Como ya es normal en nuestro país hubo bastante actividad y novedades sobre lo económico. Tuvimos en la primera parte de la semana cruzados por el dato que el ministro de Economía estaba pronto a conseguir un REPO (préstamo de cortísimo plazo) del Banco de Basilea por US$ 4.7 mil millones, que resulta ser ni más ni menos que el resultante de los 11 mil kilos en lingotes de oro -vuelto a comprar por Alberto Fernández en 2021, luego que el tándem Caputo-Sturzenegger no pudiera pagar en marzo de 2019 el REPO de 2018– que se mandaron en camiones de caudales del BCRA a Ezeiza desde junio pasado para que British Airways los traslade a Londres y se certifiquen para acceder al mencionado REPO a marzo 2025.
Al día siguiente de esta novedad los fondos “buitre” encabezado por Aurelius solicitan a la Corte de Nueva York encabezada por Loreta Preska la veracidad de esos datos y el pedido de embargo sobre esos lingotes de oro trasladados al banco de Londres para cobrarse los bonos del período 1999-2001 -que incluyen el megacanje y blindaje de ese año-, los cuales poseen el carácter de ser embargables y sobre lo cual parece que nuestros actuales ministros desconocían esa particularidad; por lo cual, en caso de ser resolutiva la Justicia neoyorquina puede trabarse el embargo de ellos quedando el BCRA sin ese préstamo “para sumar reservas” y sin las reservas metálicas.
El lunes también cerró la última fecha de revisión del programa del FMI y nuestro país no alcanzó la cantidad acumulada de reservas internacionales que correspondía tener por lo que se deberá pedir un waiver/perdón paras seguir adelante.
El miércoles pasado se realizó la segunda marcha universitaria federal contra el recorte presupuestario de las universidades públicas nacionales que hasta fin de año suman un monto cercano a los $ 750/800 mil millones y los cuales se traducen como la sumatoria de los $100 mil millones del DNU rechazado de Inteligencia + los $ 700 mil millones de la rebaja de Bienes Personales a los 140 mil contribuyentes más ricos de nuestro país. Aunque también viendo el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025 las Universidades Nacionales solicitaron $7.6 BM para funcionar durante todo el año 2025 y les otorgaron $ 3.8 BM aduciendo el equilibrio fiscal “mentiroso” de dicho Presupuesto, ya que si el pobre raciocinio no falla a los $115 BM de ingresos estimados le sacamos los gastos de $ 117 BM el resultado es déficit.
Por lo tanto y sabiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es altamente probable que declare el artículo 1 del mencionado Presupuesto como “inconstitucional” en concordancia con la declarada inconstitucional Ley 25.453 (promovida en 2001 por el LE F Sturzenegger), correspondería que el Congreso Nacional modifique los gastos de las Casas de Altos estudios y otorgue el total solicitado por ellas, como también vuelva a establecer los gastos de Inteligencia y de la Secretaría General de la Presidencia solo con el ajuste de los presupuestos ejecutados en 2024 ($ 104 MM y $ 200 MM, respectivamente) y no autorizarles los montos excesivos de $354 MM y $ 800 MM a cada uno de ellos a los efectos solo de mostrar las inequidades existentes. Cabe recordar que un estado debe ser eficiente no inexistente porque cuando ello ocurre se deja liberado el lugar para que negociados y todo tipo de actividad ilícita se apodere de la sociedad.
Entre jueves y viernes se desarrolló en la FCE-UBA el I Congreso Tributario Internacional realizado por el CEDEAM y se habló a nivel interno de nuestro país de la Coparticipación Federal de Impuestos y la suma importancia de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) sumamente necesarios en momentos de recesión/depresión económica y caída de la recaudación nacional en consecuencia a los efectos de evitar grandes colchones/crecimiento de la pobreza e indigencia.
También se obtuvo como resultante de este Congreso la conclusión que el actual gobierno nacional no pretende llevar a nuestra Patria a 1920 sino al momento de la Confederación de Provincias Unidas entre los años 1820-1853 y sabiendo que nuestra Nación tuvo su nacimiento con la Constitución Nacional de 1853 se encuentran promoviendo la disolución nacional retrotrayendo todo al período de Pactos preexistentes que nombra el preámbulo constitucional e incluso volviendo a la Ley de la Selva.
