de revisión legal de los textos (como paso formal previo a la firma del acuerdo); (ii) en marzo de 2020 irrumpe la pandemia del COVID19 y se detienen todos los intercambios; (iii) una vez controlada la lucha contra la pandemia, no hubo voluntad política (de ninguno de los 2 bloques) de avanzar con determinación hacia la firma del acuerdo.
A comienzos del 2023 se relanzan los contactos formales con la intención de concluir el acuerdo a fin de año; (v) a mediados de 2023 la UE presenta un nuevo documento en materia de sostenibilidad y como contrapartida, MERCOSUR solicita ajustes en materia compras públicas y acceso a mercados y (vi) en marzo de 2024 se vuelven a frenar las negociaciones, esta vez por cuestiones internas en la UE (elecciones de europarlamentarios, renovación de la Comisión Europea y reclamos del sector agrícola).
Donde estamos ahora
La nueva conducción de la Cancillería Argentina ha sido muy clara (tanto con los socios del MERCOSUR como con la UE), calificando a estas negociaciones como un tema absolutamente estratégico en la política de inserción internacional de nuestro país. Esto es fundamental, pero no suficiente. Para que el proceso negociador concluya, se requiere voluntad política y señales claras de las dos partes. Esto fue expresado por la Canciller Mondino en su misión oficial a Bruselas del 6 mayo pasado, cuando manifestó a las máximas autoridades europeas que la firma del Acuerdo MERCOSUR-UE es prioridad para el Gobierno argentino, y espera a su vez que la UE también esté comprometida con una pronta conclusión de las negociaciones.
Fuentes oficiales indican que luego de las elecciones europeas que concluyen el 9 de junio se podría abrir una nueva ventana de oportunidad para cerrar (de una vez por todas) la negociación, pero son cautas al señalar que esta ventana será breve y desafiante. En momentos en los que esta negociación podría retomar ímpetu en la agenda económica externa de nuestro país, consideramos importante refrescar algunos de los principales elementos incluidos en el acuerdo del 2019 y volverlos a analizar en función del contexto de comercio internacional actual.
El acuerdo cerrado “en principio” en 2019 tenía múltiples beneficios para el MERCOSUR, que a nuestro entender se mantienen en 2024.
En primer término, vemos grandes oportunidades relacionadas con la dimensión del socio. La UE es la tercera economía mundial (detrás de EEUU y China) y gracias a sus US$ 16.600 billones, representa el 15% del PBI mundial. Cuenta con un fuerte mercado interno ya que los 450 millones de habitantes de la UE tienen un ingreso per cápita promedio de US$ 40.000 anuales. Además, la UE es el principal inversor mundial (con un 30% del stock global), el segundo importador mundial de bienes (16% de las importaciones totales) y cuenta con 42 acuerdos comerciales en vigor.
En segundo término, vemos grandes beneficios si tenemos en cuenta la situación actual del MERCOSUR. Firmar un acuerdo de esta naturaleza con una potencia económica contribuye a demostrar que nuestro bloque sigue vigente y activo, en momentos donde (nuevamente) se escuchan algunas voces críticas sobre el funcionamiento y dinamismo de la Unión Aduanera.
Además, la firma sería una muestra clara de nuestra vocación de insertarnos en una red de acuerdos comerciales ambiciosos, que moderniza nuestro marco regulatorio e institucional, nos permite insertarnos en cadenas de valor y aumenta las posibilidades de ser receptores de inversión.
En 2019 el Mercosur solo tenía 10 acuerdos comerciales firmados, de los cuales 8 eran de libre comercio y los otros dos, de preferencias fijas. De esta manera, solo teníamos firmados acuerdos con países que representan el 10% del PBI mundial.
En tercer lugar, observamos grandes oportunidades para la agroindustria argentina. Cada año la UE importa más de € 130.000 millones en este sector y como se ve en el Gráfico 1, es nuestro principal destino de exportación. No obstante ello, la participación relativa de Argentina es baja (solo un 6% del total importado por la UE) y podría crecer sustancialmente si se igualaran las condiciones de ingreso con otros competidores que ya cuentan con acuerdos comerciales con la UE, como Canadá, México, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Ucrania.
Gracias al acuerdo de 2019, la UE otorgará beneficios arancelarios para el 99% de las exportaciones agroindustriales del MERCOSUR al bloque comunitario (las cuales se ven gravadas actualmente por la UE con un arancel NMF promedio simple aplicado del 11,4%). Este 99% se explica a partir de que la UE desgravará totalmente sus aranceles para el 84% de nuestras exportaciones (70% a la entrada en vigor y el restante 14% en un período de entre 4 y 10 años) y el otro 15% se beneficiará de algún tipo de cuota o preferencia arancelaria parcial.
Vale recordar que hoy, con el actual régimen arancelario de la UE, ya es un destino clave para productos emblemáticos de la oferta exportable argentina tales como harina de soja, carne bovina, productos de la pesca y vinos.
Entendemos que todos estos elementos no solo siguen vigentes, sino que se ven potenciados por una serie de factores posteriores al cierre del acuerdo en 2019.
A nivel general, a partir de la pandemia del COVID19 y de los conflictos geopolíticos que atraviesa el mundo se observan disrupciones en las cadenas globales de valor, la adopción de políticas que buscan incentivar el autoabastecimiento en sectores claves de la economía, el resurgimiento de una guerra comercial y la reorientación de los flujos de comercio e inversiones hacia países con mayor afinidad geopolítica . Un acuerdo de esta naturaleza podría preservar (y mejorar) nuestras exportaciones al principal destino externo de nuestros productos agroindustriales.
Específicamente con relación a la UE y más concretamente al sector agroindustrial, el Pacto Verde configura un nuevo escenario que condiciona el acceso al mercado europeo. Nuevas exigencias en materia de desforestación, residuos de plaguicidas y carbono (entre otros temas) representan una amenaza, pero también una oportunidad para nuestras exportaciones, a partir de la sostenibilidad de nuestro sistema productivo. La negociación de un documento adicional sobre desarrollo sostenible (tema solicitado por la UE) podría abrir la oportunidad de negociar mejores condiciones de acceso que otros abastecedores y poner en valor nuestra bioeconomía.
Es cierto que 20 años de negociación (con avances, estancamientos y retrocesos) terminan desgastando los diálogos entre los bloques y también es cierto que la ventana de oportunidad del 2024 será muy compleja de aprovechar ya que subsisten sectores reacios a la competencia y que, por ende, se oponen al acuerdo. No desconocemos estos factores. Más allá de eso, en momentos donde el mundo se ve fuertemente amenazado por conflictos geopolíticos que impactan negativamente en el comercio internacional, es imperioso que se instrumenten miradas estratégicas que permitan dimensionar adecuadamente los beneficios (comerciales y sistémicos) del acuerdo. La oportunidad es ahora y debe ser aprovechada.
