Se despejaron las dudas sobre el modus operandi del gobierno, que utiliza la estructura del Estado para darle veracidad a las mentiras de su ideología anarcocapitalista, donde prima la destrucción de las garantías del ciudadano de a pie para favorecer al poderoso y adinerado.
No es una batalla cultural, no van contra la casta política. Es un relato construido desde el poder presidencial, que esconde negocios en cada DNU y en cada desregulación del Estado.
Así, sin importar las consecuencias ni quien las pague, han destruido miles de puestos de trabajo, destruyendo a paso firme la industria nacional, derrumbando el consumo, desmantelando toda actividad productiva y a las instituciones que sostienen los derechos laborales en el país, arraigados los conceptos de solidaridad y justicia social.
La otra estafa de Milei
Sin Twitter por medio y con el silencia cómplice de los medios de comunicación, el Presidente puso fin o pretende poner fin al sistema solidario de las obras sociales sindicales, con el claro objetivo de exterminar a las únicas organizaciones que garantizan solidariamente la salud y los derechos de los trabajadores.
Es otra estafa de Javier Milei contra los sistemas de salud, que se nutre de los trabajadores que realizan sus aportes y los empleadores que hacen lo propio. A través de la Resolución 01/25 de la Superintendencia de Salud de la Nación, el gobierno está entregando las Obras Sociales Sindicales al mercando financiero, a pesar de que históricamente han ocupado el lugar que el Estado dejó vacío en materia de salud y calidad de vida.
Han iniciado el traspaso de los recursos solidarios de los trabajadores a las prepagas con un disposición viciada de ilegalidad, pero sin repercusión mediática. Con la Resolución de Milei, las empresas de medicina privada manejarán, “aún sin haberlo solicitado y con grandes dudas sobre esta imposición del gobierno”, un altísimo porcentaje de la salud de los trabajadores y podrán aumentar las cuotas mensuales sin previa autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud ni del ministerio de Salud de la Nación.
Se pierde por completo la responsabilidad social solidaria que los sindicatos mantienen con cada afiliado, garantizando prestaciones de forma permanente e ininterrumpida, la cobertura a jubilados de la actividad y la asistencia a quienes, por falta de empleo, no realizan aportes todos los meses de manera consecutiva.
Las obras sociales sindicales siempre priorizan la salud de los trabajadores y sus familias por encima de la exigencias de la ley, porque no buscan lucrar ni actuar como un valor de mercado, a diferencia de las empresas prepagas que sí tienen su mirada comercial y lucrativa.
Pero el avasallamiento de un estafador no podrá destruir los principios básicos de una Nación que tiene en sus genes, aun muchas veces anestesiados, la solidaridad y la justicia social como bases fundamentales de su tejido social.
