El modelo que rige hoy la vida económica argentina, caracterizado por una fuerte presencia e intervención estatal, comenzó a instalarse lentamente en 2003 y se fue consolidando año a año, hasta llegar a la situación actual, en la que el 70% de nuestro consumo está sostenido directa o indirectamente por el Estado y sólo el 30% es impulsado por el sector privado, número que históricamente fue al revés.
Todos los Estados del mundo buscan promover el crecimiento de sus economías, y llevan a cabo acciones destinadas a “distribuir” los ingresos. El problema ocurre cuando un Estado sobredimensiona de tal manera su tamaño y protagonismo, que termina estrangulando la capacidad que tiene el sector privado para generar riqueza.
Esto es –por desgracia– lo que sucedió en Argentina. En 2003, el gasto público consolidado equivalía al 25% de nuestro PBI, y para 2015 había trepado hasta el 46%. En paralelo a esa impresionante expansión, las 9 millones de personas que recibían algún tipo de asistencia estatal en 2003, pasaron a ser 21 millones en 2015. ¡La mitad de nuestra población!
El problema de armar una economía tan dependiente del gasto público, es que los Estados –que por sí mismos no generan riqueza– deben cobrar cada vez más impuestos para poder mantener ese nivel de erogaciones, y esto va minando la capacidad del sector productivo para invertir, innovar, dar empleo y exportar. La actividad económica entra así en un círculo vicioso, del que es muy difícil salir.
En efecto, mantener “caliente” el mercado interno a través de un súper gasto público, obliga a tener una presión fiscal del 60%, y las empresas que pagan esos impuestos, difícilmente pueden crecer. Aquello que en el mejor de los casos les permite mantenerse a flote, al mismo tiempo les quita toda posibilidad de trazarse objetivos más ambiciosos.
La mejor demostración de esta “enfermedad” podemos observarla en el mercado laboral: hace diez años que la industria argentina no genera empleo. Y esto refleja que tampoco está creciendo su productividad, ni sus volúmenes exportables, ni la economía en general.
Ahora bien, si los problemas que acarrea un modelo de este tipo son tan severos, la pregunta que se impone es ¿por qué resulta tan difícil abandonarlo?
Es difícil abandonarlo porque si el Estado “ajusta” sus gastos, automáticamente genera una baja en el consumo y se produce una gran recesión, que además de dañar a las industrias por menores ventas, también agrava el déficit por menor recaudación de impuestos, lo cual obliga a subirlos, dañando aún más a las empresas. Esto explica que no sean aconsejables las políticas de shock, si lo que se busca es evitar una gran recesión y desocupación.
El problema, claro, es que la solución inversa tampoco es viable, ya que aumentar el gasto público sólo agravaría la presión fiscal que soportan las empresas, y las haría aún más dependientes del Estado.
Por ello, es imprescindible desconfiar de las propuestas facilistas que frecuentemente se escuchan, y pasan por alto este dilema que enfrenta la economía de nuestro país.
Generar empleo genuino lleva tiempo. Abrir nuevos mercados lleva tiempo. Mejorar la productividad lleva tiempo. Aumentar la inversión lleva tiempo. Reducir impuestos lleva tiempo.
Esta es la gran trampa del modelo. Es un círculo vicioso muy difícil de romper.
Para mejorar la productividad de las industrias, y en especial de lasPymes, y lograr que su éxito no dependa del gasto público, es imprescindible bajar impuestos, reducir el costo del dinero, derogar las leyes laborales anti-empresa, pero para todo esto se necesita tiempo. Y un plan.
Para que ese plan sea diseñado, e implementado, es imprescindible a su vez que exista diálogo entre todos los sectores, y que estos alcancen acuerdos básicos, representando a un porcentaje importante de la sociedad. Ningún plan será viable -por lúcido que fuere- si las fuerzas políticas que se disputan el poder con quién busca implementarlo, proponen soluciones antagónicas. Es imprescindible que todos nos empeñemos en alcanzar esos consensos básicos.
Debemos tener claro, además, que por mucho tiempo no dispondremos de financiamiento internacional. Y tampoco atraeremos inversiones externas de real envergadura.
