Un 20 de noviembre, hace 32 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebraba la aprobación del tratado más importante en materia de derechos humanos de infancias y adolescencias: la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Este documento reconoce a niños y niñas como sujetos de derechos, derechos que hoy están en jaque por el brutal retroceso que sufrieron sus garantías en el marco de la gestión de la pandemia. 

Hoy en Argentina 6 de cada 10 niños y niñas vive en la pobreza y 2 de cada 10 viven en hogares que no alcanzan siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos; el trabajo infantil tuvo un crecimiento de 7% en 2021; el 23% de adolescentes de entre 13 y 17 años trabaja y de ellos la mitad comenzó a hacerlo en la pandemia.

Revertir las múltiples vulneraciones de derechos que se profundizaron en este contexto llevará un arduo trabajo que deberá ser transversal: se requieren voluntades políticas, económicas y el apoyo de la sociedad toda. Que la situación sanitaria esté mejorando es clave, pero no suficiente, para la labor que ahora tenemos por delante. El escenario socio económico del país es un desafío adicional para la gestión de políticas públicas centradas en la niñez, adolescencia y familia. Ofrecer soluciones pertinentes, de largo plazo y enfocadas en la particularidad de cada chico y chica de nuestro país requerirá múltiples consensos y voluntades.

Nuestro trabajo cotidiano de atención directa y de presencia sostenida en barrios vulnerables de nuestro país nos enfrenta de primera mano con las consecuencias devastadoras de la postergación estructural que sufren niños y familias, pero también nos muestra a diario que la transformación positiva de las realidades es posible. Las acciones diarias que realizamos en territorio junto a las familias así lo evidencian. 

El trabajo para garantizar que más niños y niñas puedan permanecer con sus familias, que crezcan en entornos seguros y protectores, que puedan acceder a alimentación, salud y educación de calidad es lo que nos convoca a trabajar diariamente. Son demasiadas las veces en que pareciera que la responsabilidad recae exclusivamente en las organizaciones sociales y en las personas que con su solidaridad sostenida y ayuda desinteresada buscan transformar favorablemente la vida de niños y niñas.

Pero no, no alcanza. 

Las organizaciones solas no podemos y en esta fecha es más relevante aún recordar que la responsabilidad de garantizar condiciones de vida digna y desarrollo integral para cada niño y niña le corresponde al Estado. Un Estado que tiene muchos desafíos por delante, pero que no puede olvidarse del principal: garantizar infancias y adolescencias con acceso pleno a sus derechos. 

Por eso, la prioridad en el presupuesto y las políticas públicas del Estado debe estar puesta en la niñez y la adolescencia. Los derechos de niñas y niños no son negociables y no pueden ser la variable de ajuste.

Invertir en la primera infancia y en la niñez, además de un deber ético y legal, es una pieza vital para la reconstrucción de un país entero, para el presente, pero también para el futuro de la sociedad en su conjunto. No hay posibilidad de salir de esta crisis si dejamos atrás a las infancias y adolescencias, que son quienes más nos necesitan.

Por la Lic. Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.