La Justicia Federal resolvió no hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Consorcio de Gestión del Puerto pidiendo la suspensión del decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional que restableció, a fines del año pasado, los reembolsos a las estaciones marítimas patagónicas.

La medida había sido solicitada en noviembre de 2015 por las autoridades portuarias locales hasta tanto la Justicia resuelva la cuestión de fondo planteada, es decir, la inconstitucionalidad del polémico decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional pocos días antes del cambio de administración, en pleno proceso electoral.

El rechazo dispuesto por el Juzgado Federal N° 2 Sec. 5 de Bahía Blanca, con la firma del juez subrogante Héctor Pedro Plou, se fundamenta en que la Justicia, a la hora de resolver el otorgamiento de medidas cautelares que pretendan o tengan como objeto suspender los efectos de un acto emanado del Poder Ejecutivo Nacional, debe obrar con la mayor prudencia posible y con criterio restrictivo.

En tal sentido, entendió el juez a cargo del Juzgado interviniente, que la denegatoria de la medida cautelar solicitada no frustra la efectividad de una sentencia que en el futuro pueda hacer lugar a la pretensión del CGPBB, por lo que privilegió un examen más profundo y extenso acerca del cuestionamiento planteado respecto a los reembolsos que privilegian a los puertos Patagónicos.

Ello, teniendo en cuenta los efectos anticipatorios que conllevaría la medida cautelar solicitada y que no existe prima facie peligro irreparable en la demora.

Para el Consorcio, según pudo saber este diario, lo importante es que la medida cautelar rechazada no afecta el trámite del proceso principal, el cual busca una sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad del sistema de reembolsos restablecido a finales del año 2015.

Poca expectativa

Según las fuentes consultadas, el pedido de una medida cautelar no abrigaba, en lo letrados patrocinantes del Consorcio, esperanzas ciertas de éxito.

Desde una primera instancia se previó que, entre otra cosas, el impacto económico general que derivaría de la medida cautelar, iba a conspirar contra una resolución favorable a los intereses locales.

Aseguran que lo importante, el objetivo a lograr, camino del cual no se apartará el reclamo del puerto bahiense, es agotar todas las instancias procesales pertinentes para obtener una sentencia del más alto tribunal de la Nación que defina con absoluta certeza la inconstitucionalidad de los reembolsos.

Pusseto: “el impacto es importante”

En el seno de las autoridades del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca el tema reembolsos es una de las mayores preocupaciones.

Y en este contexto, la decisión de la Justicia Federal de negarse a dictar una medida cautelar que los suspenda no pasó inadvertida, si bien no se trató, como aclaran, de una resolución de fondo, sino de una acción anterior sobre cuya resolución favorable, además, existía bastante pesimismo.

De todas formas, ayer La Nueva. consultó sobre la resolución judicial al ingeniero Pablo Pussetto, titular del Consorcio de Gestión del Puerto, quien no ocultó la preocupación existente en el ámbito en torno al tema.

El funcionario, entre otras cosas, dijo que el régimen de reembolsos patagónicos no solo perjudica a la estación marítima local sino también a otras, por caso la de Mar del Plata y su industria pesquera.”El impacto de los reembolsos es importante”, dijo.

Un régimen que desde los ’80 golpea a nuestro puerto

El polémico decreto 2229/15 restableció el sistema de pago de reembolsos adicionales previsto en la ley 23.018 a las exportaciones de productos originarios y manufacturados al sur del río Colorado, estableciendo como condición para su cobro que dichos productos o bienes industrializados se exporten por los puertos desde San Antonio Este hasta Ushuaia.

El régimen que se pretende consolidar, por cinco años, reconoce antecedentes nefastos para el puerto local cuando se instrumentó por primera vez en la década del ’80 so pretexto de activar, mediante medidas de promoción, la producción patagónica en tiempos de tensión con Chile, país que promovía exenciones fiscales en Punta Arenas.

Sin embargo, no pocos sostienen que respondió simplemente al lobby de dirigentes y ex legisladores patagónicos que terminó con las exportaciones de fruta y con la pesca de altura para Ingeniero White, dos actividades que habían llenado de puestos de trabajo a los muelles locales y a la ciudad.

El viernes 13 de noviembre del año pasado las fuerzas vivas locales, en una medida similar a la planteada en 2006, cuando fueron amenazadas con el restablecimiento de los reembolsos, se reunieron para manifestar su rechazo al decreto y autorizar al Consorcio a recurrir a la Justicia.

Fuente: lanueva.com

Por Adrián Luciani