Sin ánimo de agotar los temas sobre los que debemos acordar políticas de Estado, creo que el plan que me permito proponer, debería definir como mínimo los siguientes puntos:
1. Lo primero que deberemos aceptar, todos, es que el proceso de transformación llevará tiempo. No menos de una década. Esto no implica que no debamos apurarnos, pero es importante tenerlo en cuenta para no generar sobre-expectativas.
2. Plan macroeconómico, que comprenda política monetaria, plan tarifario, política antiinflacionaria, programa fiscal, etc. En todas estas materias, es imprescindible generar acuerdos sólidos. Fijar objetivos de largo plazo sin haber consensuado los ejes centrales de la macroeconomía, es un error que Argentina cometió muchas veces en el pasado, y no puede volver a ocurrir.
3. Reducción de impuestos. Para mejorar la competitividad de nuestras Pymes, y lograr que generen más empleo, más inversiones y más exportaciones, es imprescindible aliviar la carga tributaria que soportan, pues de otro modo se las obliga a competir en inferioridad de condiciones, contra empresas de países cuyos impuestos son sustancialmente menores. Dado que esto no puede darse en forma instantánea, debe elaborarse un plan progresivo, que permita reducir los impuestos a medida que la economía crece, sin desfinanciar al Estado.
4. Aumentar el ahorro interno. Es otro objetivo central. El 18% sobre del PBI que hoy ahorramos los argentinos, resulta a todas luces insuficiente para impulsar la inversión.
5. Plan de educación, que mejore las oportunidades para todos desde la primera infancia, y luego se oriente a satisfacer las necesidades laborales de nuestras Pymes.
6. Plan de obra pública, basado en las prioridades productivas, que sirva –por ejemplo– para mejorar las posibilidades de nuestra minería y de las economías regionales. El caso de Vaca Muerta es un buen ejemplo de los beneficios que puede obtener el país si la obra pública se utiliza para alentar las inversiones productivas.
7. Plan de acompañamiento a la inversión, que aliente el proceso de renovación tecnológica e incorporación de know-how.
8. Reforma laboral. Para reducir la informalidad e iniciar una nueva era en materia de empleabilidad, es imprescindible reformar las leyes laborales anti-Pymes vigentes en nuestro país que, en lugar de alentar y premiar la generación de empleo, la penalizan. Los primeros beneficiados serán los propios trabajadores.
9. Plan estratégico territorial y sectorial. Para que la integración al mundo sea posible, y beneficiosa, debe hacerse un trabajo previo de estrategia, que analice los distintos sectores productivos, cadenas de valor y regiones de nuestro país, para detectar las mejores oportunidades de crecimiento. Frecuentemente se escucha que Argentina no puede ser competitiva en ciertos rubros, como el textil o el calzado, pero esa clase de “dogmas” omite considerar cuán competitivos podríamos ser en esos rubros con otro esquema impositivo y laboral. Es el momento de analizarlo.
10. Plan exportador, único motor genuino y posible de nuestra economía. Es imprescindible entender la necesidad de multiplicar nuestras exportaciones, incorporando valor agregado, y estableciendo un plan concreto para que éstas crezcan 15% por año, hasta duplicarlas e incluso triplicarlas, como han hecho muchos otros países.
11. Profesionalización del Estado, para nunca más gaste más de lo que le ingresa, y desarrolle una gestión eficaz y transparente, que realmente brinde un buen servicio a los ciudadanos.
Como puede apreciarse, el gran desafío es abandonar el actual modelo Estado-céntrico, y pasar a uno verdaderamente productivista, que fortalezca a nuestras Pymes en lugar de empujar artificialmente el consumo, hasta que logren competir de igual a igual con el resto del mundo.
Para que esa transición –que será lenta y gradual– sea posible, vamos a necesitar un esfuerzo especial en materias tradicionalmente difíciles para los argentinos: dialogar y alcanzar consensos, hasta acordar finalmente un proyecto como país. Estamos ante una encrucijada, que nos puede llevar a profundizar la decadencia o a diseñar entre todos, ese plan, ese sueño compartido. Ojalá tengamos la madurez y la responsabilidad de trabajar en esa dirección.
Por Martín Rappallini, Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
