El capitulo dedicado a la modificación de la Ley de Pesca, art. 242 a 253 del proyecto de Ley omnibus es simplemente “NEFASTO”. Posiblemente esta Ley o al menos estos apartados, no van a salir aprobados, pero el impacto negativo que generan en la Industria Naval es inmediato.
¿Quién va a invertir en la construcción de un nuevo buque si no sabe si podrá luego acceder a una cuota de captura? Preferible guardarse el dinero para una eventual licitación y seguir pescando con un buque viejo y obsoleto, total construir uno nuevo no será merituado.
Es una verdadera lástima porque se manchan otras iniciativas incluidas en el mismo proyecto de ley que seguramente son muy positivas, por intentar legislar en un tema donde evidentemente hay mucho desconocimiento. La cuestión es de tanta gravedad que alinea a todas las Cámaras y sindicatos del sector, pero lamentablemente ni siquiera pueden plantear la queja al titular de la cartera de Pesca, porque el octavo complejo exportador del país todavía no tiene autoridades designadas.
Quienes me conocen saben que, aunque no adhiera con todas las ideas del liberalismo, soy un ferviente defensor de la libre competencia y de la desregulación económica. Sin embargo esta reforma de la Ley de Pesca no tiene sentido, es meramente fiscalista pero de una forma “boba” que pone en riesgo inversiones, decenas de miles de puestos de trabajo y que además le hará perder ingresos al país en el corto plazo.
A continuación explico los motivos:
Licitar internacionalmente las cuotas de captura podría llegar a tener algo de lógica para una pesquería no desarrollada, sin historia. Supongamos que “aparece” un nuevo recurso excedentario como en su momento fue la vieira o la centolla y que no hubiera inversiones realizadas, en ese marco sería aceptable una licitación internacional, pero nunca pondría como única condición a la mejor opción económica, sino que valoraría antes las inversiones comprometidas en el país, el empleo a generar, el mayor grado de procesamiento comprometido, el origen de los buques, etc. Pero licitar cuotas de recursos que se vienen explotando desde los inicios de la pesca industrial como la merluza, cuyas cuotas vencen en el 2024, tomando como único factor la mejor oferta económica es absurdo. Esto no se ha hecho en ningún país del mundo.
Ese recurso (la merluza hubbsi), mantiene decenas de miles de puestos de trabajo. Ha generado millones de dólares de inversiones en buques y plantas. Ha permitido el desarrollo de ercados exportadores y todo eso se pondría en riesgo.
Para hacer más fácil el análisis veamos un ejemplo hipotético:
Una empresa argentina con 70 años de historia que tiene asignada una cuota de merluza de 6.000 tn. la cual captura con 8 buques fresqueros y que por ello tiene 900 empleados (150 embarcados y 750 en plantas en tierra) y que en sus plantas elabora productos con alto valor agregado que se comercializan a US$ 6.500 la tn en promedio. Pero al momento de licitar las cuotas su oferta económica no es la mejor (algo previsible porque viene de 3 años de perder plata con un dólar atrasadísimo) ofreció 1 millón de US$ y sus 6.000 tn de cuota se las queda una empresa extranjera nueva que ofreció 6 millones de US$ por esa misma cuota pero que no tiene inversiones en el país, ni personal empleado, que opera en Malvinas (permitido por el proyecto de ley) y que decide traer un buque factoría que con solo 25 personas (todos extranjeros, porque el proyecto de ley también se lo permitiría), logra capturar las mismas 6.000 toneladas. Y esta empresa decide operar desde el puerto de Montevideo (también lo permite la modificación propuesta) y exportar solo pescado entero congelado que tiene un valor de US$ 1.500 la tn. para luego reprocesarlo en otro país.
De este modo el Estado Argentino tuvo un beneficio de 5 millones de dólares pero generó exportaciones anuales por 9 millones de US$ (si es que las descargas de Montevideo se consideran exportaciones Argentinas) contra 39 millones anuales que generaba la empresa anterior, perdió 900 puestos de trabajo sin crear ni uno solo nuevo empleo e hizo quebrar a una empresa argentina con 70 años de trayectoria. Así de ridículas son las consecuencias de la normativa propuesta.
Evidentemente este proyecto de modificación de la ley de pesca es una mala copia de la ley chilena. Pero se la copió sin saber, porque en Chile solo se licitaron las pesquerías nuevas y de las industriales pre-existentes solo se licitó el 15% de las cuotas y luego de un renunciamiento que hizo el sector. Para aplicar este esquema en la Argentina antes habría que expropiar las actuales empresas y buques e indemnizar a todo el personal empleado, de otro modo sería imposible. En definitiva este sistema sobre pesquerías históricas es confiscatorio, no liberal.
El error conceptual parte de considerar al sector pesquero como un sector meramente extractivo. Bajo esa premisa es lógico pensar que quien más plata ofrezca tendrá derecho a pescar. Pero el sector pesquero es básicamente una industria alimenticia, con inversiones y empleos genuinos, más de 46.000 personas directas y otras tantas indirectas. Esta ley viene a licitar la materia prima de dicha industria y quien no cuente con los fondos suficientes deberá cerrar.
En definitiva el recurso pesquero no es de las empresas pesqueras, ni siquiera es del Estado. Le pertenece a todos los argentinos y para que esa riqueza derrame en la mayor cantidad de argentinos la mejor forma de distribuirla es a través de la industria. Por ello en la asignación inicial de cuotas se tuvo en cuenta las inversiones realizadas, el empleo generado, la historia de capturas y el grado de procesamiento. Borrar todos esos parámetros y sustituirlos solo por quien más dinero ofrece es disparatado. Al país no puede darle lo mismo si un recurso genera o no inversión, si genera o no empleo, si genera o no mayor valor agregado y por ende mayores exportaciones, si el barco que lo captura se construyó en el país o en el extranjero o si si es nuevo o tiene 60 años de antigüedad. Todo esto se intenta borrar de un plumazo. Eso no es una política liberal es una política fiscalista, confiscatoria y boba. Todo lo contrario a lo que el Presidente Milei pregona.
Párrafo aparte merece el aumento de los Derechos de Exportación con una alícuota plana del 15% para todos los productos. Esto también denota un gran desconocimiento. Aunque sea una medida temporal, lo que termina haciendo es fomentando la exportación de productos menos industrializados y bajando por ende el empleo y el ingreso de divisas. La segmentación en los derechos de exportación tiene una lógica de fomentar el agregado de valor basado en la estructura de costos de cada producto, algo que en la pesca llevó años de análisis y negociaciones con distintos gobiernos. Por ende para el sector pesquero hubiera sido mucho más razonable aumentar provisoriamente un 100% los DEX ya existentes con un tope del 15% y no poner un derecho plano del 15% para todos los productos. Sigo pensando que hay que apoyar a todo gobierno que empieza, en especial si busca ordenar y sincerar la macroeconomía, pero también siempre dije que no iba a ser obsecuente y que cuando encontrara un error lo plantearía, así lo estoy haciendo.
Esto es UN GRAVÌSIMO ERROR!!
