La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la pena de $100.000 que la Secretaría de Comercio Interior impuso a Coto por anunciar ciertos descuentos para “todos” los productos cuando, en realidad, varios estaban excluidos.

De esta manera, la Justicia avaló la sanción contra un supermercado por primera vez desde que la gestión de Augusto Costa, al frente de Comercio, comenzó a aplicar multas a establecimientos que incumplen con la política de precios.

Según constancias del expediente el supermercado había publicado una oferta en un matutino donde anunciaba que utilizando determinada tarjeta de crédito de un banco se obtenía un 20% de descuento en “todos” los productos, aunque “en el pie de página de dicha publicidad se introducían una serie de exclusiones de productos y de marcas, expresamente individualizados”.

La Secretaría de Comercio entendió que esa actitud violentaba las disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia sobre publicidad engañosa, ya que “al no encontrarse todos los productos amparados por el descuento referido, la publicidad en cuestión contenía información contradictoria, susceptible de inducir a los consumidores a error o confusión respecto del precio y las condiciones de comercialización de los productos concretamente ofrecidos”.

La Justicia ratificó ese criterio y añadió que Coto Centro Integral de Comercialización S. A. infringió los preceptos legales ya que “la exclusión de productos determinados debió ser enunciada en el aviso publicitario de forma tal que el consumidor hubiera quedado debidamente informado acerca de las condiciones de la oferta”.

El aval de la Justicia se da en momentos en que Comercio inició la aplicación de multas contra los supermercados que no cumplen con el programa Precios Cuidados, muchas de las cuales fueron apeladas ante los tribunales.

En lo que va del año se dictaron sanciones por $31.166.422, de los cuales la más severa recayó en Wal Mart, con $11.826.366; y el resto fue para Cencosud, con $9.699.271; Día, $3.813.218;  Carrefour, $3.624.578; y Coto, $2.203.043.

Fuentes judiciales indicaron que la Sala Cuarta del tribunal concluyó que “es razonable lo sostenido por la autoridad administrativa en el sentido de que el aviso cuestionado se prestaba a error o engaño en la medida en que en esa publicidad se había expresado que el descuento se aplicaría sobre `Todos los Productos`”.

Sin embargo “las excepciones o salvedades se introdujeron en un nota al pie de página y en una letra de tamaño considerablemente menor, circunstancia que redujo la posibilidad de comprensión inmediata del alcance de la oferta por parte de los potenciales consumidores”, detallaron los camaristas Jorge Federico Alemany y Pablo Gallegos Fedriani.

Precisamente la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados abrió el debate sobre dos proyectos impulsados por legisladores oficialistas para garantizar el plan “Precios Cuidados”, que proponen medidas para asegurar el abastecimiento y sancionar a las empresas que no cumplan con este programa.

Ese grupo de trabajo, que encabeza el misionero aliado del gobierno Alex Ziegler, decidió enviar las dos iniciativas diseñadas por Juan Cabandié y Héctor Recalde, al equipo de asesores para que elaboren el predictamen que luego discutirán los legisladores en un plazo de quince días.

En la reunión de la comisión expusieron como coautor del proyecto de Cabandié, el santafesino Marcos Cleris quien señaló que la propuesta busca “modificar un sistema sancionatorio que demostró ser ineficaz” y que incorpora un concepto novedoso “como la reincidencia”, además de “agravar las penas para los infractores contemplando clausuras de comercios”.

El proyecto propone reformas a la ley de Lealtad Comercial, con el objetivo de permitir la clausura de comercios que incurran en infracción e incorpora el concepto de reincidencia, por el cual se duplica la multa cuando se repite antes de los tres años. La iniciativa autoriza al funcionario que detecta una infracción a clausurar preventivamente por 48 horas el comercio, hasta que cese esa violación de las normas y poder de esta forma resguardar las pruebas. En caso de que la autoridad de aplicación considere que es necesario también se podrá clausurar el negocio por espacio de hasta 10 días y proceder al decomiso de la mercadería. También se pondrá en consideración el proyecto del diputado Héctor Recalde que propone fijar la competencia judicial en la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y en las Cámaras Federales en las Provincias. Igualmente se actualizan los mínimos y máximos de las multas: de $5.000 a $ 10millones y se dispone su actualización semestral por el índice de movilidad jubilatoria.