Decenas de barcos cargueros ingresaron desde las primeras horas de ayer a los puertos del Gran Rosario y Bahía Blanca para realizar operaciones de carga y descarga tras la resolución del conflicto laboral que paralizó los muelles exportadores a lo largo de las últimas tres semanas.
Según estimaciones del sector cerealero, 173 barcos aguardaban cargar cerca de 4,7 millones de toneladas de granos, aceite y harina de soja, por un valor de US$ 2.000 millones.
En los puertos del Gran Rosario 162 buques esperaban acceder al tramo que va desde recalada hasta las terminales portuarias ubicadas sobre el río Paraná, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en base al estado de los barcos publicado por la agencia marítima Nabsa al 28 de diciembre pasado.
De los 162 buques, “17 estaban ya amarrados en puerto, 38 en ruta a las terminales portuarias y 107 en recalada”. Según el informe, “deben cargar 3,4 millones de toneladas de diferentes productos agroindustriales por un valor aproximado de US$ 1.458 millones”.
En tanto, ocho buques permanecían en fondeadero en el puerto de Bahía Blanca, mientras otros tres se encontraban en distintas terminales para comenzar con las operaciones de carga de malta y maíz, tras el levantamiento del paro de los gremios agroexportadores.
En el caso del puerto de Quequén, su gerente general Oscar Morán, aseguró a Télam que “no hubo problemas ni demoras en las exportaciones o movimiento en el puerto a raíz del conflicto aceitero”.
“Si bien hemos tenido un noviembre y diciembre escaso en exportaciones de granos, no se debió al conflicto aceitero sino que estuvo relacionado a la comercialización”, agregó.
Los gremios y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) acordaron en la cartera laboral, un aumento salarial adicional para 2020 y el pago de una gratificación y de un bono en cuotas.
En un documento, Ciara sostuvo que privilegió “la paz social a partir de las consecuencias económicas para la industria, la comunidad, los propios trabajadores y la Nación”, e instó al “trabajo mancomunado y sin conflictos”.
Para la entidad, “ello evitará una importante merma de competitividad, con penalizaciones por incumplimientos y pérdida de mercados, como también exportaciones con menor valor agregado nacional”.
La protesta afectó las operaciones en las fábricas aceiteras y terminales portuarias localizadas en Quequén, Bahía Blanca, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Rosario, General Lagos, Villa Constitución, Zárate, San Nicolás, Ramallo y Timbúes.