En la mayoría de las zonas pesqueras y acuícolas existen cotos de poder que controlan toda la producción; mientras la ley en la materia no fomenta ni promueve la pesca.

Entre los aciagos dilemas de la pesca y acuacultura en México, tenemos la falta de una agenda integral y vinculante sobre la materia, que permita recuperar un sector por inercia deprimido y presa de intereses políticos y económicos.

Su real instrumentación rompería con una tendencia endémica, caracterizada por la simulación, impunidad, prebendas y corrupción de los beneficiarios de siempre. Desde los órganos actuales de supervisión y control se pretende que la sociedad participe en políticas públicas, pero sin darle poder de decisión y aclarar por qué y para qué. Y peor aún, sin tener los conocimientos mínimos y capacidad de acción para resolver las dificultades que encierra la pesca y acuacultura del país.

Actualmente, en el escenario pesquero y acuícola se habla de áreas marinas protegidas, manejo basado en comunidades y zonas de tratamiento pesquero sustentable, pero las cosas no cambian, más bien resuenan en el paisaje como malas notas musicales de una sinfonía mortal. Solo constituyen una aspiración nutricional de la sociedad mexicana, traducida en parches de una camisa de fuerza demasiado remendada, que ya no tiene lugar para más costuras.

En términos de autoridad, se cuenta con una Comisión (Conapesca), en lugar de una secretaría de Estado, donde el precario presupuesto es repartido con ínfimos resultados en un tema tan crucial como la alimentación sana de la sociedad.

La falta de coordinación de los sectores responsables se ha convertido en una transferencia de responsabilidades sobre quienes no tienen la obligación de cumplir con la reordenación del sector, sino más bien son las tradicionales víctimas: la pesca artesanal, familiar, ribereña (si algo no sale bien es porque estos no participan).

El PIB pesquero de México creció en 2013 en 5% y lleva un acumulado de 9% en los últimos años. En 2012, nuestro país ocupaba el 17º lugar del mundo, mismo que pasará a ser el 16º en 2016. En producción acuícola, el país ocupa (según la FAO) el lugar 29º del mundo. El sector, es generador de empleos e ingresos económicos para la población. Además de ser fuente de alimentación, la pesca genera más de 350,000 empleos directos y arriba de 2 millones de empleos indirectos.

Según el Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca (AEAP), en 2011, la producción pesquera generó 17,785 millones de pesos y las exportaciones ingresos por 1,049 millones de dólares (mdd), por la venta de 371,000 toneladas de pescados y mariscos en distintas presentaciones.

Se importaron 215,000 toneladas de productos, con un valor de 679 mdd, lo que dio un saldo positivo de 370 millones. En los últimos años, la captura aumentó a 1.75 millones de toneladas y la acuacultura tuvo una tasa media de crecimiento anual (TMC) de 15.5 por ciento.

Sin embargo, el sector pesquero mexicano contribuye apenas con el 0.2% del PIB y solo 2.8% del gasto de la población del país, se destina a la compra de productos pesqueros.

¿Quiénes se quedan con el pastel?

La corrupción, caos y vacíos de ley son galopantes. En la mayoría de las zonas pesqueras y acuícolas del país existen cotos de poder o empresarios que controlan toda la producción ribereña y emplean sin control equipos de arrastre, que no están permitidos y son violatorios de la ley sobre la materia. Lo que debe prevalecer y no se cumple, es el uso del palangre en la captura, que es menos lesivo para la diversidad de especies del lecho y subsuelo marino, así como de las aguas superficiales.

Dichos empresarios peinan todas las zonas costeras, presas, lagos, lagunas y esteros (donde capturan carpa, mojarra, bagre y demás) sin restricción o vigilancia de la autoridad y órganos de supervisión y control en el ramo, generando un serio problema de gobernanza. Incluso, se dan el lujo de desviar o transferir grandes cantidades de combustibles a embarcaciones de distintos propietarios, con origen subrepticio u oscuro, provocando daños patrimoniales a Pemex.

En términos de solución, lo que priva es el doble discurso oficialista. Por un lado se realiza un trabajo asistencialista generador o garantizador de votos en elecciones locales, municipales y estatales y por otro, se pervierte la legislación y ordenamiento pesquero y acuícola al dejar sin vigilancia y castigo a pescadores depredadores y monopolizadores de la pesca ribereña depredadora. La normatividad vigente es solo de membrete, simulación e impunidad.

México es signatario de acuerdos y tratados que vinculan al sector laboral pesquero con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero se subsiste Ad Perpetuam en medio de la desvinculación, disgregación o dispersión.

Lo único cierto es que la pesca y acuacultura deambulan sin acuerdos vinculantes ¿Cómo se vincula la pesca artesanal a la producción, comercialización y consumo de manera directa, cuándo este segmento apenas sobrevive en condiciones deplorables y sin capacidad de incidencia efectiva en la cadena de valor?

Inapesca, Conapesca, Cananinpesca en sus discursos se esmeran en señalar que el acuerdo sobre vinculación es el más consultado en la historia de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), pero nunca dicen ni comprueban si este se ha traducido en una integración de los sectores sociales involucrados de manera concreta, con el resto de la sociedad mexicana.

También sabemos que en dicho acuerdo es donde se plasman y respetan los derechos del individuo en esta materia, mismos que en el caso de la pesca y acuacultura se han convertido (o pervertido) en la capacidad para elegir ser más o menos pobres o vivir en la miseria.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS), no incluye ningún régimen fiscal financiero competitivo para la pesca y acuacultura. Tampoco vincula al sistema pesquero y acuícola con la industria naval y la prevención del deterioro del entorno marino, así como los niveles máximos y mínimos de producción y consumo.

Es decir, la LGPAS no fomenta ni promueve la pesca: no establece un régimen fiscal financiero, basado en créditos preferenciales, blandos, con períodos de gracia, financiamiento a la construcción de buques y enseres de pesca en su conjunto, entre otras cosas. Vamos, ni siquiera existe en el país una legislación sobre diseño y construcción de buques pesqueros. ¿Quiénes son los actores y quienes se reparten realmente el pastel?