Los diputados Miranda, Madera, David, Tentor, Kosiner, Snopek, solicitaron informes al Poder Ejecutivo Nacional en relación a la participación asociada de la empresa danesa AP Moller Maersk con Logística y Servicios Marítimos, en la licitación de remolcadores para buques de Gas Natural Licuado, de la que resultó ganadora en el concurso de precios.

La presentación se produjo en momentos en que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, resolvió frenar la adjudicación, cuestionando a los ministros Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich y el subsecretario de Puertos y Vías Navegable, Jorge Metz.

Alonso basó su decisión en las denuncias realizadas por cuatro cámaras empresariales del sector naviero y portuario. Investigará la posible existencia de sobreprecios e irregularidades en el proceso licitatorio que llevó adelante la empresa estatal Enarsa, dependiente del ministerio de Energía para contratar los remolcadores de los barcos de gas licuado que arriban a los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

Más allá de esta severa observación los legisladores plantean que la adjudicación entra en conflicto directo con la ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

“Maersk ha realizado varias operaciones relacionadas a petroleras o traslado de combustibles a las islas Malvinas”, indican y precisan que “los buques AHTS Maersk Traveller y AHTS Maersk Pacer, participaron del remolque del Ocean Guardian, plataforma petrolera que la empresa Rockhopper Exploration contrató en febrero de 2010”, al tiempo que refieren el traslado de combustible desde la isla Ascensión a Malvinas “por parte del buque tanque Maersk Rapier”.

Este tipo de operaciones contradicen lo establecido en la norma, que especifica claramente las condiciones habilitantes para desarrollar actividades hidrocarburíferas en nuestra Plataforma Continental.