El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que propone un aumento de los derechos de exportación para muchos productos agropecuarios y de economías regionales, fue evaluado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
El nuevo esquema introduce nuevas distorsiones y generará problemas para los productores, menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción. Un análisis costo-beneficio de los derechos de exportación índica que, para muchas actividades productivas, en particular en las economías regionales, esta nueva presión tributaria perjudica notoriamente a los productores y el beneficio a obtener por el fisco nacional es escaso.
“Los casos más complicados son los vinos, el algodón, la carne ovina, el aceite esencial de limón, el tabaco, la cadena forestal, la cadena avícola, la cadena porcina, la floricultura, la mandioca, las aromáticas y especias, sin enumerar otras producciones regionales menores, como por ejemplo semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo”, afirma la entidad.
El problema de los derechos de exportación lleva larga data y la persistencia del impuesto es una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado.
“Es imprescindible eliminar las “retenciones”, impuestos que no se cobran en casi ningún país del mundo. Esta oposición tajante a los derechos de exportación la hemos mantenido desde su primera imposición y es una premisa irrenunciable en defensa de la producción que mantendremos sin importar el signo político de quien gobierne“, asegura CRA.
A los efectos de una cabal comprensión de las afectaciones que producen este tipo de impuestos, el trabajo realizado por los ruralistas desarrolla tres ejemplos.
Carne ovina
En este caso, el 85% de la exportación proviene de la Patagonia. Los derechos de exportación de 5% fueron bajados a 0% en 2022. La abrupta suba a 15%, en un contexto de precios internacionales al 50% de su valor de años previos, limita toda posibilidad de exportar en 2024.
El beneficio para el fisco sería de entre US$ 1,5 a US$ 2 millones anuales. Una cifra insignificante para el Estado, pero determinante para un sector de 2.000 productores proveedores de la exportación. Se le estaría quitando entre $ 500.000 y $ 800.000 a cada productor, afectando seriamente la actividad.
Vinos
En el caso de los vinos, la alícuota de derechos de exportación propuesta pasa de 5% a 8%. De cara a 2024, el mercado interno de los vinos sufrirá una fuerte caída de ventas por baja del poder de compra del salario, por el alza abrupta de la inflación, en medio del proceso de normalización de precios relativos comenzado desde el 11 de diciembre.
Por otra parte, a priori se espera una mayor cosecha, en un contexto importante de stocks, o sea habrá mayor oferta de vinos. En ese escenario, es clave la salida exportadora. Para los vinos varietales, en principio, el nuevo tipo de cambio ofrece mejores perspectivas. Pero en un sector que tendría exceso de oferta por caída del mercado interno, aumentar los derechos de exportación y no llevarlos a 0% será un golpe adicional sobre la rentabilidad de la cadena, tanto bodegas como productores, que cargarán con el costo mayor del problema.
Una posible recaudación por derechos de exportación del orden de US$ 80 millones en 2024 no tiene impacto fuerte en las finanzas públicas y sí lo tendrá en la rentabilidad de la producción.
Chía, cártamo y otras semillas
El caso de las semillas, como la chía, el cártamo, el sésamo, el poroto mung o el pisingallo presentan otros tipos de problemas, porque ante la introducción de derechos de exportación, el impacto negativo sobre productores de Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco sería enorme y el beneficio para el Estado es mínimo.
Las exportaciones anuales de chía, semilla producida en provincias del NOA, rondan los US$ 5 millones. La chía nunca tuvo derechos de exportación hasta ahora y súbitamente pasaría a pagar una alícuota de 15%. Esto implicaría para el Estado una recaudación de algo menos de US$ 769.500. Para los productores de chía, los derechos de exportación implican una baja de rentabilidad de 33%, considerando además el mayor costo por herbicidas, fertilizantes y otros costos por la aplicación del impuesto país sobre las importaciones.
Debe tenerse en cuenta que durante los últimos 20 años la producción de cártamo en el NOA ha sido una de las pocas alternativas económicamente rentables en invierno dada su baja necesidad hídrica. Es un cultivo 100% regional, concentrado principalmente en la provincia de Salta, a una distancia de 1.300 km de los puertos donde se exporta. Todo lo que se produce se exporta como aceite, generando ingresos genuinos de divisas sin afectar el consumo interno. El aceite que se exporta genera entre US$ 5 a 10 millones anuales.
La implementación de retenciones al 15% provoca un duro golpe a este cultivo. El impacto en los magros márgenes, que equivaldrían a una baja de ingresos directos al productor de aproximadamente US$/ton 60, llevarían a su reducción o discontinuidad de este cultivo, afectando la contratación de servicios, generación de empleo y mano de obra, mayor demanda de insumos.
