La flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó adelantar las elecciones generales previstas para 2026, reclamado por algunos sectores ante la crisis institucional del país. Al mismo tiempo, la Justicia impuso siete días de “detención preliminar” al mandatario destituido el miércoles, Pedro Castillo y confirmó que lo investiga por rebelión y conspiración.

En una breve conferencia de prensa, la presidenta dijo que la Constitución “es la carta magna que debemos obedecer todos los peruanos y la elección ha sido hasta el 28 de julio de 2026”, tras admitir que algunas voces piden el adelanto de las comicios.

Precisó que su misión inmediata es “reorientar lo que hay que hacer con el país” y agregó que “más adelante, en coordinación con todas las organizaciones” adoptará las mejores alternativas.

Boluarte juró el miércoles como jefa del Estado, al cabo de una jornada imprevista en la que el Congreso destituyó a Castillo poco después de que este anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional que incluía la suspensión de garantías constitucionales y un toque de queda.

De inmediato pidió una tregua al Congreso que hizo extensiva a la prensa “para poder ordenarse. “Las circunstancias en las que he asumido esta alta responsabilidad no han sido las óptimas”, dijo.

Por otra parte, Juan Carlos Checkley, quien está al frente del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso “siete días de detención preliminar” para Castillo, “investigado por el delito de rebelión y alternativamente conspiración”.

El magistrado adoptó esa medida al cabo de una audiencia en la que escuchó al fiscal adjunto supremo Marco Huaman y al exministro Aníbal Torres, defensor de Castillo. La resolución especifica que el plazo de detención judicial rige hasta el martes próximo.

Castillo permanece en la cárcel especial que funciona en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en Lima, donde cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori. Fue alojado en la misma celda que ocupó el expresidente Ollanta Humala en 2017.